Nicaragua niega confiscación de propiedades y dice que ‘las recuperó legalmente’
Las confiscaciones en Nicaragua aumentaron en 2023 tras la excarcelación y expatriación de 222 opositores y la desnacionalización de 94 ciudadanos acusados de ‘traición a la patria’.
Managua. La Procuraduría de Nicaragua afirmó este viernes que recuperó legalmente propiedades de opositores, universidades y oenegés mediante juicios o decisiones administrativas por incumplimiento de leyes, y no “confiscado”, como denuncian estas agrupaciones.
“El Estado reitera su estricto cumplimiento al respeto de la propiedad privada, en conformidad con lo establecido en el artículo 44, último párrafo, de nuestra Constitución Política, que prohíbe la confiscación de bienes”, indicó la entidad estatal.
Los inmuebles que pasaron a manos del Estado, en una cantidad no detallada por la Procuraduría, se han destinado al servicio de la población como centros de salud y educación, y para sectores vulnerables, según la entidad.
El jueves, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, de la oenegé Hagamos Democracia, cancelada en 2018 pero que funciona desde Costa Rica, denunció que desde ese año el gobierno del presidente Daniel Ortega “ha confiscado” al menos 135 propiedades, con un valor estimado en $250 millones.
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Según el observatorio, esas acciones aumentaron en 2023 luego de la excarcelación y expatriación de 222 opositores y la desnacionalización de 94 ciudadanos acusados de delitos de “traición a la patria”.
No obstante, la Procuraduría rechazó que se trate de confiscaciones.
“Al Estado le han sido transferidas, y ha recuperado legalmente para el pueblo nicaragüense, propiedades derivadas de procesos penales por narcotráfico y lavado de dinero; por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana y la soberanía (…); así como de resoluciones que en sede administrativa se emitieron por incumplimiento de la legislación que regula a las oenegés”, dijo.
“Con pleno ejercicio de su soberanía, el Estado de Nicaragua restituyó los bienes anteriores en favor del pueblo nicaragüense, por ser los más afectados por las acciones delictivas y de incumplimiento”, añadió.
El traspaso de propiedades al Estado se da en el marco del endurecimiento de las leyes en Nicaragua sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el gobierno en 2018, que en tres meses de bloqueos de rutas y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno de Ortega, que consideró esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, aseguró que opositores y algunas oenegés las financiaron.
La oposición asegura que hasta abril fueron clausuradas 3.494 oenegés y 29 universidades.