Hacienda ignora la compensación de pérdidas de los afectados de Fórum Filatélico en los avisos de la declaración de la renta

En la Campaña de la Renta de 2021 la Agencia Tributaria incluyó en el programa Renta Web un aviso informativo para aclarar a los más de tres millones de beneficiarios de los ERTE desplegados durante la pandemia si estaban obligados o no a declarar las rentas percibidas en su declaración tributaria y la forma en que debían hacerlo. Dos años antes, en la primera Campaña de la Renta tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró exentas de IRPF las prestaciones por maternidad y paternidad, la Agencia Tributaria decidió volcar por defecto en los datos fiscales de los beneficiarios la exención de esas rentas e informar del carácter deducible de las retenciones aplicadas por Hacienda antes de la emisión de la sentencia. De cara a la campaña de este año, la Agencia Tributaria ha decidido mantener los avisos a los titulares de alquileres turísticos (emitirá 661.000) para recordarles la obligación de declarar las rentas derivadas de los mismo y también lanzar otros 320.000 avisos para recordar a los tenedores de criptomonedas su obligación de declarar las ganancias patrimoniales obtenidas por la operativa con las mismas. Noticia Relacionada estandar Si Los 270.000 afectados de Fórum Filatélico pueden desgravar las pérdidas en la declaración de la renta Bruno Pérez Los inversores perjudicados por la estafa sólo han recuperado un 23,5% del dinero después de 17 años de calvario La Agencia Tributaria ha defendido estos últimos años la utilización de avisos y notificaciones informativas como una forma de facilitar la realización de la declaración de la renta a los contribuyentes y también de fomentar el cumplimiento voluntario sin necesidad de aplicar medidas más agresivas en el plano sancionador. Este año, por primera vez desde la intervención judicial de Fórum Filatélico en 2006, los cerca de 270.000 perjudicados por la estafa en la que muchos de ellos se dejaron los ahorros de toda una vida tienen por fin la oportunidad de compensar el perjuicio patrimonial sufrido en su declaración de la renta, pero es más que probable que un porcentaje elevado de los mismos ni siquiera lo sepan. La Agencia Tributaria, que ha realizado un uso tan intenso de este tipo de avisos y notificaciones informativas en los últimos años, ha entendido que en este caso no era necesario informar a los damnificados por la estafa filatélica de la posibilidad de rebajar su factura fiscal por el duro perjuicio patrimonial sufrido , pese a la magnitud del colectivo de afectados. «En realidad es la aplicación del mismo criterio que se ha venido utilizando siempre por la Agencia. Se trata de una pérdida patrimonial no derivada de una transmisión y por tanto procede su integración en la base general del impuesto. No hay ninguna novedad», se justifican fuentes del organismo. Desde el Ministerio de Hacienda también normalizan la situación. «En 2022 concluyó el proceso concursal de Fórum, por lo que en aplicación de la Ley del IRPF desde este año el contribuyente puede computar la pérdida patrimonial. Nuestra doctrina siempre ha establecido que la pérdida de un derecho de crédito va a la base general», aseguran. Lo que para las autoridades fiscales es de cajón, para los afectados no resulta tan evidente. Después de un proceso que se ha prolongado durante 17 años y en el que apenas han podido recuperar menos de una cuarta parte de lo invertido, muchos de los afectados se han desconectado del seguimiento del proceso a medida que se iba perdiendo la fe en recuperar lo invertido. La propia administración concursal reconoció en su día su incapacidad para localizar y resarcir económicamente a más de 50.000 afectados de la estafa. Solo alguna plataforma de afectados y alguna organización de consumidores como la OCU se han movido para comunicar a los afectados la posibilidad de descontarse en la declaración de la renta de este año las pérdidas derivadas de sus ruinosas inversiones filatélicas, pero sus esfuerzos no alcanzan a la masa de afectados por un proceso en el que los perjudicados no han contado prácticamente con ningún apoyo institucional.