Juzgado investiga caso de adolescentes llevadas por guardias a cárceles de Guatemala para ser violadas
La Fiscalía de Guatemala documentó el ingreso de menores entre 12 y 16 años a cárceles, quienes fueron abusadas sexualmente y reclutadas con el fin de integrarlas a distintas pandillas
Un juzgado guatemalteco abrió un proceso a 29 personas, en cuenta 20 guardias penitenciarios, por el ingreso ilegal de menores a las cárceles para que los reclusos abusaran sexualmente de ellas, informó este viernes la Fiscalía del país centroamericano.
De acuerdo con datos de la vocera de la Fiscalía, María José Mansilla, los demás procesados son un oficial de la Policía y ocho hombres vinculados a la pandilla Barrio 18.
Los fiscales documentaron “el ingreso de menores de entre 12 y 16 años a cárceles, donde fueron víctimas de abuso sexual y se les reclutó para integrarlas a la pandilla del Barrio 18 y sus diferentes “clicas” o “maras”, agregó.
Las pandillas reclutaban a las jóvenes a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y centros de estudios, entre otros. Luego, las instruían para cometer delitos como nuevas integrantes de la pandilla y las preparaban para visitar cárceles, donde eran abusadas sexualmente por pandilleros presos, según la Fiscalía.
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La portavoz explicó que los guardias penitenciarios serán juzgados por el delito de incumplimiento de deberes y el policía, por violación con circunstancias agravantes.
Los otros ocho inculpados enfrentan cargos por delitos de trata de personas en su modalidad de reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados y explotación sexual, lavado de dinero u otros activos, entre otros.
Las autoridades han reconocido que los líderes de las pandillas presos planifican extorsiones desde las prisiones y ordenan asesinatos.
Guatemala registra una violencia criminal que dejó 4.361 homicidios en el 2023, la mitad vinculados con pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que se disputan ferozmente el control de territorios para exigir pago de extorsiones a transportistas y comerciantes. Quienes se niegan a pagar son asesinados, según las autoridades.