Suben más de un 5 % las víctimas y las denuncias por violencia machista
El número de víctimas de violencia machista y las denuncias en el tercer trimestre del año subieron un 5,22 y un 5,58 %, respectivamente, en comparación al mismo periodo del pasado año, mientras que las órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer disminuyeron un 3,89 %.
Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), de los meses de julio a septiembre de este año, publicados este lunes, en los que se ha mantenido, "aunque de forma más contenida", la tendencia al alza que se inició en el segundo trimestre tras el levantamiento de gran parte de las restricciones por la pandemia.
Además, se ha vuelto a superar el máximo histórico de sentencias condenatorias al llegar al 79,22 % de todas las dictadas, un dato que destaca la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona.
Víctimas y denuncias
En el tercer trimestre del año, las víctimas por violencia machista sumaron 43.830, un 5,58 % más que en los mismos tres meses de 2020 y una cifra similar a los de 2019 (43.349).
Del total, 29.098 (66,39 %) eran españolas y 14.732 (33,61 %) de otras nacionalidades.
Las víctimas menores tuteladas fueron 140, 127 de ellas españolas.
La tasa de víctimas fue de 18,2 por cada 10.000 mujeres, un punto por encima que hace un año, cuando fue de 17,2 y superan esa media las comunidades de Baleares (32,3 víctimas por cada 10.000 mujeres), Murcia (25,5), Comunidad Valenciana (24,3), Canarias (22,1), Andalucía (20,2), Madrid (19,2) y Aragón (18,7).
La tasa más baja la registran Cantabria (16,8), Castilla-La Mancha (16,6), Cataluña (15,2), La Rioja (13,8), Extremadura (13,2), Asturias (11,9), Castilla y León (11,8), País Vasco (11,6), Galicia (11,4) y Navarra (10,7).
Los juzgados de violencia sobre la mujer contabilizaron 45.091 denuncias, un 5,22 % más que en el mismo trimestre de 2020 (42.854), de las que el 73,22 % fueron presentadas por la propia víctima, la mayoría en la comisaría (72,21 %).
Un trimestre más sigue siendo mínimo el porcentaje de denuncias por violencia machista presentadas por los familiares o el entorno de la víctima (1,63 %).
Para Carmona, el hecho de que desde 2009 alrededor de siete de cada diez víctimas hayan presentado ellas mismas la denuncia pone de manifiesto "un aumento de la confianza en la acción de las administraciones y, entre ellas, de la Justicia".
También aprovecha para volver a hacer un llamamiento sobre la necesidad de apoyo que las mujeres víctimas necesitan de su entorno más cercano.
Un total de 4.073 víctimas se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar (un 9,47 % menos que hace un año).
Órdenes de protección
A pesar del aumento de víctimas, ha habido menos solicitudes de órdenes de protección registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer, que han disminuido un 3,89 % respecto al tercer trimestre del pasado año, al pasar de 10.285 a 9.885.
A estas hay que sumar las 1.779 solicitadas ante los juzgados de guardia, con lo que en total se han contabilizado 11.664.
Y en cuanto a las acordadas, también bajaron: 8.394 (7.036 por los juzgados especializados y 1.358 por los juzgados de guardia), un 3,8 % menos que hace un año, una cifra que representa el 72 % del total de solicitudes.
En la mitad de los casos, la víctima de violencia machista mantenía una relación afectiva con el agresor en el momento de solicitar la orden, una proporción que, según el CGPJ, se mantiene "prácticamente inalterada" en los últimos años.
Medidas de protección
Los juzgados adoptaron 20.450 medidas civiles y penales de protección de las víctimas. De las 15.664 acordadas en el ámbito penal, el 75 % (11.705) se acordó en el ámbito de la orden de protección, mientras que el 25 % restante (3.959) como medidas cautelares.
Las medidas penales más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.231) y las prohibiciones de comunicación (5.973), que representan, respectivamente, el 66,66 % y el 65,45 % de las medidas adoptadas y en términos absolutos, las de alejamiento disminuyeron un 9,5 % y las prohibiciones de comunicación un 7,9 %.
Las medidas civiles acordadas sumaron 4.786, de las cuales el 95 % (4.477) lo fueron en el ámbito de la orden de protección y el 5 % restante (309), como medidas cautelares: el 20,31 %, relacionadas con la prestación de alimentos y el 17,42 % con la atribución de la vivienda en tanto que el 5,87 % supuso la suspensión de la guardia y custodia y el 8,81 % la suspensión del régimen de visitas.
Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron durante el periodo analizado 34 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.
Sentencias condenatorias
El porcentaje de sentencias condenatorias con respecto al total de las dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, de lo penal y audiencias provinciales) ha aumentado cuatro puntos porcentuales al pasar del 75,12 % al 79,22 %, lo que implica un "nuevo máximo histórico".
En total se dictaron 11.850 sentencias, de ellas, 9.387 condenaron al agresor y 2.463 le absolvieron.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo de nuevo en los juzgados de violencia sobre la mujer (el 91,64 % de los fallos), mientras que las audiencias provinciales dictaron sentencias condenatorias en el 75,68 % de los casos y los juzgados de lo penal, en el 65,53 %.
Juicios sobre delitos leves
Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer celebraron en el tercer trimestre 1.548 juicios sobre delitos leves, un 10,8 % menos que hace un año, lo que según el Observatorio muestra el regreso a la normalidad tras la pandemia.
El 8 % de los delitos enjuiciados fue injurias y el 37 %, vejaciones injustas.
Los juzgados de menores enjuiciaron a 51 menores de edad por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer: en 47 casos se impusieron medidas (el 92,16 % del total).
Carmona ha querido condenar el último crimen machista, ocurrido en Granada el pasado viernes, en el que una mujer fue asesinada por su expareja, con quien tenía dos hijas menores de edad y ha afirmado que cada muerte “es un fallo del sistema y debe llevarnos a analizar en qué debemos mejorar para que no vuelva a suceder”.
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