Escándalos en la función pública cumplen hasta 13 años sin resolverse

Casos emblemáticos como el de la Trocha y el del Cemento Chino ejemplifican una preocupante realidad en Costa Rica: los escándalos por presuntos delitos en la función pública pueden demorar hasta 13 años en llegar a juicio.

Un análisis de La Nación, elaborado con datos del Ministerio Público y del Poder Judicial, evidencia que estos procesos, que involucran a empresarios, alcaldes, directivos y mandos medios de instituciones públicas e incluso a expresidentes de la República, enfrentan constantes retrasos.

La lentitud se debe a factores como la complejidad de las causas, agendas saturadas, ausencias e incapacidades de abogados e implicados, así como a la escasez de personal y herramientas tecnológicas para procesar la vasta evidencia.

En el 2023, por ejemplo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reconoció que no tenía las licencias de un programa de cómputo para abrir celulares con evidencia valiosa.

Los expedientes que llevan más tiempo sin resolverse, desde el momento en que se dieron a conocer, son los de la Trocha (actualmente en juicio) y el del Cemento Chino, con 13 y ocho años en trámite, respectivamente.

Este tipo de expedientes son de alta complejidad e involucran a decenas de sospechosos y, a veces, hasta centenares de testigos. Muchos requirieron de intervenciones telefónicas, allanamientos y decomisos de aparatos electrónicos, como parte de las acciones en la búsqueda de evidencias.

A continuación, un recuento de las principales investigaciones y en qué estado del proceso penal se encuentran actualmente.

La trocha

El 30 de junio del 2025, 13 años después de que trascendiera el caso, empezó el juicio por la presunta entrega de beneficios a funcionarios por parte de empresas, para participar en la construcción del camino fronterizo 1856, conocido como la Trocha. El caso tiene 109 testigos.

Figuran como imputadas 14 personas de apellidos Acosta, Castillo, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos. No obstante, al último de ellos se le abrió un testimonio de piezas aparte por razones de salud.

Se investigan la presunta comisión de delitos de peculado, cohecho, influencia contra la Hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito y encubrimiento de bienes.

Según la Fiscalía, entre los beneficios habría un soborno de ¢38 millones, vehículos, propiedades y una noche en un centro de entretenimiento nocturno.

El juicio originalmente iba a empezar el pasado 31 de marzo, pero José Miguel Villalobos, quien era abogado de ocho de los imputados, alegó choque de agendas, pues también representa a siete imputados en el juicio del Caso Fénix, incluido el presunto líder de una banda sospechosa de lavado de dinero.

Al chocar la agenda de este debate con el de la Trocha, el Tribunal Penal acordó programar este último debate en horario vespertino, de 4 p. m. a 8 p. m. Sin embargo, Villalobos no se presentó a las audiencias que se convocaron y, finalmente, fue separado del debate por el Tribunal.

Su abandono provocó más retrasos, al tener que nombrarse defensores públicos como reemplazo, quienes presentaron alegatos hasta lograr que el juicio de la Trocha volviera a jornada diurna.

Cemento chino

Uno de los más sonados escándalos de este siglo sacudió al país el 3 de noviembre del 2017, cuando la Fiscalía capturó el importador Juan Carlos Bolaños Rojas y seis altos funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR), por sospechas de corrupción con el otorgamiento de créditos bancarios para importar cemento desde China.

Después de casi ocho años, el futuro del caso, que cuenta con dos expedientes, aún es incierto.

El primer expediente es el 16-000013-0033-TP, donde fueron acusados Bolaños y otras ocho personas de apellidos Acuña Alvarado, Barrantes Campos, Corrales Barboza, Cortés Zúñiga, Mora Tumminelli, Ramírez Rodríguez, Rojas Segura y Víquez Lizano.

El Ministerio Público señala a estas personas por los delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia contra la Hacienda pública, receptación y legalización o encubrimiento de bienes públicos.

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En febrero, el caso se encontraba en audiencia preliminar para determinar si iba a juicio. Sin embargo, una jueza anuló la audiencia porque las sociedades de Bolaños, codemandadas civiles, fueron disueltas sin que se nombrara liquidador, lo que las podía dejar en estado de indefensión, provocando un vicio que anulaba el proceso, según dio a conocer en aquel momento el medio CRHoy.

Relacionado con este caso, también se abrió el expediente 17-000015-0033-PE contra Bolaños, un primo de él de apellidos Rojas Segura (también acusado en la otra causa) y el exmagistrado de Sala Tercera Celso Gamboa, pues este último habría recibido un viaje a Panamá como dádiva de parte de los primeros.

En este caso, se atribuye cohecho propio a Gamboa; al empresario se le imputa un delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio y a su primo, una presunta penalidad del corruptor en calidad de cómplice.

El Poder Judicial indicó a La Nación que ambos expedientes “se encuentran devueltos al Ministerio Público, para luego valorar señalamiento para audiencia preliminar”.

Cochinilla

Otro caso de alta complejidad es Cochinilla, en el que se investigan presuntas irregularidades del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para beneficiar a empresas constructoras en las adjudicaciones y la ejecución de obras viales en los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.

El caso reventó con allanamientos a mediados del 2021.

En total, figuran 77 personas imputadas por cohecho propio y penalidad del corruptor en un expediente: 19-000025-1218-PE y un testimonio de piezas de número 24-000130-1218-PE. Entre los investigados están Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, de las constructoras MECO y H Solís, respectivamente, firmas que lideran la construcción de obras viales en el país.

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Según la Fiscalía, los otros implicados son de apellidos González Carballo, Bolaños Salazar, Martínez Martínez, Solís Murillo, Abarca Quesada, Arce Alpízar, Madrigal Rímola, Zúñiga Fallas, Herrera Chacón, Cervantes Morales, Castro Rodríguez, Carmona Rivas, Solís Vargas, Mora Obando, Bonilla Guillén, Chaves Mora, May Cantillano, Zamora Ulloa, Ureña Villalobos, Rodríguez Araya, Sánchez Castro, Rivera Campos, Quesada Pérez y Ortíz Vega.

También figuran: Lobo Bejarano, Monge Hernández, Rojas Monge, Quesada Aguirre, Arce Barrantes, Acosta Mora, Matamoros Loría, Sáenz Montero, Zamora Zamora, Ureña Sáenz, Navarro Monge, Bustamante Castillo, Carvajal Jiménez, Naranjo Vargas, Araya Mena, Chaves Herrera, Chaves Murillo, Sittenfeld Appel, Zamora Zúñiga, Méndez Soto, Murillo Tsigli, Acosta Mora, Chavarría Bravo, Loría Jara, Pastor Valverde, Aubourg Cascante y Salamanca Flores.

Finalmente, aparecen: Solís Molina, Godínez Abarca, Moreno Camareno, Fernández Cerdas, Chavarría Obando, Alfaro Padilla, León Rivas, Jiménez González, Ramírez Chaves, Soto Durán, Carvajal Saborío, Fallas Ureña, Barth Ramírez, Meléndez Cerda, Trejos Amador, Rodríguez Vargas, Salas Solís, Solano Abarca, Madrigal Mata, Molina Salas, Fallas Fernández, Sánchez Zumbado, Campos Carranza y Cortés Oviedo.

Sobre el expediente principal, abierto en el 2019, la Fiscalía de Anticorrupción indicó que se mantiene en investigación, mientras que el testimonio de piezas fue remitido al Juzgado Penal en abril del 2024 con acusación y solicitud de apertura a juicio.

En cuanto al otro expediente, la Fiscalía acusó a 12 personas, desde abril del 2024, por la presunta comisión de los delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor. Entre los señalados hay funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de las constructoras privadas H Solís y MECO.

Azteca

A finales del 2021, se dio a a conocer la presunta incursión de una banda narcotraficante en contratos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para lavar dinero. Se trata del Caso Azteca, cuya causa fue abierta en el 2019.

Este escándalo también cuenta con dos expedientes: el 19-000129-0622-PE, donde son investigados por tráfico de drogas y legitimación de capitales los presuntos miembros de la organización criminal, de apellidos Camelo Méndez, Fernández Vargas, Montaño Mosquera, López Cobo, Ávila Cortés, Guillén Sánchez, Segura, Méndez Sequeira y Villalobos Zúñiga.

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El segundo expediente es el 24-000008-1981-PE, en el que son señalados 13 funcionarios del AyA por supuesto cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor. Ellos son de apellidos Arias Cordero, Araya, Corrales Casanova, Aguilar Jiménez, Acuña Rojas, Ramírez Marín, Balcázar Ramírez, Araya Ly, Mora Guevara, Ulate Montoya, Vindas Romero, Cordero Barrantes y Calvo Chaves.

El Poder Judicial indicó que la audiencia preliminar del expediente 19-000129-0622-PE, para definir si habrá juicio o no, se encuentra pendiente de fijarle fecha, debido a choque de agendas e incapacidades de los intervinientes. Por su parte, el expediente 24-000008-1981-PE continúa en investigación.

Bancrédito

El 30 de noviembre del 2018, el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) cerró sus puertas después de 100 años de funcionamiento.

Cinco años después de la liquidación del banco estatal, la Fiscalía acusó al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís (2014-2018), y a cuatro miembros de su gobierno: Helio Fallas Venegas, ex primer vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Acosta, exviceministra de Egresos y extesorera nacional; y Mauricio Arroyo Rivera, entonces subtesorero nacional.

Ellos son señalados por el delito de influencia contra la Hacienda pública y falsedad ideológica. Se les achaca un supuesto traslado de fondos al banco sin sustento técnico.

El Poder Judicial indicó que los cinco imputados enfrentarán el juicio a partir del 26 de febrero del 2027.

Diamante

En el Caso Diamante, dentro del expediente 20-009616-0042-PE, se investiga a funcionarios municipales, entre ellos seis alcaldes al momento de los hechos, por recibir presuntas dádivas en 15 proyectos para construir o conservar infraestructura vial cantonal.

Uno de los investigados es el alcalde de Cartago, Mario Redondo, así como los exalcaldes Johnny Araya (San José), Alfredo Córdoba (San Carlos), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Alberto Cole (Osa).

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Otros investigados son de apellidos Boraschi González, Chacón Ugalde, Castro Camacho, Cruz Porras, Mayorga Mayorga, Suárez Vásquez, González Carballo, Bolaños Salazar, Vindas Aguilar, Quesada Villalobos, Mc Lean Villalobos, Corrales Xatruch, Cerdas Araya, Venegas Rojas, Rodríguez Brenes y Hernández Bolaños.

Sobre este caso, abierto desde el 2020, la Fiscalía de Anticorrupción solo detalló que se mantiene en investigación.

UPAD

El expresidente de la República Carlos Alvarado (2018-2022) es uno de los investigados por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Un decreto presidencial, publicado en febrero del 2020 en La Gaceta, decía que la Unidad podría tener acceso a ”información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.

Esto llevó a que la Fiscalía allanara Casa Presidencial y señalara a Alvarado por presunta violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, además de a otros seis imputados: el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y cinco sospechosos más de apellidos Fernández Montero, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Salas Hernández, Soto Castro y Salazar Muñoz.

Carlos Alvarado declara ante Fiscalía por Caso UPAD

El Ministerio Público detalló que el expediente 20-005434-0042-PE se mantiene en investigación, en la Fiscalía de Anticorrupción, “a la espera de que se realice el correspondiente análisis de los dispositivos electrónicos decomisados”.

Richter

Siete meses después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una banda presuntamente dedicada al fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica, en el caso conocido como Madre Patria, reventó un segundo escándalo derivado de las escuchas telefónicas realizadas en esa investigación, que implica a cinco altos funcionarios públicos.

Esta nueva causa, llamada Caso Richter, involucra a Leslye Bojorges León, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Carlos Ávila, viceministro de Transportes; y Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón, así como a Marlen Luna Alfaro, exdirectora de Migración y actual presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); y Lourdes Sáurez Barboza, jefa de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Diputado Leslye Bojorges se separa de bancada del PUSC por escándalo del Caso Richter

Una de las principales aristas de la investigación es que en el 2023 Bojorges habría pedido a un autobusero, sospechoso en el caso Madre Patria, que le otorgara una “ayudita” a Jiménez, entonces candidata a la Alcaldía de San Ramón.

Este caso es investigado en la Fiscalía General por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.