El PSOE ve necesario una reforma del empleo público con una nueva Ley de Función Pública
El PSOE considera necesario llevar a cabo "una reforma estructural del sistema de empleo público" a través de una nueva Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado para aumentar la seguridad jurídica, cubrir "vacíos normativos" y completar el desarrollo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Así lo ponen de manifiesto en una proposición no de ley registrada en el Congreso en la que llaman al Gobierno a aprobar en esta legislatura una nueva ley "con los procesos de participación y negociación oportunos en la oportunidad de lograr un texto legislativo que pueda ser aprobado con el mayor consenso posible".
En el PSOE consideran que, tras comprobar "el papel primordial de lo público en la lucha contra la pandemia del Covid-19", ahora "es un momento idóneo para impulsar una reforma estructural del sistema de empleo público que suponga una mejora de la calidad, la eficacia y la eficiencia y que garantice la prestación de servicios públicos".
Desarrollo pendiente
En su exposición de motivos, esta formación señala que pese a tener de naturaleza de ley básica, la citada Ley del Estatuto Básico del Empleado Público "necesita de un desarrollo legislativo superior", y que en ella se prevé la aprobación, tanto en las Cortes Generales como en las asambleas legislativas autonómicas nuevas leyes reguladoras de la función pública.
"En la actualidad no contamos con una única ley que regule de forma completa la función pública de la Administración General del Estado", aseveran desde el PSOE, que remarcan la existencia de normas parcialmente derogadas o cuya vigencia se contempla temporal, a la espera de un nuevo desarrollo.
Actualizar el modelo de organización
Asimismo, recuerdan cómo las centrales sindicales han reclamado en los últimos años una nueva Ley de Función Pública para complementar el marco normativo, que desarrolle y actualice el modelo de organización y gestión de la función pública.
Una nueva ley que, consideran, "incrementaría la seguridad jurídica, cubriría vacíos normativos y permitiría la implementación de aquellos elementos nucleares para la reforma de la función pública recogidos en el Estatuto Básico que, por falta de desarrollo normativo, no han podido ser puestos en marcha en la Administración General del Estado".
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