Ciudadanos propone al Gobierno que la 'Ley Celaá' blinde el 25 % de las clases en castellano
La Comisión de Educación del Congreso ha comenzado este viernes a debatir y votar el contenido del informe realizado por su grupo de trabajo a la 'Ley Celaá', y el castellano sigue de tema protagonista ya que Ciudadanos ha propuesto que se blinde que el 25 % de las clases sean en esta lengua. Fuentes parlamentarias han informado a Efe de que se han presentado algunas nuevas enmiendas a temas polémicos como el castellano, pero también la religión y la inspección educativa. La Comisión comienza el debate y la votación de más de mil enmiendas para aprobar el jueves la Lomloe.
En el primer turno de palabra los grupos han concretado sus diversas opiniones sobre la nueva ley, la Lomloe o ley Celaá.
Guillermo Meijón (PSOE) ha asegurado que nunca una ley como la Lomce o ley Wert fue tan rebatida, y ha recordado que los grupos de la oposición en 2013 firmaron que se derogaría en una próxima legislatura. "Hoy damos un paso más a esa promesa con una nueva ley", ha recalcado además de
Sandra Moneo (PP) ha dicho que la ley Celaá es un "ley frankenstein" con la que el PSOE "ha cruzado la línea de la Constitución" y ataca la libertad y la calidad del sistema. José Ángel Alonso (PP) ha pedido a la ministra Isabel Celaá que retire "este peligroso proyecto de ley y después dimita".
Joaquín Robles (Vox) ha recordado la enmienda a la totalidad de la ley de su grupo a la vez que ha dicho que si se quiere igualdad de oportunidades no se debe imponer el catalán cuando son las clases más desfavorecidas las que hablan español. "PSOE lleva la e de España y esto es una maniobra de integrismo para romper la patria y utilizando la educación para tal fin", ha añadido.
Javier Sánchez (Unidas Podemos) ha recordado que derogar la Lomce es un "compromiso con la comunidad educativa" tras años de huelga y protestas. Pese a las "pataletas de la derecha" la Lomloe trae, por ejemplo, la no segregación por sexo en centros con dinero público. Pero ha reconocido que en la ley habría que sacar la Religión o la catequesis del horario escolar.
Marta Martín (Ciudadanos) ha dicho que no se está hablando de la ley Celaa, sino de la de "Rufián, Iglesias, Lastra y Otegui", con una "tramitación de dudosa garantía democrática". Ha criticado la enmienda sobre el castellano y ha lamentado que no se haya tenido en cuenta la propuesta de mínimos presentada por ellos, que fijaba que se diera en castellano la enseñanza en un 25 % del horario como marcan las sentencias.
Montserrat Bassa (ERC) ha dicho que es difícil la pedagogía en las aulas cuando hay "represión y encarcelamiento antes que dialogo con Cataluña". "Mientras no haya una república catalana" e "independencia" no habrá un proyecto educativo de país de calidad, ha dicho, aunque ha reconocido que con la ley Celaá han aumentado su papel en el currículo.
Isabel Pozueta (Bildu) ha reiterado la defensa de competencias a Navarra y Vizcaya, Álava y Guipúzcoa y "a las naciones que convivimos en el Estado". Y ha recalcado que mantienen vivas sus enmiendas en cuanto al ámbito competencial y el aspecto laico y feminista.
Inés Sabanés (Grupo Plural) ha considerado que no se avanzará en igualdad de oportunidades si en educación solo se habla de la lengua o la religión. Ha asegurado que "el castellano no está en riesgo ni en Cataluña ni en España ni en el mundo".
Josune Gorospe (PNV) ha insistido en destacar que habría que aumentar el ámbito competencial y ha subrayado que en la norma debe figurar que el euskera es lengua propia.
Sergio Sayas (UPN) cree que la tramitación tiene "escaso carácter democrático" y ha parecido "más bien el sorteo de San Ildefonso", votando número por número de enmienda y sin el rigor sobre lo que se estaba votando". La ley es "el pago a la radicalidad para sostenerse en el Gobierno", ha añadido.
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