Dos meses de prisión preventiva para sospechoso de amenazar diputados
Álvaro Ariel Morales Salazar fue capturado por ausentarse injustificamente al juicio en su contra.
El Tribunal Penal de San José ordenó este jueves dos meses de prisión preventiva para Álvaro Ariel Morales Salazar, sospechoso de amenazar de muerte a los diputados Francisco Nicolás y Ariel Robles. La medida cautelar fue dictada porque, el miércoles, el hombre no se presentó al inicio del juicio en su contra.
La ausencia injustificada le valió a Morales que el Tribunal Penal lo declarara rebelde y girara una orden para su captura. La Fiscalía confirmó que el investigado fue detenido y que el iinicio del debate fue reprogramado para el próximo 4 de junio.
El hombre estaba convocado para presentarse el 15 de mayo a las 8:30 a. m. en la sala 5 de juicios de los Tribunales de Justicia de San José. Transcurridos 10 minutos y, en ausencia del imputado, el Tribunal suspendió el debate.
Morales, de 33 años, fue acusado por la Unidad de Trámite Rápido de tres delitos de amenaza a funcionario público, en perjuicio de los diputados Nicolás y Robles, de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA), así como de la jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa, Magaly Camacho.
Tribunal ordena captura de hombre que amenazó de muerte a diputados
Los delitos que se le imputan se castigan con prisión de un mes a dos años, según el Código Penal.
Los hechos ocurrieron el 3 de julio del 2023. Álvaro Morales ingresó a la barra del público del plenario del Congreso, en donde golpeó los vidrios y amenazó de muerte a los dos legisladores.
Ese mismo día, el sujeto envió 14 audios amenazantes al diputado Ariel Robles.
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Morales, vecino de Tibás, en San José, fue detenido temporalmente el 6 de julio del 2023. Si bien fue puesto en libertad, como medida cautelar, se le impidió acercarse a menos de 500 metros del Parlamento y se le prohibió molestar o agredir a los ofendidos.
Según relató el diputado Robles a La Nación, se ofreció a Morales la posibilidad de que emitiera una disculpa pública, para evitar que el tema avanzara en la vía judicial. No obstante, ante la negativa del investigado de alcanzar una conciliación, el Juzgado acordó elevar el caso a juicio.