En Comú quiere que el Congreso blinde la ley de emergencia social catalana
También reclama que se implementen las modificaciones legales necesarias para facilitar que los derechos que recoge la ley puedan ser garantizados por el resto de comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. La interposición del recurso de inconstitucionalidad fue acordada por el Gobierno en funciones en el Consejo de Ministros del pasado 29 de abril. En él también se pidió la suspensión de determinados preceptos de dicho texto legislativo. La ley representaba, según ha manifestado la formación morada en un comunicado, "un cambio de paradigma en la garantía del derecho a la vivienda porque exigía responsabilidades a grandes propietarios y entidades financieras".
De este modo, incluía un mecanismo de segunda oportunidad que permitía cancelar las deudas vinculadas a la vivienda habitual de familias en situación de vulnerabilidad; la obligación a los grandes propietarios de viviendas a hacer ofertas de alquiler social antes de proceder al desahucio (a riesgo de ser sancionados) y atribuía a la Administración la capacidad de instar a los grandes propietarios de vivienda a ceder sus pisos vacíos para ponerlos en alquiler social.
El pasado 24 de mayo el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso y dejó sin efecto los artículos que afectan a la exigencia de responsabilidades a los grandes propietarios de vivienda (incluyendo entidades financieras e inmobiliarias), mientras que se dejaron vigentes los que exigen responsabilidades directamente a la Administración y también los que hacen referencia a dar respuesta a situaciones de pobreza energética.
La ley, según ha recordado el grupo confederal en un comunicado tiene su origen en una iniciativa legislativa popular (ILP), impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc.
Unidos Podemos ha defendido que la norma permitió en Barcelona, en cinco meses de plena aplicación, la paralización de 600 desahucios, la tramitación de 104 alquileres sociales, más de 1.500 requerimientos a bancos y entidades financieras con pisos vacíos para cederlos en alquiler social y 550 pisos de grandes tenedores, tanto en régimen de cesión como mediante compra y derecho de tanteo.
Por otro lado, la formación ha criticado que el PP haya presentado recursos de inconstitucionalidad "contra todas las normas impulsadas por gobiernos autonómicos sobre vivienda digna", citando el caso de las leyes impulsadas en Andalucía, Navarra y el País Vasco.
El recurso en este último caso se produjo, al igual que en la ley catalana, con el Gobierno ya en funciones, lo que ha llevado al grupo parlamentario a lamentar que "a pesar de la falta de legitimidad democrática" el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy "ha continuado tomando decisiones de gran calado".
Por último, ha recordado que en la pasada legislatura la Comisión de Fomento ya aprobó una iniciativa sobre emergencia habitacional que instaba al Gobierno en funciones a no recurrir la mencionada ley.
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