El Ministerio Público informa de que el fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, ha interpuesto una queja oficial ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ por considerarla responsable de una falta, muy grave o grave en relación a su actuación en causas como los ERE, Avales e Idea.
La Fiscalía entiende que "la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución" lo que produce un "evidente perjuicio" a los procedimientos en marcha y la Administración de Justicia.
A su juicio, "está resultando imposible proceder al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos".
Hace dos semanas, los delegados de Anticorrupción en Sevilla enviaron a Luzón una queja ante las irregularidades cometidas por Núñez, de baja por motivos personales desde 18 de junio.
El escrito es el último episodio de una serie de desencuentros entre los fiscales y la magistrada, el más reciente el recurso de apelación que el Ministerio Público presentó el 7 de junio contra el archivo de la causa que investigaba la concesión irregular de avales y préstamos de la agencia pública Idea, decretado por la jueza.
En ese recurso, al que tuvo acceso Efe, Anticorrupción sigue su línea de otros anteriores e insiste en la posible prescripción de los delitos, ya que la mayoría de ayudas investigadas datan de 2009 y 2010, y advierte de que ese "riesgo" es "cada vez más cierto al no hacerse avanzar la investigación".
La instrucción de este caso hizo que la acusación popular ejercida por el PP pidiese el pasado 4 de abril que se dedujera testimonio contra la jueza por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación judicial y retardo malicioso en la administración de Justicia.
Núñez se encontró recientemente con otro revés a su labor cuando la Audiencia de Sevilla declaró la nulidad del auto por el que sobreseyó las actuaciones contra el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez en el marco de la pieza principal de los ERE.
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