Servicio Jesuita a Migrante lamenta medidas en Lo Valledor y Vega Central: “La narrativa vuelve a criminalizar a la migración”
Los requisitos de acceso a los mercados de Lo Valledor y La Vega Central han puesto en discusión eventuales conductas “discriminatorias” de estas medidas. Esto, en un contexto donde la migración se ha vuelto un fenómeno muy ligado en Chile a los problemas de vivienda. Los campamentos y tomas también se han tomado la agenda de las autoridades nacionales en las últimas semanas.
Respecto a las distintas aristas que surgen tras las medidas anunciadas por los mencionados mercados, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, dio su visión en conversación con la primera edición de Radioanálisis.
“Instala un relato de hacer esta distinción entre chilenos y extranjeros. En el contexto de un tema de seguridad, comienza a situar una narrativa que vuelve a criminalizar a la migración”, lamentó Ureta.
En esa línea, la también psicóloga realizó una distinción entre los problemas relacionados a la migración y los que tienen que ver con la crisis de seguridad en el país.
“La seguridad es un carril que va paralelo a los temas migratorios. Migración es un tema que tenemos que zanjar, sobre todo la inclusión a través de la regularización. Y la seguridad y criminalidad, independiente de la nacionalidad, requiere una inteligencia y coordinación, y fortalecimiento de las instituciones, y tiene su propia lógica”, sostuvo.
La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes comentó en específico los problemas de irregularidad en el país. “Con la ley chilena, las personas tienen que llegar con los permisos correspondientes desde sus países de origen, avanzados o listos. Cuando estamos frente a crisis humanitarias, políticas, económicas y sociales, esos trámites son muy lentos. No todos los consulados tienen la capacidad para poder abordar toda la demanda. Y los países de origen, cuando están en crisis, tampoco tienen la capacidad ni voluntad de poder entregar todos los antecedentes, entonces es un proceso que se enlentece muchísimo y es caro”, explicó.
“Entonces las personas no tienen tiempo de esperar cuando está en riesgo tu subsistencia. Entonces salen de sus países de origen, por ejemplo el caso de Venezuela, con todo el grupo familiar y vienen directamente a Chile y la opción que les queda es entrar de manera irregular”, complementó respecto a esta problemática.
Asimismo, Ureta abordó la situación de los niños y niñas que ingresan junto a sus familias de manera irregular. “Las posibilidades de acceder a regularización hoy en Chile está puesto en los niños. No pueden ser sancionados por entrar de forma irregular, están protegidos por la Convención de los Derechos de los Niños, y tienen derecho a regularizar su situación (…) ahí nos encontramos con otro problema, porque los niños están regulares, bien, pero los adultos que están a cargo de ellos no tienen la posibilidad de regularse en Chile”.
“Una persona que quiera regularizar, no necesariamente va a poder”, cuestionó Ureta respecto al aspecto administrativo en Chile. “Cuando el Estado no está presente, tenemos más probabilidades de que el crimen organizado opere, que no tengamos noción de quiénes están acá en Chile y que se aprovechen de estas circunstancias dramáticas que muchas personas lo están viviendo”, expuso.