Aumentan a 135 los muertos por la explosión de un oleducto en México
La cifra de muertos por la explosión en la toma clandestina de un oleoducto en Tlahuelilpan, en el centro de México, se ha elevado a 135 tras el fallecimiento de una víctima que continuaba hospitalizada, informaron este domingo las autoridades.
"Falleció el último paciente que era atendido por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, en la Unidad Médica de Alta Especialidad" de la Ciudad de México, detalló el Instituto Mexicano del Seguro Social en un boletín.
El fallecido resultó herido en el trágico suceso del 18 de enero.
Murió el sábado a las 20.16 hora local (02.16 del domingo) a raíz de las heridas sufridas en la explosión.
Todavía se encuentran ocho personas bajo atención médica en distintos hospitales mexicanos, varios de ellos en estado grave.
En el sitio de la explosión en Tlahuelilpan perdieron la vida 68 personas, y el resto de los fallecimientos han ocurrido en los hospitales adonde fueron trasladados los heridos, incluidos tres menores que fueron llevados a Galveston (Texas, EEUU).
Sólo cinco de los heridos que fueron hospitalizados por la explosión han recibido el alta médica.
Las autoridades judiciales de Hidalgo mantienen abiertas un total de 69 investigaciones en relación a las personas que no han sido identificadas o que fueron declaradas desaparecidas por sus familiares tras haberlas visto en el lugar de la explosión.
Se han practicado pruebas de ADN a alrededor de 150 personas con fines de identificación de los fallecidos.
El pasado 18 de enero, un grupo de pobladores de Tlahuelilpan reventó un oleoducto de hidrocarburo y comenzó a sacarlo, de una forma muy rudimentaria, en botes y otros recipientes.
Al cabo de dos horas, y pese a la presencia del Ejército, que poco pudo hacer para controlar a los centenares de personas que se acercaron a recoger gasolina, se registró una fuerte explosión.
La explosión sucedió poco después de la puesta en marcha el 21 de diciembre pasado por el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de una estrategia dirigida precisamente contra el robo de hidrocarburos a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El Gobierno mexicano calcula que este robo de combustibles le costó al país 65.000 millones de pesos (unos 3.400 millones de dólares) tan solo en 2018.
Las autoridades reforzaron la vigilancia de oleoductos con miles de agentes de seguridad, modificaron el método de transporte de gasolina pasando a utilizar más los camiones cisterna, lo que generó en los primeros días una crisis de abastecimiento en diez estados del país.
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