Sánchez, dispuesto a prescindir de sus socios en la reforma laboral
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Los socialistas mantienen el pulso porque ven muy cerca tener los votos necesarios incluso con el ‘no’ de sus tres principales aliados. La aritmética es compleja, pero deja al Gobierno el margen necesario para cumplir con su propósito. En estos momentos, hay 176 votos en el Congreso dispuestos a no bloquear la convalidación sin cambios del texto. Empezando por los 154 escaños que suman los partidos de la coalición de Gobierno. Es uno menos de los originales porque sigue vacante el escaño del ex diputado canario Alberto Rodríguez que UP. A partir de aquí se empieza armar el nuevo puzzle, en el que la pieza central son los 9 diputados de Ciudadanos. Ayer, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, apuntó sin dudas a un apoyo en la votación si no se tocaba «ni una coma» de lo pactado entre patronal y sindicatos. La posición de Cs es clave y muy cómoda para el PSOE, ya que no les obliga a negociar con ellos. «Unidas Podemos no puede oponerse a un apoyo sin condiciones», se jactab a en privado una ministra. Con ellos se alcanzan los 163.
Evitar males mayores
ABC ya informó hace una semana de que esta vía se abría como las más factible tras el primer movimiento de Cs. Después de consultar con los grupos minoritarios sobre este acuerdo. Algunos suelen ser apoyos de la coalición. Pero los que no lo son acuden a la cita con la misma voluntad que los de Inés Arrimadas: impedir que una tramitación parlamentaria en forma de proyecto de ley deje margen a las tesis de ERC, PNV y Bildu. Partiendo de esos escaños, la siguiente pieza clave serían los 4 diputados del PDECat. Su separación de Junts ha sido providencial para el Gobierno. Con ellos se alcanza los 167 votos. A ellos habría que sumar los dos diputados de Teruel Existe y Nueva Canarias: 169.
Así, entran en liza cuatro escaños que no son apoyos sólidos del Gobierno, pero que actúan con la premisa de evitar que la reforma empeore si se tramitase como proyecto de ley: Coalición Canaria (1), Partido Regionalista de Cantabria (1) y Navarra Suma (2). La información de la que dispone ABCpor parte del Ejecutivo y de estos partidos es que su posición es apoyar el acuerdo surgido del diálogo social: 173. Y en línea similar a Unidas Podemos, los tres diputados de Más País (2) y Compromís (1) tampoco van a bloquear con su voto la convalidación, aunque han criticado públicamente que la reforma se queda muy corta: 176.
Por contra, el bloque del «no» tiene un máximo de 173 votos. Distribuidos de la siguiente forma: PP + Foro (89), Vox (52), ERC (13), PNV (6), Bildu (5), Junts (4), CUP (2), BNG (1) y Pablo Cambronero, ex diputado de Cs (1).
Son apoyos sin reclamar cambios al Gobierno. De hacerlo, el escenario sí sería endiablado para Pedro Sánchez y Díaz. Con estas cuentas en la mano el Gobierno podría permitirse que del bloque de 176 apoyos se fuesen 2 diputados a la abstención. Ese es su margen. Y es muy escaso. Por eso el Gobierno intenta que alguno de sus tres socios principales pase a la abstención. Una importante ministra del área económica daba ayer por descartado a EH Bildu en esta partida: «Ha puesto unas condiciones imposibles». Los socialistas quieren tener más margen en esa votación. Encuentran estímulos en la posibilidad de «ensanchar las mayorías» gracias a Cs y otros minoritarios. Hasta tres veces utilizó ayer esa expresión el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Sin preferencias
Pero tampoco desean la ruptura con el bloque de la investidura. Otra cosa es que sea un daño colateral. Esto tendría costes para los morados. Fuentes de la dirección de Podemos reconocían ayer perseguir «la cuadratura del círculo»: que la reforma laboral se apruebe sin cambios y que lo haga con los votos de ERC, Bildu y PNV. Parece imposible a estas alturas. Y en cualquier caso el apoyo de Cs y minoritarios no izquierdistas desluce el bloque dándole una pátina de transversalidad de la que el PSOE e incluso Yolanda Díaz no recelan. Pero que en Podemos no provoca esas connotaciones positivas.
Ayer, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Bolaños puso las cartas boca arriba. Elogió la reforma por «equilibrada» y positiva para empresarios y trabajadores. Y por eso «es exactamente lo que necesitamos», una reforma con la que «todos ganan» porque «se ha pactado». El Gobierno justifica que una reforma con estas características y que sea apoyada por partidos que habitualmente se oponen al Gobierno es una garantía para que «perdure en el tiempo». Y advirtió a los del ‘no’: «Quien esté en contra es quien pretenda imponer su voluntad».
En una posterior rueda de prensa convocada en Ferraz, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, insistía en la idea de no tocar la reforma. Y lo más importante: evitó deliberadamente señalar una preferencia por los socios de la investidura para sacar adelante la norma: «No se trata de preferencias. La única preferencia es que salga adelante la reforma laboral», señaló la número dos del PSOE. Lastra puso en valor el acuerdo con los empresarios y lo que supone en términos de ir más allá de las fuerzas de izquierdas: «Si algo nos ha enseñado esta reforma es que se puede llegar a acuerdos con quienes piensan de forma diferente». Preguntada específicamente por Ciudadanos y los recelos que despierta en UP, Lastra también fue clara: «no quiero excluir a nadie de poder apoyar la reforma laboral» porque el objetivo es «que tenga el mayor acuerdo posible».
En este empeño el PSOE cuenta con el apoyo de los sindicatos. Fuentes gubernamentales aseguran que no es solo la patronal quien quiere que el acuerdo no se toque. Sino que tampoco lo quieren las centrales sindicales. «Ellos no están en el doble juego de intentar conseguir en el Congreso de los Diputados una reforma más cercana a sus intereses», asegura una ministra. Y así lo corroboran en privado desde las centrales. El secretario General de Comisiones Obreras, Unai Sordo, corroboraba esta idea y suplicaba a los socios habituales del Ejecutivo: «Lo que pensamos es que tiene que haber una convalidación del decreto».
Y trataba de convencerlos apuntando a futuros acuerdos: «Quedan dos años de legislatura en las que indiscutiblemente se pueden tomar medidas de carácter laboral. Lo que pasa es que puede haber perfectamente dos espacio de negociación. Pero ahora lo que toca es convalidar una reforma que va a procurar mejores condiciones de trabajo a millones de trabajadores». El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ratificaba ayer que su petición es que en caso de controversia en los convenios de empresa la referencia sea el convenio autonómico. Es el acuerdo al que el Gobierno vasco llegó con su patronal y sus centrales sindicales. Y parece difícil moverles de esa postura. Aunque ayer una delegación del PSOE viajó a Bilbao para buscar puntos de entendimiento. Pero Ortuzar había sido claro horas antes: «Si esto no se nos garantiza, el voto del PNV va a ser no, y no va a haber ni abstenciones tácticas ni un dejar pasar, va a ser no». Pero fuentes del Gobierno descartaban ayer modificar ese punto. El bloque de la investidura se encuentra en su momento más delicado.