Mitos y realidades sobre la caza contra los bulos: de la reforma de la ley al rastreo de las redes

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reiteró este jueves ante el Congreso su decisión de perseguir los bulos y las informaciones falsas en la red durante el estado de alarma. Las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en las que aseguró estar trabajando para limitar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno y frenar el presunto 'estrés social' que puede causar la actividades de desinformación, levantaron una tormenta política en medio del estado excepcional decretado por el coronavirus. 

La estrategia le ha valido al Gobierno las críticas de la oposición, que acusa al Ejecutivo de estar atentando contra la libertad de expresión y de información en un momento en el que el secretario de Estado de Comunicación selecciona las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa de los técnicos, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) plantea a los ciudadanos si debe mantenerse la "libertad total" de información sobre la pandemia o limitarla a "fuentes oficiales" y las consultas que pueden hacer los ciudadanos al Portal de la Transparencia están paralizadas. 

Pero partidos como EH Bildu o Esquerra también se muestran contrariados por el rastreo de su actividad en las redes que refleja un informe interno de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil revelado por eldiario.es. ¿Hasta dónde afectan estas prácticas a la libertad de expresión? ¿Qué cobertura legal tiene el Instituto Armado para desarrollar esta tarea? ¿Quién decide qué es un bulo y dónde está la frontera entre la crítica legítima y la desinformación que persigue desestabilizar un país? 

"En nuestro sistema no hay conceptos constitucionales de verdad o falsedad. La libertad de información presupone veracidad, es decir, buena fe y debida diligencia en la elaboración de la información. Un bulo no es libertad de información pero sí puede ser libertad de expresión. Los antivacunas, por ejemplo, ejercen la libertad de expresión", expone el catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera. 

"Es importante recalcar que cuando hablamos de fake news, nos movemos en el campo de la libertad de información, no en el de expresión. Esto quiere decir, que nuestras opiniones no son susceptibles de ser catalogadas como falsas", añade Isabel Serrano Maíllo, profesora de Derecho de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. 

¿Pero pueden constituir un delito? "Las opiniones no son susceptibles de comprobación, con lo que su único límite es que sean de interés público y no sean injuriosas", explica. "La libertad de expresión tiene límites y desde luego no ampara el insulto, la calumnia y tampoco el delito de odio, que protege a los grupos vulnerables. Pero el Gobierno o un partido político no son un grupo vulnerable y no cabe actuar por delito de odio en estos casos. Sí, si hay injuria o calumnia", añade Presno Linera. 

Precisamente, Unidas Podemos registró a principios de mes una querella ante la Fiscalía por injurias contra el Ejecutivo; un delito recogido en el artículo 504 del Código Penal y que la propia formación morada quería suprimir a través de una proposición de ley presentada el pasado 6 de marzo. "Lógicamente, las instituciones en un sistema democrático tienen que estar expuestas a la crítica de la ciudadanía", aseguraba el texto. Ante el mismo órgano ha denunciado el PSOE a Vox por "incitación al odio".

"La información inveraz no estaría cubierta por la libertad de expresión, pero eso no quiere decir que sea delito. Y si no es delito, no puede ser perseguida o investigada por la Policía", prosigue Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). "Cualquier utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer este tipo de investigación respecto a hechos que no son delito y que además son hechos que resultan incómodos para el poder es una actuación antidemocrática y abusiva por parte del Gobierno", opina. 

En la misma línea apunta Presno Linera. "Creo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben preocuparse de expresiones y afirmaciones que pudieran ser constitutivas de delitos, pero no me parece que deban ejercer funciones de policía general en las redes sociales", señala. "En el estado de alarma no hay más limitaciones a la libertad de expresión que las existentes en estados de normalidad", recuerda. 

¿Rastreo general de las redes?

En paralelo a la investigación de delitos que se pueden cometer en la Red, los servicios de Información tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llevan tiempo patrullando en el ciberespacio en busca de bulos y, más intensamente, tras la aprobación de Estrategia de Seguridad Nacional en 2017 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. 

Precisamente, la Fiscalía General del Estado que dirige la exministra Dolores Delgado ha emitido un informe en el que desgrana una lista de posibles delitos en que se puede incurrir al fabricar o difundir bulos y noticias falsas. Desde las ya mencionadas injurias o calumnias, hasta delitos de estafa, contra la salud pública, de odio, intrusismo, revelación de secretos, contra la integridad moral, desórdenes públicos, contra los derechos de los consumidores y otros contra los mercados.

"Desde mi punto de vista, se podría incurrir en casi todos estos delitos de una u otra forma, salvo en el caso de la revelación de secretos. Si lo que cuentas es un bulo, una mentira, no estás revelando ningún secreto. Para violar un secreto, es necesario que lo que estés contando sea verdad", opina Serrano Maíllo. 

Dependiendo de si el delito es público o privado, la investigación se realiza a instancia de parte -es decir, tras la denuncia de un afectado- o se puede perseguir de oficio -en caso de un delito público-, como contra la salud pública. "Si algo encaja con alguno de estos tipos penales, sí cabe la investigación. Pero lo que no cabe es hacer una investigación general de todo lo que pueda entrar dentro de bulos o fake news para ver si se puede 'pescar' algo. Eso no es lo propio de la Policía de un Estado democrático", insiste Tamarit.

¿Se está excediendo entonces la Guardia Civil en sus funciones? "Si se limita a investigar y perseguir el delito, entiendo que no. Si se extralimita, entonces sí. Esto quiere decir que no se puede perseguir el bulo o la noticia falsa por sí mismas, sino solo las que efectivamente sean susceptibles de constituir un delito. Es importante recalcar que estamos en el campo de los hechos, no de las opiniones, por lo que la vigilancia y persecución sólo puede darse en relación a aquellos (nunca a las opiniones) y sólo cuando haya indicios de delito", remata Serrano Maíllo. 

¿Reformar la ley?

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que su departamento se planteaba modificar "los instrumentos legales" en la lucha frente a los bulos para que "al menos no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna". Los expertos consultados, en cambio, no ven prioritario un cambio legislativo que el PP y el Congreso ya intentaron estudiar. 

"Ahora mismo no se puede tocar la legislación frente a las fake news. Eso exigiría una ley orgánica y un debate parlamentario sosegado", avisa Presno Linera. "Todos los delitos a los que se refiere la Fiscalía están tipificados en el Código Penal y el resto de posibles infracciones, civiles, por ejemplo, en sus normas correspondientes. Creo que nuestra legislación cubre ampliamente los casos a las que pueden afectar las fake-news", concluye la profesora Serrano Maíllo.