Gobierno pidió a BCIE no ajustarse a ley tica en uso de $1 millón donado al país, asegura Dante Mossi
Expresidente del Banco Centroamericano dice que Costa Rica usualmente aplicaba sus leyes de contratación, pero, en este caso, el gobierno pidió una excepción. Nogui Acosta le responde.
El Gobierno de Costa Rica solicitó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no aplicar las leyes locales sobre contratación administrativa al utilizar el $1 millón que esa entidad financiera dona anualmente al país, sino emplear la normativa del banco internacional.
Así lo afirmó el economista hondureño Dante Mossi –quien ejerció como presidente del BCIE hasta el 30 de noviembre pasado– durante una comparecencia virtual realizada este lunes por la noche ante la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa sobre los Contratos de Publicidad del Sinart.
Con ese millón de dólares, y por pedido del gobierno tico, el BCIE le contrató al productor audiovisual Christian Bulgarelli, dueño de RMC La Productora S. A. (Nocaut), servicios de comunicación para la Casa Presidencial por $405.000. Los requisitos para la obtención del contrato los redactó Bulgarelli, en conjunto con la Casa Presidencial, según admitió el empresario luego de que así lo expresara la que fuera ministra de Comunicación, Patricia Navarro.
Otros $244.600 se le contrataron a la empresa Alquia Constructora S. A. para realizar mejoras en el despacho del mandatario Rodrigo Chaves, en la sala de reuniones del Consejo de Gobierno, el despacho de la primera dama y en varios dormitorios de la escolta presidencial. También, $259.600 a firma Vinet Technology Advisor S. A. para fortalecer el sistema de ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia. En estos tres casos hubo un único oferente que cumplía con todos los requisitos del cartel de licitación.
Consultado por los diputados sobre los mecanismos para contratar con ese $1 millón, Mossi aseguró que, durante varios años, el gobierno costarricense había sido el único que, por rutina, utilizaba las leyes de contratación domésticas, pero en esta ocasión, se pidió expresamente emplear un mecanismo de excepción.
Aseguró que la petición para no utilizar la normativa de contratación costarricense provino del gobernador costarricense ante el BCIE, el ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén. Puntualizó que el proceso de contrataciones utilizado en esa donación lo dirigió el jefe del BCIE para Costa Rica, Álvaro Alfaro Gutiérrez.
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Por esa razón, los diputados aprobaron una moción para convocar a Alfaro a ese mismo foro investigador con el fin de que explique los detalles de la contratación de Bulgarelli.
Consultado por La Nación, el ministro de Hacienda negó que se haya hecho esa petición en algún momento y enfatizó que “no existe ningún documento en esos términos”.
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BCIE advirtió de acciones legales
Una hora antes de que empezara la audiencia de Dante Mossi, el BCIE emitió un comunicado de prensa afirmando que él “se ha dedicado a atacar a la institución de manera sistemática utilizando información errónea y alejada de la verdad”.
También, indicó que Mossi dejó de formar parte del Banco desde el 1.º de diciembre del 2023 “por la decisión unánime de la Asamblea de Gobernadores del BCIE de no reelegirlo”. No obstante, consultado por los diputados, el economista declaró desde Tegucigalpa, donde vive, que no es investigado por el BCIE y pidió a los diputados solicitar esa documentación.
“El BCIE reafirma su posición de tomar todas las acciones legales que correspondan para proteger la integridad de la institución, su personal y sus países miembros”, comunicó la entidad en un comunicado sin firma.
Diputados como Francisco Nicolás y Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN), así como Ariel Robles, del Frente Amplio, consideran que el Banco intentó amedrentar a Mossi con acciones legales.
Erwen Masís habría pedido no informar
Adicionalmente, Dante Mossi declaró que el préstamo por $450 millones del BCIE para que Costa Rica construya el proyecto Ciudad Gobierno, donde centralizaría edificios del Poder Ejecutivo, fue aprobado, originalmente, en marzo del 2023, con la obligación de obtener el refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, agregó que cuando el Directorio del banco aprobó una modificación para eliminar esa obligación de que el caso pasara por el refrendo de la Contraloría, el director por Costa Rica ante el BCIE, el exdiputado socialcristiano Erwen Masís, utilizó su potestad para impedir que se emitiera un comunicado de prensa informando públicamente de esa decisión. Masís fue nombrado en ese cargo por el gobierno de Chaves en noviembre del 2022.
Mossi añadió que, precisamente, en marzo del 2023, se les dio la potestad a los directores para autorizar o no la emisión de comunicados de prensa en relación con hechos vinculados al país al que representan en el BCIE.
El economista aseguró que, a través de titulares publicados en medios de prensa costarricenses, se enteró de afirmaciones hechas por autoridades de la entidad financiera en Costa Rica sobre los préstamos. Al informar de estos hechos al Directorio de la entidad, procedió a hacer denuncias en el Departamento de Recursos Humanos y la Auditoría Interna.
Una de las alertas que Mossi dice haber dado se refiere a cuando la Comisión de Hacendarios recibió a Álvaro Alfaro, jefe del BCIE para Costa Rica, y este afirmó que la entidad había aprobado una reducción de la tasa de interés en el préstamo por $700 millones para atender infraestructura en riesgo del país.
El expresidente del banco maniestó que cuando Alfaro hizo esa afirmación, registrada por la prensa, ni siquiera se había aprobado esa reducción de la tasa de interés, sino que dicha disminución se realizó posteriormente.
El legislador Jonathan Acuña, también de Frente Amplio, se manifestó molesto porque considera que Alfaro les “tomó el pelo” a los miembros de la Comisión de Hacendarios. Ante una consulta de Acuña, Mossi puntualizó que una vez que él denunció, “curiosamente sesionó el Comité de Activos y Pasivos de emergencias del banco para ver de qué manera se podía conseguir una rebaja”.
“Cuando él hizo esa afirmación, le pregunté quién había autorizado esa rebaja. Él me dijo que no podía decirme”, indicó. Entonces, Jonathan Acuña enfatizó que se trata de un “total irrespeto de parte del banco”.
Por otra parte, Mossi atribuyó a estas gestiones realizadas por él, como presidente del BCIE, las decisiones que el Directorio tomó más tarde para disminuirle sus potestades y trasladárselas al vicepresidente del banco internacional.
Incluso, aseguró que, en una sesión de los directores país del BCIE, donde lo mantuvieron conectado por error, Erwen Masís así como el director de Guatemala habrían propuesto quitarle sus potestades como presidente bancario.