Editorial: Datos ‘confidenciales’ en Dekra
La empresa alemana rehúsa revelar el número de vehículos sometidos a una nueva inspección y que han pagado la tarifa completa luego de presentar más de una falla grave en la primera revisión.
Dekra, empresa alemana encargada de la revisión técnica vehicular, rehúsa revelar el número de vehículos sometidos a una nueva inspección y que han pagado la tarifa completa luego de presentar más de una falla grave en la primera revisión. La información es de claro interés público, porque podría representar una altísima erogación de los usuarios, obligados a pagar la tarifa completa, contrario a la práctica anterior, cuando únicamente se cobraba la nueva inspección de las faltas detectadas.
El cobro total de la segunda inspección fue autorizado mediante un decreto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cuando faltaban tres días para el inicio de operaciones de la compañía, como permisionaria, en octubre del año pasado. Las ganancias de Dekra por este motivo podrían ser muy sustanciales, pero la entidad no encuentra motivo para informar a la ciudadanía.
La Nación consultó a la empresa alemana cuántos vehículos atendidos en el período presentaron más de una falla grave y debieron volver a pagar la inspección completa. También consultamos el porcentaje de aprobación en esa segunda revisión. Según Dekra, la entidad autorizada para proporcionar información específica es el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), porque la estadística pertenece al Estado.
Precisamente, si pertenece al Estado y no está cobijada por ninguna de las excepciones al libre acceso a la información pública contempladas por la Constitución y la ley, los costarricenses tenemos derecho a conocerla. Pero cuando se le planteó la petición de información al Cosevi, el 31 de octubre, ni siquiera hubo respuesta.
En síntesis, el público no parece tener derecho, según el criterio de la permisionaria y el Cosevi, a conocer las dimensiones del negocio de la revisión vehicular y el impacto de la tardía autorización de cobrar, en su totalidad, la segunda inspección cuando hay más de una falta grave.
La diferencia creada por esa disposición es significativa. La nueva inspección de una sola falta en vehículos livianos vale ¢2.123, pero la tarifa completa es de ¢8.900. Si supiéramos cuántos ingresos generan las segundas inspecciones por tarifa completa, sabríamos cuánto se le concedió a la empresa mediante la modificación de última hora, luego del curioso procedimiento de escogencia de Dekra, pese a la inicial elección de la sueca Opus Group AB.
La información solicitada a Dekra y al Cosevi no es secreto de Estado. Tampoco se relaciona con el ámbito de intimidad de las personas. No hay motivo para mantenerla en reserva y es de capital importancia para valorar las decisiones tomadas en relación con una multimillonaria decisión del gobierno.
Precisamente para posibilitar esa valoración, la Constitución y la ley protegen el libre acceso a la información pública. En el caso de comentario, el examen de las decisiones es tanto más relevante porque Dekra pretende adjudicarse la revisión técnica por otros 10 años, cuando venza su permiso en octubre. Sería mejor que el proceso fuera tan transparente como prometió serlo la actual administración.
El velo de secreto sobre el dato específico del número de vehículos sometidos a una segunda inspección con tarifa completa extraña mucho más porque una semana antes de la petición de información la empresa reveló, mediante un comunicado de prensa, una serie de datos sobre el servicio, como la cantidad de inspecciones en su primer año (1.987.006 vehículos), el porcentaje de aprobados en la primera revisión (un 62 %) y el porcentaje de aprobación en la segunda inspección con un solo defecto (un 84 %). Al parecer, esas estadísticas no le pertenecen al Estado ni son confidenciales.