¿Qué cambió en los criterios ambientales? En 2009 pedían 50 metros, hoy bastan 10 para construir junto a quebrada Los Negritos
El área de protección de la quebrada Los Negritos, en un terreno de Barrio Escalante calificado como propenso a inundaciones, se redujo de 50 a 10 metros en un periodo de 10 años.
La propiedad, compuesta por dos fincas ubicadas 150 metros al este del Ministerio de Gobernación y Policía, es el sitio donde la desarrolladora Di Escalante Verde S. A., vinculada con dos hijos del canciller Arnoldo André Tinoco, planea construir una torre de apartamentos conocida comercialmente como Escalante Verde.
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) fijó en 10 metros el área de protección de la quebrada, el 21 de agosto del 2019.
No obstante, esa distancia contrasta con los 50 metros de retiro exigidos en el 2009 a otro proyecto en el mismo sitio: el Oficentro Escalante, impulsado por la desarrolladora CLF-CRC-Latina America S. A., pero que no se llegó a construir.
En aquella ocasión, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) denegó la viabilidad ambiental para el Oficentro Escalante, debido a que el diseño del proyecto no cumplía con la distancia mínima de protección establecida.
Esta inconsistencia fue denunciada ante la Sala Constitucional por el regidor josefino Brandon Guadamuz Villalobos, del Frente Amplio (FA), quien presentó un recurso de amparo contra la Municipalidad de San José y la Setena.
La gestión pretende frenar las obras y recibió la coadyuvancia de 101 vecinos de Barrio Escalante.
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El riesgo de anegamientos en el terreno donde estaría ubicado Escalante Verde consta en las clasificaciones elaboradas por la Municipalidad de San José y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
La Junta Directiva de Di Escalante Verde S. A. está encabezada por Philip Michel André Sánchez como presidente, mientras que su hermano, Arnoldo Frederik, es el tesorero. Ambos son hijos del ministro de Relaciones Exteriores.
INVU o Setena ¿quién otorga la viabilidad ambiental?
El artículo 34 de la Ley Forestal otorga al INVU la responsabilidad de tramitar los alineamientos en las áreas de protección en zonas urbanas y rurales.
Sin embargo, en el caso del Oficentro Escalante en el 2009, el INVU se declaró incompetente de emitir criterio sobre el caso, debido a las características propias de esta sección de la quebrada Los Negritos (una parte entubada y otra con cauce abierto).
De esta forma, el estudio correspondiente recayó en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
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¿Terreno plano o quebrado?
En vista de esta situación, José Ocampo Sanders, entonces jefe del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central Subregión Central del Sinac, concluyó que la quebrada Los Negritos contaba con pendientes mayores al 40%, por lo que se debía respetar una distancia de protección de 50 metros (oficio SRC-OSJ-307).
Lo anterior en vista de que el inciso b del artículo 33 establece que la zona de retiro debe ser de 15 metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano.
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En caso de que el terreno sea quebrado, la franja de protección debe ser de cincuenta metros horizontales.
Ocampo agregó que, de otorgarse la licencia, se estaría violentando el artículo 58 de la Ley Forestal, el cual establece penas de prisión de tres meses a tres años a quien invada un área de conservación.
En vista de que el proyecto se diseñó en el área de protección donde atraviesa la quebrada, la Setena decidió “no continuar con el proceso de evaluación ambiental y denegar la viabilidad ambiental, procediendo al archivo del expediente”. Así consta en la resolución 113-2009-Setena, del 20 de enero del 2009.
El documento original emitido por el Sinac, indicando el retiro de los 50 metros, desapareció de la institución.
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El 22 de mayo, después de que el regidor Brandon Guadamuz solicitó una copia, el jefe interino de la oficina subregional San José, Randall Araya Villalobos, contestó que “no fue posible localizar” el archivo, a pesar de haber efectuado “una verificación exhaustiva” de los registros físicos y digitales de ese despacho.
Al contrario de lo indicado por Sinac, el INVU determinó que la propiedad presenta una topografía plana, de acuerdo con los planos visados, con fecha del 21 de agosto del 2019.
Así consta en un oficio con fecha del 3 de abril, enviado a la gerente de Gestión Municipal de la Municipalidad de San José, Jessica Martínez Porras, por el director de Urbanismo y Vivienda del INVU, Alfredo Calderón Hernández.
Vecinos se oponen a proyecto
Así como lo hicieron en el año 2009, los vecinos de Escalante están en pie de lucha para evitar la urbanización del terreno que pretende ocupar Escalante Verde.
Congregados en la Asociación Barrio Escalante Unido, alegan que la construcción del proyecto inmobiliario, en el área limítrofe de protección de la quebrada, podría agravar la situación de inundaciones que viene padeciendo esa zona.
“La omisión de las autoridades al otorgar permisos y viabilidades ambientales sin considerar estos riesgos constituye una violación a los principios de precaución y prevención ambiental, consagrados en el bloque de constitucionalidad”, argumenta la coadyuvancia presentada ante la Sala Constitucional.
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Parte del terreno, compuesto por dos fincas, está clasificado como de alto riesgo en el mapa municipal de Zonas de Amenaza por Deslizamientos e Inundaciones del cantón Central de San José.
Las propiedades también se encuentran dentro de las áreas con potencial de inundación, según la delimitación de la CNE incluida en el geoportal del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), del Instituto Geográfico Nacional.
Los vecinos también llamaron la atención sobre las graves afectaciones que se han producido en los últimos meses, en viviendas y negocios ubicados en los barrios Escalante y Dent (Montes de Oca), debido al desbordamiento de la quebrada Los Negritos.
Las aguas también han cubierto, en reiteradas ocasiones, el paso vial frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR). Hasta el momento, no existe una solución por parte de las autoridades locales y nacionales al problema.