Los centros de menores tutelados son una realidad opaca de la sociedad española y una fuente de fracasos de las administraciones públicas encargadas de su gestión. No hay, siquiera, un conocimiento preciso del número de menores que viven en este régimen de tutela, sobre el que discrepan las cifras del Gobierno y de asociaciones dedicadas a la protección del menor. Los casos de abusos y de prostitución de niñas y jóvenes menores de edad bajo tutela constituyen el reflejo más inaceptable de una situación denunciada también por el Defensor del Pueblo. La institución presidida por Gabilondo dedicó a este problema unos severos juicios en su informe de 2023 y no dudó en afirmar que los casos de abusos y explotación sexuales detectados «no parecen haber sido objeto hasta ahora de un tratamiento transparente, ordenado y sistemático». Los mensajes de protección a niños y jóvenes inundan los discursos partidistas, pero no hay resultados. Esos mensajes han sido la excusa para crear un Ministerio de Juventud e Infancia del que poco o nada se sabe –lo mismo que de su titular, Sira Rego – en este grave problema nacional de los centros de menores tutelados. La eterna excusa de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades no basta para eximir al Gobierno de una responsabilidad política y normativa a la que es emplazado por el Defensor del Pueblo. No es fácil para una administración pública asumir frente a un menor el papel formativo y ambiental que corresponde a la familia, pero la realidad se impone y el hecho inapelable es que hay miles de niños y jóvenes sin soporte familiar a los que no les queda otra opción para su futuro que la tutela en residencias o en familias de acogida. Que cada día más menores caigan en redes de prostitución o abran cuentas en plataformas de servicios sexuales indica que el deterioro de la función tutelar es creciente. Ni las administraciones públicas, con el Gobierno a la cabeza, ni la sociedad pueden mirar a otro lado, porque el problema no desaparece por ignorarlo. Al revés, se agrava, porque solo el 20 por ciento de los menores tutelados alcanzan los objetivos de formación. El resto es abono para conductas antisociales, marginación y delincuencia. Tiene poco sentido que los menores tutelados abandonen los centros al cumplir los 18, sin valorar en qué circunstancias formativas, profesionales o personales lo hacen. No se trata de actuar con ellos con paternalismo, sino de abordar con realismo el problema de convertir a un menor tutelado en un joven abandonado. Si el Estado asume la responsabilidad de atender, custodiar y formar a menores que carecen de apoyo familiar, ha de hacerlo con todas las consecuencias, sin dejar a medias el cumplimiento de sus deberes. No es admisible para una sociedad avanzada, orgullosa de sus servicios públicos, de su nivel y calidad de vida, que, cuando están dentro, los menores queden expuestos a las mafias de la explotación sexual; y, cuando están fuera, se vean expuestos a una vida para la que no han sido educados.
