“Que se traten como materias de Estado”: El análisis de organizaciones feministas a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU
A inicios de abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitió el 7° Informe Periódico sobre Chile, en el que los expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, revisaron la situación de los derechos humanos en nuestro país y realizaron una serie de recomendaciones al Estado.
Las organizaciones de la sociedad civil chilenas participaron activamente en el proceso, entregando datos en informes sombra e incluso, participando de una pre sesión del Comité celebrada en Ginebra, Suiza, durante febrero.
En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dos organizaciones feministas, quienes se explayaron respecto a lo que el Comité sugirió en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.
La directora de Miles, Javiera Canales, destacó especialmente las recomendaciones referidas a los derechos sexuales y reproductivos, entre ellas, aquella que se refieren a regular la objeción de conciencia, para que esta no sea un obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
“En específico el acceso a la información, porque la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene un artículo en donde prohíbe la divulgación de información sobre los procedimientos y la entrega de información donde se realiza la intervención”, acotó.
De todas maneras, Canales afirmó que la recomendación que requiere más atención tiene que ver con los múltiples casos de mujeres que quedaron embarazadas producto de anticonceptivos fallidos.
“De uno u otro lado se han estado tomando cartas, sobre el manual de fiscalización de la objeción de conciencia que salió publicado el año pasado, pero respecto de la reparación de los anticonceptivos defectuosos, es algo que pasó en el Gobierno pasado, que este Gobierno tampoco ha hecho mucho por reparar. Por ejemplo, teniendo un catastro de mujeres afectadas y elevando los estándares de fármaco vigilancia”, sugirió.
Por su parte, la directora de la Corporación Humanas, Camila Maturana, relevó las sugerencias que aluden al sistema judicial chileno y a cómo este hace frente a los casos de violencia de género.
“Frente a la gravedad de estos crímenes, a la magnitud del problema, y al carácter estructural de la violencia, la recomendación general, obviamente, es que se deben mantener los esfuerzos para prevenir y enfrentar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas y que en particular, se deben investigar todos los casos de violencia sexual, se deben garantizar servicios de atención para las víctimas y se tiene que reforzar la capacitación que se brinda a los operadores de justicia, como las policías y el Ministerio Público, porque es una condición relevante para poder asegurar el acceso a la justicia”, indicó.
Maturana además mencionó la recomendación relacionada con la Ley Zamudio, ya que a su juicio, también está vinculada con la violencia a las mujeres.
“Se observa a nivel internacional, que las medidas que se han adoptado en Chile, como la publicación de la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, no resulta una herramienta suficiente para enfrentar la discriminación. Sigue siendo necesario adoptar medidas de prevención, sensibilización y capacitación en materia de no discriminación y creo que también es importante relacionarlo con el tema de la violencia contra las mujeres e igualdad de género”, dijo.
¿Cómo aplicará las recomendaciones el Gobierno?
Respecto a la disposición que ven de parte del Gobierno para cumplir con las recomendaciones realizadas por el Comité de expertos de la ONU, tanto Canales como Maturana enfatizaron que no solo el poder Ejecutivo es el responsable de seguir estos lineamientos, sino que también los poderes Legislativo y Judicial.
En esa línea, Canales aseguró que “no es una voluntad propia del Gobierno solamente, porque esta es una revisión al Estado. Tenemos que avanzar como Estado, porque aunque el Presidente Boric, en conjunto con la ministra de la Mujer y la ministra de Salud, presenten un proyecto de ley maravilloso, esto lo tiene que aprobar el legislativo”, señaló.
Asimismo planteó que independiente de quien se encuentre a la cabeza de los distintos poderes, es fundamental “avanzar en estas materias y que se traten como materias de Estado. En ese sentido creemos que hay que avanzar, más que circunscribiendolo al Gobierno de turno” insistió.
Otro punto en que las directoras de Miles y Humanas coincidieron fue en sus altas expectativas frente al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ocasión en que todos los países de esa instancia evalúan su desempeño.
Sobre aquello, la directora de Humanas pronosticó que en este examen, que tendrá lugar a contar del 29 de abril, “se van a destacar nuevamente estos puntos que se han venido reiterando en el tiempo”.
“La expectativa de las organizaciones es que sea un examen al que el Estado preste la misma colaboración que observamos durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, que entregue toda la información que se le consulta, con una perspectiva de identificar en qué aspectos se puede mejorar el cumplimiento de las obligaciones”, concluyó.