El ingreso mínimo vital divide a la oposición: PP y Cs no votarán en contra y Vox da un giro y ahora lo critica
La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que su partido va a pedir que se tramite como proyecto de ley el real decreto ley del ingreso mínimo vital cuando llegue al Congreso, en el que quiere hacer varios cambios, pero no votará en contra. Tras la reunión del grupo de trabajo de Sanidad del partido, en rueda de prensa ha explicado que el PP no está en contra de este decreto, aunque quiere analizar su contenido para ver si su voto es finalmente a favor o una abstención.
Aunque el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, dijo esta mañana que el PP iba a votar que sí a esta renta, Gamarra ha aclarado que eso se ha producido cuando el decreto ha sido publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado), pero aún es necesario analizarlo "en profundidad" para decidir el sentido de su voto.
El PP reclamará que esta renta mínima sea gestionada por las comunidades autónomas "en igualdad de condiciones", y no solo en el País Vasco y Navarra, como ha acordado por el momento el Gobierno, así como que esta renta se vincule a la búsqueda activa de empleo de los perceptores.
Gamarra ha considerado que el contenido del decreto es "francamente mejorable" y, aunque el PP comparte la necesidad de establecer una renta mínima para los más necesitados, cree que al Gobierno le preocupa "demasiado la propaganda", mientras a su partido lo que le interesa es que esa ayuda llegue a tiempo a quienes la necesitan.
Ha criticado que este ingreso mínimo vital no se ha consensuado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y ha puntualizado que es necesario aclarar alguna cuestión más, como si va a recaer en las entidades locales y de qué recursos se van a disponer.
Cs, abierto a su aprobación
Por otro lado, Ciudadanos se ha mostrado abierto a apoyar el ingreso mínimo vital pero quiere que se tramite como proyecto de ley para mejorar, en su opinión, esta propuesta: "Nadie se puede quedar atrás en esta situación catastrófica", ha subrayado el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal.
"Se nos ponen los pelos de punta con las imágenes de la gente haciendo cola en Aluche para una bolsa de comida", ha señalado Bal en una rueda de prensa telemática para insistir en que de lo que se trata es de "no dejar a nadie por el camino".
No obstante, Cs cree que el proyecto del Gobierno tiene "importantes carencias" y ha defendido así que es necesario que exista una coordinación con las comunidades y los ayuntamientos, que todos los españoles tengan derecho a ese ingreso en situación de igualdad y que esté enfocado para conseguir un empleo.
Para Bal, esta renta es "absolutamente necesaria" pero no quiere que se convierta en "un brindis al sol" y por eso buscan introducir mejoras mediante la tramitación como proyecto de ley a lo que no cree que se oponga el Ejecutivo.
Giro de Vox
Si Vox hace una semana no estaba en contra de esta medida, este lunes ha mostrado su "rechazo" porque, según ha denunciado, ha generado un "efecto llamada a gritos" a la "immigración ilegal. Sin embargo, el decreto que regula esta prestación indica que sólo pueden acceder a ella los extranjeros con residencia legal en España de al menos un año en el momento de la solicitud, así para víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género extranjeras, aunque no tengan residencia legal en España.
El portavoz y eurodiputado de la formación, Jorge Buxadé, ha criticado una medida que, a su juicio, "es antinacional", porque entrega a algunas autonomías su gestión, que "cronifica y vulnerabiliza" a la población porque es "permanente" y no excepcional para quienes se hayan empobrecido por el Covid19, y porque "alimenta la entrada masiva e ilegal de extranjeros en España" para beneficiarse de esa ayuda.
Vox ha argumentado esta última opinión mostrando, en la rueda de prensa de su Comité de Acción Política, un video en el que, según han explicado, han recogido testimonios publicados en diferentes canales de youtube en los que, en árabe, los protagonistas explican la norma aprobada por España la semana pasada.
Preguntado por el cambio de opinión de Vox hacia esta medida, Buxadé ha respondido que siempre han defendido la necesidad de unas ayudas para los españoles que "por la negligencia y falta de acción" del Gobierno durante esta pandemia se habían empobrecido por la pérdida de trabajo o la imposibilidad de llevarlo a cabo por el confinamiento, Esta ayuda, apunta además el eurodiputado, debía tener caracter "extraordinario" y limitado en el tiempo.
Sobre el efecto llamada, los periodistas han precisado a Buxadé que conforme al BOE este Ingreso Mínimo sólo beneficiará a quien acredite un mínimo de un año de residencia legal en España, pero el portavoz de Vox se escuda en que existen "excepciones" que permiten que los extranjeros ilegales puedan optar a esta ayuda. Una de ellas, ha explicado, es para los inmigrantes víctimas de trata de seres humanos. "Así que todas aquellas víctimas de trata, a pesar de no tener residencia en España podrán acceder" al IMV, ha denunciado.
Del mismo modo, ha indicado que en la legislación hay dos figuras de residencia legal y sólo una de ellas requiere de permiso de trabajo. De esta forma, indica, "se puede pagar esta ayuda a personas que no han cotizado en ningún caso", ha declarado.
Desde Vox han destacado la necesidad de "atacar el tráfico de personas en origen" e "impedir que Siria, Libia, Marruecos y Túnez" sigan siendo "plataformas de desembarco masivo" con la "colaboración de las ONG que hacen una especie de transbordo marítimo permanente colaborando con las mafias". Además, denuncia que trabajadores y autónomos españoles puedan tener "las mismas" o incluso "peores" condiciones para salir de la crisis económica del Covid19 que extranjeros que viven de forma ilegal en el país.
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