Un informe jurídico de la Universidad de Valencia señala a la Generalitat por «discriminar» e ignorar los «derechos humanos» en la atención a niños

Un informe jurídico de la Universidad de Valencia (UV) señala a la Generalitat por incurrir en « discriminaciones » e ignorar los « derechos humanos » en la Atención Temprana a niños de cero a seis años de edad con el cambio de normativa aplicado desde el pasado verano. Este trabajo, elaborado por la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la UV, a petición de la Associació Valenciana d´Atenció Precoç (AVAP), que representa a los centros que prestan este servicio, concertados, «pone de manifiesto las contradicciones, extralimitaciones y ausencia de normativa», que repercute en niños que sufren trastornos como el autismo o el déficit de atención, entre otros. MÁS INFORMACIÓN noticia No Dos hijos autistas y «abandonada» por el Gobierno valenciano: «Dejé el trabajo para cambiar pañales en el colegio» Se ha presentado este jueves en Valencia y analiza la nueva situación legal establecida por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que no ha contado con estas empresas para variar las condiciones que «por lo general, las han visto como un retroceso y un empeoramiento en la prestación de este servicio a la ciudadanía, además de como una injerencia en su autonomía y en la libertad profesional de sus especialistas.» Los expertos que han realizado este informe jurídico la consideran «contraria a derecho», entre otras razones, porque «se vulneran los principios de igualdad, no discriminación y universalidad, cuando establece que los nuevos solicitantes tendrán una intensidad de tratamiento inicial de una sesión semanal (ampliable excepcionalmente y previa solicitud del centro), mientras que en la instrucción anterior se establecían sesiones en función de las necesidades del menor, generando una desigualdad que afecta directamente al desarrollo personal y social de los niños». De hecho, concluye que esta reducción de las horas de atención se ha adoptado de forma « arbitraria » y la nueva norma, en general, «viola en la práctica los principios la centralidad de los derechos humanos y de enfoque de infancia y discapacidad que dice asumir en su discurso oficial y que son de obligado cumplimiento» Frente a esta nueva realidad, en el informe se apunta a que sólo cabe plantear un recurso contencioso -administrativo encaminado a reclamar un «imprescindible enfoque de derechos humanos, infancia y discapacidad» en los servicios de Atención Temprana.