Diputada fabricista bloquea con 78 mociones proyecto para atender a víctimas de violación
Olga Morera se opone al suministro de la anticoncepción de emergencia a las víctimas de violación.
La diputada de Nueva República (PNR), Olga Morera Arrieta, bloqueó con 78 mociones el proyecto de ley que elevaría a rango de ley el protocolo de atención institucional de las víctimas de violación en las primeras 72 horas después de la agresión. La legisladora se opone a la inclusión de la anticoncepción de emergencia, conocida como la píldora del día después.
El protocolo fue desarrollado desde el año 2011 por el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades o embarazos no deseados para las víctimas de ataques sexuales.
Para ello, establece una serie de medidas interinstitucionales. Profesionales especializados de diversas entidades brindan atención médica, antivirales, anticonceptivos de emergencia y asistencia para presentar la denuncia correspondiente, incluyendo transporte si fuese necesario.
Sin embargo, la diputada Morera alega que la píldora es abortiva, pese a que la Sala Constitucional descartó este alegato, recientemente.
Las cruciales 72 horas después de una violación
La parlamentaria presentó 57 mociones de fondo y 21 mociones para revisar la votación de las propuestas de modificación, lo que retrasa el dictamen del expediente 23.633, en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa.
“Para Nueva República, es importante la preservación de la vida ante todo. No es posible que dentro de este protocolo sea más importante, en los servicios mínimos con los que cuentan las víctimas, el poder tomarse una píldora que pueda terminar una vida, a que se den servicios médicos que puedan valorar y resguardar la vida de las víctimas”, expresó la fabricista.
Sala IV determinó que medicación no es abortiva
Morera califica de “equivocación” considerar que la fecundación no se produce dentro de las primeras 72 horas. “Se puede dar desde el primer día y en pocas horas”, alegó. La diputada pidió al foro legislativo convocar a expertos para tener “certeza” de lo que se estaría normando.
El planteamiento fue rechazado por Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), quien explicó que la discusión con médicos sobre los presuntos efectos abortivos ya se efectuó a nivel internacional, además de que la Sala Constitucional determinó que la anticoncepción de emergencia no interrumpe la concepción.
Sala IV rechaza acciones contra píldora del día después: estas son las razones
El pasado 22 de febrero, los magistrados constitucionales rechazaron tres acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la píldora del día después. Concluyeron que el derecho a la vida comienza en el momento de la concepción, según lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica (sobre fecundación in vitro), del 28 de noviembre del 2012.
En ese caso, se determinó que el término concepción equivale a la implantación del óvulo fecundado en la pared uterina del cuerpo de la mujer.
De acuerdo con la sentencia, el uso de la píldora no es inconstitucional porque debe ser tomada en las primeras 72 horas, cuando aún no se ha producido la implantación.
La Sala Constitucional aclaró que su resolución no implica ningún aval de métodos abortivos, toda vez que eso no fue objeto de discusión.
Olga Morera asegura que su intención no es retrasar el proyecto de ley, sino generar una propuesta alternativa, para lo cual presentó un texto sustitutivo que fue rechazado por las demás integrantes de la Comisión de la Mujer.
“No es que somos retrógrados, no es que somos religiosos, no es que somos anticuados. Simplemente, estamos protegiendo a la mujer, queremos aportar y ser proactivos”, manifestó.
Si bien el proyecto para elevar a ley el protocolo de 72 horas fue presentado por la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), esta es una iniciativa de la Comisión de Género del Poder Judicial, bajo la coordinación de la magistrada Roxana Chacón.
Según expresó Chacón en una entrevista con La Nación, la propuesta busca garantizar la protección del protocolo y obligar a todas las entidades involucradas a brindar apoyo para su cumplimiento, debido a que durante su puesta en práctica se ha realizado de forma voluntaria.
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