Nogui Acosta mantiene postura de renunciar a créditos del BID y AFD
Ministro de Hacienda reiteró su postura, luego de que el BID aclarara que Costa Rica puede decidir si usa los préstamos para el pago de deuda pública.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, mantiene la posición de renunciar a dos créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), por un monto global de ¢213.000 millones, en caso de que los diputados mantengan su intención de trasladar el 40% de los fondos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Acosta reiteró su postura este lunes, luego de darse a conocer una carta en la que el BID aclara a los legisladores que la decisión de destinar el financiamiento de ese banco al pago de deuda pública recae en el país, de acuerdo con lo pactado en el contrato. El banco añadió que toma en cuenta las normativas del país para el diseño y ejecución de sus operaciones.
“La condicionalidad de los diputados hace inviable utilizar los recursos. Si es inviable utilizarlos, no puedo exponer al país a asumir un crédito en esas condiciones”, expresó el jerarca, aunque se comprometió a conversar con los congresistas. “No ha terminado la gestión en la Asamblea Legislativa (...). Veremos qué pasa”, finalizó.
Los dos empréstitos del BID suman $300 millones, mientras que el crédito de la AFD asciende a 100 millones de euros, equivalentes a $110 millones. Según la conversión de Hacienda, con un tipo de cambio de ¢520 por dólar, los tres créditos en conjunto suman ¢213.200 millones.
De este total, los diputados sugieren trasladar ¢85.280 millones, lo que representa el 40%, para abonar a la deuda del Estado con la CCSS, cifrada en ¢3,5 billones por la institución. Sin embargo, Hacienda propone que el giro sea del 10%, lo que equivale a ¢21.320 millones.
Acosta señaló que la diferencia de ¢63.960 millones entre su propuesta y la de los diputados son recursos que todavía no están incorporados al Presupuesto Nacional.
El ministro argumentó que si se recurre a deuda interna, en lugar de los créditos internacionales que son más baratos, se incrementaría el pago de intereses de la deuda pública hasta en ¢2.400 millones por año. Afirmó que espera ser convocado por los diputados para explicar sus argumentos técnicos sobre por qué no se puede girar más del 10% a la Caja.
Además de incluir una cláusula que asigna el 40% de los recursos a la CCSS, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos aprobaron la condición de que el gobierno solo podrá acceder al 60% restante (¢127.920 millones) cuando cumpla con el giro de los recursos a la Caja.
El expediente con los tres préstamos aún debe ser aprobado en el plenario legislativo.
Gilberto Campos, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) e integrante de la comisión de Asuntos Económicos, abogó por trasladar solo el 10% a la seguridad social.
“Pasar más, aunque pudiéramos estar o no de acuerdo, dejaría inmovilizado el recurso, porque la CCSS y Hacienda deben ponerse de acuerdo en la certificación de la deuda”, explicó.
