El exilio de 180.000 vascos
El terrorismo de ETA y la presión ejercida por el nacionalismo excluyente expulsaron del País Vasco a 180.000 ciudadanos entre 1977 y 2022. Así lo acredita un informe publicado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU en el que se da razón del desplome demográfico acontecido en tierra vasca desde finales de los años setenta, una tendencia que todavía hoy no se ha conseguido revertir. Que casi 200.000 personas se hayan visto obligadas a abandonar esta comunidad autónoma por causas políticas es una prueba evidente del grado de deterioro democrático y de persecución ideológica que se ha ejercido durante décadas en ese territorio. La violencia terrorista, pero también la agresividad contextual hacia cualquier opción política no nacionalista, imposibilitó la normal convivencia hasta el punto de expulsar, de forma dolorosamente definitiva, a ciudadanos que nacieron y crecieron en el País Vasco así como a su descendencia. Esta diáspora constituye una anomalía impensable en cualquier democracia plena. Es, sin embargo, la consecuencia natural de una comunidad que optó por expulsar o, al menos, por incomodar hasta hacer preferible el exilio, a todas aquellas personas que no comulgaran con el credo nacionalista. Más allá del injustificable dolor infligido, la salida de estos 180.000 ciudadanos altera profundamente la sociología vasca y cabría concluir que, desde el año 1978, no han existido ningunas elecciones que se hayan desarrollado en condiciones enteramente representativas. Este injustificable exilio admite diferentes lecturas. En primer lugar, resulta inaceptable desde un punto de vista moral que miles de personas perciban una hostilidad tan grande como para tener que abandonar la tierra donde han nacido y que sucesivos Gobiernos no hayan hecho nada para revertirlo. Esta diáspora ha generado también una lesión social que puede computarse en términos económicos, dado que la aportación del País Vasco al PIB se ha desplomado pasando del 7,8% a un 5,9% en estos años. Quizá lo más grave es que la falta de libertad y el señalamiento de quienes se enfrentaron a la doctrina nacionalista han alterado de forma inevitable el modo en que los ciudadanos han expresado sus preferencias políticas. Es más, el propio censo se habría visto modificado ya que cabría imaginar que una gran parte de los 180.000 expulsados ejercerían hoy un voto constitucionalista. Tengamos en cuenta que una cifra muy cercana a esa estimación es lo que hoy suman el Partido Popular y el PSOE, por lo que podemos inferir que, si no se hubiera dado esta diáspora, los votos de los partidos no nacionalistas podrían llegar a representar el doble del porcentaje actual. Una de las consecuencias más paradójicamente indignas de este exilio forzoso es que las opciones nacionalistas que propiciaron la expulsión de miles de conciudadanos se verían beneficiadas al encontrarse ahora sobrerrepresentadas. En el año 2018 el presidente Sánchez señaló que todos los demócratas deberían trabajar juntos para evitar que se imponga el relato del movimiento social que creció a la sombra de ETA. En efecto, y por más que aquellas palabras contrasten hoy con la acción del Gobierno, fue aquel contexto y aquel clima lo que obligó a miles de ciudadanos a abandonar sus hogares y la tierra donde nacieron. Por este motivo, resulta tan injusto constatar la ausencia de acciones destinadas a resarcir el daño causado por este exilio silenciado. Una memoria democrática completa exigiría velar por la restitución del dolor y por la reversión de aquella diáspora.