¿Son los agricultores unos terroristas?
Ahora que está tan de moda la neurociencia deberíamos preguntarnos qué impacto tiene en la ciudanía el calificativo de “terrorista” a una persona, movimiento social o colectivo. Que las palabras pueden cambiar pensamientos y emociones es algo que saben bien quienes desde el marketing buscan llegar con más facilidad al consumidor para influir en aquello que van a comprar. A esto se llama neuromarketing y estudia el comportamiento de las y los consumidores, algo especialmente productivo cuando se aplica a las redes sociales. Sabiendo esto, que hay áreas de nuestro cerebro que se activan y que nos llevan a asociar palabras con emociones e influyen en nuestras decisiones, sería muy ingenuo pensar que no existe una apropiación por parte de las ideologías de extrema derecha –enemigas de la convivencia democrática, la diversidad y los derechos humanos– de estos conocimientos que ofrecen las neurociencias.
Que las palabras pueden dañar nuestro cerebro es algo que ya nadie discute, de ahí que el “discurso de odio” sea tan peligroso, algo que ahora puede justificarse no solo desde una lógica de derechos humanos sino también desde la programación neurolingüística. Nuestro cerebro no es de piedra y la retórica del odio nos daña y puede llevar a dañar a otros, a causar sufrimiento, a que unas personas –guiadas por una ideología totalitaria– dañen a otras personas al identificarlas como una amenaza por sus rasgos, su origen, sus creencias, su orientación sexual, su edad, su identidad de género, sus capacidades, su salud… No hay más que ver lo que está pasando en Gaza: Netanyahu manda pero son otros quienes violan, asesinan y matan de hambre a todo un pueblo, el palestino.
En el contexto español, la gran amenaza a la plasticidad de nuestro cerebro (y su salud) son los mensajes de la derecha reaccionaria. La retórica del odio que Vox maneja aplicadamente, tratando de ser el alumno aventajado de los think tank de extrema derecha, pero que el PP no se queda atrás. Precisamente, tienen perfectamente estudiado la animadversión que provocan expresiones como "ideología de género" para atacar al feminismo, "okupa" para desmerecer la lucha por la vivienda, "totalitarismo verde" para acusar de dogmático al ecologismo, "adoctrinamiento queer" para referirse a la educación sexual en las escuelas, "degenerados" para despreciar al activismo LGTBI, "Menas" para criminalizar a los adolescentes y jóvenes de origen magrebí o argelino, "gobierno de la ruina" para generar desconfianza en los resultados económicos, "multiculturalismo atrasado" para que sintamos como peligro la presencia de otras culturas, o, uno de los últimos hits: "la suicida Agenda 2023" para levantar un halo de sospecha sobre cuáles son las verdaderas intenciones de la hoja de ruta fijada por la ONU para luchar contra la pobreza, el cambio climático, la violencia…
Expresiones, referencias y mensajes cuidadosamente escogidos por Vox y por el PP para captar votos socavando la confianza de las y los ciudadanos y ahondar en el resentimiento de estos hacia movimientos sociales como el feminismo, el antirracismo, el colectivo LGTBIQ+, el ecologismo… u organismos (que por supuesto son criticables, mejorables, y están llenos de incongruencias) cuyos instrumentos y principios son la masa madre que se usa para defender la justicia social, el bien común, la paz social y los derechos humanos. Esa es toda su propuesta política, destruir lo que se ha logrado con tanto esfuerzo y culpabilizar al resto.
Entre estas palabras negativas que impactan en nuestro cerebro hay algunas que, por nuestra propia historia de país y también los acontecimientos mundiales ocurridos a partir del 11S, causan especial reacción entre la ciudadanía: se trata de las palabras "terrorista" y "terrorismo". Desde el pasado mes de noviembre, en la Rusia de Putin, el movimiento LGTBI es equiparado a una organización terrorista y extremista y ha quedado prohibido. Sin irnos tan lejos, en España, hace poco más de un mes, la Policía Nacional ha acusado a la organización ecologista Futuro Vegetal de "organización criminal". Ambos movimientos sociales tienen algo en común, que su protesta es pacífica y defienden los derechos humanos. Pero también hacen uso de acciones de desobediencia civil en sus acciones de protesta no violenta, y esto incomoda y llama la atención lo suficiente como para que las autoridades autoritarias traten de disuadir el activismo entorno a estas causas persiguiéndolo y justificando esta represión con calificativos que dejen claro el peligro que representan para la sociedad: "terrorismo", "organización criminal" y "extremismo". Persiguiendo la protesta pacífica con violencia institucional, y banalizando algo realmente grave como es el terrorismo de verdad.
En este caldo de cultivo, de desacreditar lo legítimo, llega el juez estrella para la derecha, García Castellón y tira de ese impacto neurológico que tiene entre la ciudadanía el uso del término "terrorismo" para calificar las acciones de Tsunami Democràtic de constitutivas de un delito de terrorismo. Los hechos que sustentan su acusación son el bloqueo de infraestructuras críticas como el aeropuerto de El Prat y que “podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que se encontraban en ese momento en un vuelo, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas”; el bloqueo del paso fronterizo de La Jonquera, y cortar algunas de las carreteras más importantes de España para atacar los intereses económicos esenciales del Estado y alterar la paz pública; las protestas y manifestaciones que acabaron con altercados, disturbios y múltiples daños a la propiedad pública y numerosos heridos, el “boicot electoral” al tratar de interferir en las elecciones del 10N durante la jornada de reflexión que demostrarían sus intenciones de desestabilizar las instituciones políticas…
Viendo estos hechos, comparémoslos con otras protestas, no solo las que han tenido lugar en Ferraz (sede del partido político que gobierna en España), jaleadas por Vox, donde ha habido agentes de policía heridos y cuantiosos daños materiales a la propiedad pública, desórdenes y protestas organizadas desde RRSS y que han atacado la bandera de España, la figura del Rey y han ondeado banderas pre-constitucionales además de los canticos que se han entonado totalmente antidemocráticos. Comparémoslas con las de estos días, ¿cómo calificaría el juez García Castellón las protestas no pacíficas de los agricultores?, ¿deberían ser calificadas de actos terroristas? Especialmente aquellas que (hasta el momento), incitadas por el discurso de una organización política de extrema derecha, están cortando carreteras clave en varias CCAA, acosando a representantes de gobiernos autonómicos, causando cuantiosos daños materiales en la propiedad pública, buscando desestabilizar las instituciones públicas con mensajes conspiranoicos, bloqueando infraestructuras clave que suponen un daño económico grave al Estado y se dirigen a la sede del partido que gobierna a causar desórdenes públicos con el evidente estrés y peligro que podría suponer ese tipo de protesta para las vidas de quienes estén en ese momento en la zona.
Las reivindicaciones de la mayoría de los agricultores son legítimas, como lo son las de los movimientos sociales ecologistas, LGTBI, feministas, antirracistas que los gobiernos y partidos reaccionarios a los derechos se empeñan en criminalizar. Sin embargo, en la intencionalidad de Vox, y del PP, de provocar una desestabilización política, de derrocar al Gobierno de Sánchez y de incrementar el malestar y resentimiento ciudadano contra quienes defendemos el bien común, están haciendo irrespirable el ambiente y estos nos causa un daño físico, neurológico y democrático. Pero esta parece que es parte de su estrategia, dañar el cerebro no solo de la ciudadanía que vota en las democracias, sino de la democracia misma.
Como ha escrito Javier Pérez Royo en este medio, somos muchos los que reconocemos perfectamente lo que es el terrorismo en cuanto lo vemos. La instrumentalización ahora de la derecha del “conflicto del campo” para que grupos organizados, y al margen de las principales organizaciones de agricultores, provoquen un estallido social contra Sánchez serían calificadas por García Castellón de actos de terrorismo si no fuera porque los protagonizan líderes de la derecha española u organizaciones afines a esta. De hecho, ya están causando cuantiosos daños, cortando carreteas, afectando a infraestructuras… y también tienen la intencionalidad de interferir en las elecciones europeas de mayo. Revuelta es la organización que está detrás de las potestas de Ferraz y con claras conexiones con Vox. No hay duda de lo que buscan, ¿no? Las palabras no se usan de forma inocente.
Por eso, para la gran mayoría, la pacífica, es tiempo de pedagogía y de defender la protesta pacífica, pero también de luchar contra la simplificación de las problemáticas multicausales y poner por delante la convivencia como una certeza y como un destino. Frente a quienes quieren que nos enfrentemos e intoxican nuestros cerebros, sentémonos y hablemos. Porque los grandes cambios que nos han hecho avanzar en derechos solo se han logrado cuando los diferentes han sido capaces de trabajar unidos y de forma pacífica por un bien común y justo. Y para eso son necesarias muchas cosas e inteligencia emocional, pero es imprescindible el respeto, la confianza, la empatía, la innovación, una comunidad que nos abrace y tener garantizadas unas condiciones básicas y justas de vida. ¿Qué tal impactaría esto en nuestros cerebros? En el mío bien y creo que en el de la mayor parte de los agricultores también.