El día que Israel tuvo que dar la cara en un tribunal por la matanza en Gaza

Los seis abogados de Israel se sientan en primera fila frente a los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU. Detrás de ellos les acompañan medio centenar de asesores, representantes e incluso familiares de personas secuestradas por Hamás en los ataques del 7 de octubre. Los magistrados tendrán que decidir si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, así como si ordenan a Israel detener la ofensiva como medida cautelar.

Israel se enfrenta al mayor desafío legal desde el inicio de la ofensiva, que en poco más de tres meses deja más de 23.700 muertos (10.000 niños), según cifras del Gobierno –controlado por Hamás–, el 85% de la población desplazada (de un total de 2,2 millones) y 500.000 personas que no tendrán casa a la que volver por la destrucción masiva de edificios. 

A diferencia de otros procesos en tribunales internacionales o investigaciones de la ONU que Israel ha boicoteado –incluido el dictamen no vinculante del tribunal sobre la ilegalidad del muro en Cisjordania que Israel rechazó y en el que se negó a cooperar–, en esta ocasión ha presentado un equipo de defensa de primer nivel, lo que refleja la importancia que le da al caso. Sin embargo, esta decisión le dificultará ignorar la decisión de la corte si finalmente los jueces ordenan a Israel en las próximas semanas detener la ofensiva como parte de las medidas cautelares.

"En el caso del muro era una opinión no vinculante. Ahora, sin embargo, hay una jurisdicción vinculante y, además, Israel está totalmente decidido a que no se le vincule con genocidio, especialmente por su historia", dice a elDiario.es Shinar Adam, profesor de Derecho Constitucional en Reichman University.

El país que ha llevado a Israel a sentarse en La Haya es Sudáfrica, que acusa al Estado de cometer “actos genocidas” contra los palestinos en Gaza con el objetivo deliberado de “provocar su destrucción física como grupo”.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, Sudáfrica “está funcionando como el brazo legal de la organización terrorista Hamás”. El presidente sudafricano ha condenado los ataques de Hamás, pero el equipo legal israelí ha criticado en el tribunal que Sudáfrica recibiera una delegación de miembros de Hamás poco después de los ataques del 7 de octubre.

Israel mantuvo buenas relaciones con el Gobierno sudafricano del apartheid, pero desde la llegada al poder de Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano, que ha gobernado el país desde entonces, el país se acercó mucho más al pueblo palestino y a la OLP (Organización para la Liberación de Palestina).

Buena parte de la defensa israelí ha estado centrada en describir los ataques del 7 de octubre para "dar contexto" de la amenaza a la que se enfrenta y subrayar que se trata de una guerra en "legítima defensa".

Sudáfrica, por su parte, se ha referido a la opinión de 2004 del tribunal en el que dijo que este concepto no se aplicaba porque la amenaza provenía de un territorio ocupado y controlado por Israel. "Pero la cuestión es más simple, al margen de lo terrible que sea un ataque, el genocidio nunca es la respuesta. Todo uso de la fuerza, en defensa propia o para imponer una ocupación, debe mantenerse en los límites del derecho internacional humanitario", concluyó uno de los abogados sudafricanos.

"El equipo legal de Israel muestra el contexto de su ofensiva en Gaza destacando los ataques del 7 de octubre y señalando la ausencia de cualquier acción de Hamás en la acusación de Sudáfrica. Es contexto importante, pero Israel se deja el contexto más importante: la ocupación permanente", ha señalado Mairav Zonszein, analista del think tank Crisis Group.

En la acusación, Sudáfrica afirma que “es importante situar los actos de genocidio en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante su largo apartheid de 75 años, su larga ocupación beligerante de 56 años del territorio palestino y su bloqueo de 16 años sobre Gaza, incluidas graves violaciones del derecho internacional asociado con todo ello”.

Israel interpreta esto como negar el derecho del Estado a existir. “La deslegitimación de Israel desde su creación en 1948 en la acusación apenas se distingue de la retórica negacionista de Hamás”, ha señalado uno de los miembros de la defensa israelí. “Es un asunto de dominio público que Sudáfrica tiene relaciones cercanas con Hamás”, ha añadido.

"Creo que, en general, el equipo israelí ha hecho un buen trabajo a la hora de desentrañar las distintas acusaciones. En particular, hicieron un excelente trabajo exponiendo el principal defecto del caso de Sudáfrica, a saber, que Sudáfrica describe las acciones israelíes sin mencionar que se llevan a cabo en el contexto de un conflicto armado, con militantes de Hamás luchando contra Israel, y no en el vacío", explica Shinar Adam.

Los abogados de Israel han desfilado por el estrado argumentando que es una guerra en legítima defensa y que no se da el elemento de intención, clave para la existencia del crimen de genocidio, por lo que los jueces deben desestimar el caso.

Por su parte, la acusación divide en ocho apartados las pruebas de lo que describe como “actos genocidas” de Israel, cada uno de ellos apoyado con datos y referencias a organismos de la ONU y ONG: matanza de palestinos en Gaza; daños físicos y mentales graves; expulsión masiva de hogares y desplazamiento; privación de acceso a alimentos y agua adecuados; privación de acceso a refugio, ropa e higiene adecuada; destrucción de la vida civil; privación de asistencia médica adecuada; y, por último, imposición de medidas destinadas a prevenir nacimientos.

Frente a la defensa de Israel, que asegura que ha protegido en todo momento la vida de los civiles ordenando evacuaciones y creando un área humanitaria, Sudáfrica se remite al Comité Internacional de la Cruz Roja, que, como otros organismos internacionales, señaló que esas órdenes de evacuación no son compatibles con el derecho internacional humanitario. También denuncia bombardeos israelíes sobre zonas de evacuación y destaca que la denominada “zona humanitaria” declarada unilateralmente por Israel en Al Mawasi no es segura, tal y como han declarado ONG y organismos de la ONU.

Junto a todos los actos “genocidas” recogidos por la acusación, Sudáfrica reúne una serie de declaraciones de líderes políticos y militares de alto rango que pretenden demostrar la comisión intencionada del "crimen de crímenes". "Elegir citas al azar, que no se ajustan a la política del Gobierno, es, cuanto menos, engañoso", ha respondido uno de los abogados de Israel.

Entre las declaraciones recogidas por la acusación están las del presidente, Isaac Herzog, jefe de Estado de Israel, que dijo lo siguiente: “Hay una nación entera ahí que es responsable. No es cierta esta retórica de civiles que no son conscientes y no están involucrados. No es cierta… y lucharemos hasta romper su espina dorsal”.

El jefe del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) –organismo encargado de las iniciativas humanitarias en Gaza–, Ghassan Alian, dijo en una declaración grabada en vídeo que “Hamás se ha convertido en ISIS y los ciudadanos de Gaza lo celebran en lugar de estar horrorizados. A los animales humanos se les trata como tal. Queríais el infierno, tendréis infierno”. El jefe adjunto del grupo también publicó un vídeo desde Beit Lahia, en Gaza: “El que vuelva aquí, si es que vuelve, encontrará tierra quemada. Sin casas, ni agricultura ni nada. No tienen futuro”.

Entre los elementos para rechazar la imposición de medidas cautelares, los abogados de Israel defienden que “el alcance e intensidad de las hostilidades ha disminuido”. Sin embargo, el último informe diario de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señala que “los intensos bombardeos israelíes desde tierra, mar y aire continúan en buena parte de la Franja de Gaza”.

El tribunal ya ha dictado en otras ocasiones medidas cautelares ordenando parar una ofensiva militar, como en el caso de Bosnia contra Yugoslavia en 1993 o en el de Ucrania contra Rusia tras la invasión. En ninguno de ellos se obedeció la resolución, pero en el caso de Rusia, Moscú boicoteó el proceso desde el primer momento y en el caso de Bosnia, el incumplimiento sirvió para justificar una condena años después a Serbia por incumplir su obligación de prevenir un genocidio.

Sudáfrica abrió el caso en la Corte Internacional de Justicia porque alega que existe una disputa sobre la aplicación del tratado sobre genocidio entre ambas partes. Israel, sin embargo, niega esa primera premisa, concluyendo así que el tribunal ni siquiera tiene jurisdicción sobre el caso. “Sudáfrica decidió unilateralmente que existía una disputa a pesar de la respuesta conciliadora de Israel y no dio la oportunidad a Israel de abordar el asunto antes de presentar el procedimiento”, ha señalado uno de los abogados. El tribunal tendrá que decidir ahora si antes de entrar al fondo del asunto ordena a Israel poner fin a su ofensiva.