Una Comunicación sin reglas

La Junta Electoral Central ha decidido abrir expediente a la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por realizar valoraciones y apreciaciones críticas con la oposición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 25 de abril. Este tipo de manifestaciones están explícitamente vetadas por entrañar un uso partidista e interesado de instituciones que deberían ser neutrales. No es la primera ocasión en la que el órgano que vela por la transparencia del proceso electoral reprende a la ministra Rodríguez, quien al jurar el cargo prometió con solemnidad que no usaría «la sala de prensa para hablar de los partidos políticos». Sin embargo, hasta en dos ocasiones ha sido apercibida por pronunciarse con fines partidistas desde un contexto formalmente protegido como son las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros. Este Gobierno atesora una prolongada trayectoria en la quiebra de las reglas y de la imparcialidad debida en la comunicación institucional. El propio Pedro Sánchez fue sancionado por la Junta Electoral Central en el año 2019 por realizar, desde el Palacio de la Moncloa, una entrevista de televisión durante la campaña electoral. El Tribunal Supremo acabó por confirmar la sanción de 500 euros impuesta al presidente del Gobierno y ese mismo tribunal ratificó otra sanción a la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá, por quebrantar el deber de neutralidad de los cargos públicos en unas declaraciones tras un Consejo de Ministros. Pablo Iglesias, cuando todavía ejercía de vicepresidente del Gobierno, también se sirvió de un marco institucional como era su despacho ministerial para presentar su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. En aquella ocasión, su conducta le valió una amonestación tramitada por la Junta Electoral de Madrid. El uso que este Ejecutivo ha realizado de la comunicación y de los medios ha traspasado algunos límites preocupantes. No sólo hemos visto a ministros señalar por su nombre y apellidos a periodistas, sino que incluso hemos escuchado al Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil afirmar que trabajaban para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno» en tiempos de la pandemia. Este mismo Gobierno ha vetado a ABC en los viajes oficiales del presidente y el propio Pedro Sánchez ha mantenido un régimen de entrevistas claramente sesgado a favor de los medios afines. El acuerdo recogido por la Junta Electoral Central destaca la falta de neutralidad de la ministra Rodríguez, la escasa intención de reparar el daño causado y su condición reincidente. Una reincidencia que volvió a demostrar el pasado martes cuando intentó confundir la crítica al Gobierno por parte de la oposición con un supuesto ataque a la legitimidad del Ejecutivo: un ardid argumentativo que no puede ocultar su condición falaz. Es muy posible que estos menajes exageradamente parciales acaben por resultar contraproducentes dada su inverosimilitud. Pero lo preocupante, más allá de su ineficacia, es que no son casos aislados. La conducta de Isabel Rodríguez se compadece con la de quienes la han precedido en la portavocía del Gobierno o del Grupo parlamentario durante esta legislatura. Políticos que en otro tiempo fueron mesurados, pero que han terminado por elevar el tono y adoptar formas propagandísticas impropias en quienes ostentan altas responsabilidades públicas. Sorprende, pese a todo, la temeridad con la que son capaces de sacrificar su imagen pública al intentar quebrar de un modo tan explícito la neutralidad debida en la comunicación institucional.