Bruselas desmiente al Gobierno y advierte riesgo de control político en el Poder Judicial
La Comisión Europea ha lanzado una dura advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez por su reforma del Poder Judicial. En respuesta a una serie de preguntas plantedas por Vozpópuli, la Comisión admite su preocupación por la propuesta planteada por los partidos de la coalición PSOE y Unidas Podemos y que monitoriza atentamente el desarrollo de esta controvertida reforma.
El Gobierno sostiene que éste es un asunto que no importa en Bruselas, pero la Comisión ha advertido a Sánchez de que el Gobierno no puede acometer un cambio de estas características sin consultar a las partes afectadas en España, ni al Consejo de Europa. PSOE y Podemos han propuesto acabar con la mayoría cualificada de los tres quintos en el Congreso para elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). PSOE y Podemos han utilizado una proposición de ley en el Parlamento, lo que les ha permitido esquivar los informes preceptivos y probablemente negativos de la judicatura.
"Es muy importante asegurar que el CGPJ no sea percibido como un órgano vulnerable al control político", ha dicho Christian Wigand, portavoz de la comisaria de Justicia de la UE.
Preservar la independencia judicial
El aviso se produce horas de antes de que comience este jueves un nuevo Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno al que asistirá Sánchez. La Comisión recuerda que en su informe sobre el Estado de Derecho en España correspondiente al 2020 ya se mencionaba la renovación del CGPJ como un reto pendiente. Wigand explica que todos los estados miembros deben consultar con las partes afectadas antes de acometer una reforma de estas características. Y señala que también deben acudir a la Comisión de Venecia, un órgano del Consejo de Europa que asiste y aconseja a países en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas.
"Los Estados miembros deben cumplir los requisitos de la Unión Europea para asegurar que la independencia judicial no está comprometida", afirma Wigand a este diario.
Vozpópuli ha informado este jueves de la preocupación que existe en las instituciones europeas por lo que la oposición en España ha calificado de "asalto" al Poder Judicial. Fuentes diplomáticas afirman que el Gobierno está arriesgando los 140.000 millones de euros del fondo de rescate europeo.
Lo que está en cuestión es si la reforma de Sánchez vulnera los principios del Rule of Law Mechanism (Mecanismo de Estado de Derecho) de la Unión Europea. Uno de los acuerdos del Consejo Europeo de julio para el reparto de fondos fue la introducción de esta cláusula de respeto a los principios de la Unión y la separación de poderes como salvaguarda para liberar el multimillonario paquete de ayudas. Este mecanismo se introdujo a petición de Alemania con el apoyo de los principales países de la Unión.
Fuentes de la Moncloa insisten en que la reforma del CGPJ nada tiene que ver con este mecanismo y enmarcan esta modificación en un proceso parlamentario que cumple escrupulosamente la legalidad en tiempo y forma.
España, junto a Polonia y Hungría
El mecanismo no estaba pensado inicialmente por el caso español, sino más bien por Hungría y Polonia. Bruselas se ha enfrentado a estos dos países por algunas medidas que califica de "iliberales". Lo que busca el Rule of Law es evitar que una lluvia de millones permita a determinados gobiernos perpetuarse en el poder a cambio de nada.
La reforma de Sánchez e Iglesias ya ha encontrado eco en el Gobierno polaco, que se enfrenta a un proceso sancionador por una controvertida iniciativa para controlar el nombramiento de los jueces. El viceministro de Exteriores polaco, Pawel Jablonski, ha preguntado en Twitter si la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, intervendrá a España en caso de que prosperen los cambios propuestos por Sánchez.
España ha estado permanentemente en el punto de mira de los países del norte, que exigen reformas claras y compromisos de reducción de deuda al Gobierno de Sánchez. Y el Estado de Derecho puede ser la excusa que encuentren para presionar a nuestro país y aumentar la vigilancia sobre el destino de esos fondos. Si las instituciones europeas entienden que la reforma del Poder Judicial merma el Estado de Derecho español, la llegada de los fondos se verá afectada tanto en su condicionalidad como en la cantidad de dinero que se reciba.
El Gobierno ha comprometido 27.000 millones de los fondos para los próximos presupuestos. Y Sánchez anunció un gasto de 72.000 millones de estas ayudas en los próximos tres años, según explicó en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó hace una semana.