Te llamo desde la prisión: Cae agente del INPE con 10 celulares en penal de Cajamarca
A la cárcel Huacariz, en la región Cajamarca la llaman ‘el aeropuerto’. Todas las noches aterrizan paquetes con extraña mercancía. La mañana del domingo, personal de seguridad de este establecimiento detuvo al servidor penitenciario (T1) Einer Cabrejos Montaño quien llevaba escondidos, en distintas partes del cuerpo, 10 teléfonos celulares y dos chips.
De inmediato, las autoridades dispusieron la revisión de distintos ambientes de seguridad del penal y se encontró otros 7 celulares de distintos operadores y accesorios de telefonía.
Para la Policía, corrupción de la guardia carcelaria, la falta de equipos para hacer el control y poco personal para las requisas constantes, con entre las razones del alto número de teléfonos que tiene los privados de la libertad para planificar y dirigir desde los penales las extorsiones, secuestros, sicariato, robos, tráfico de terreno y de drogas entre otros delitos agravados.
Hoy, la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto en Perú debido a su crecimiento de manera exponencial el cual está afectando el patrimonio económico, la autonomía personal de miles de ciudadanos y hasta la vida de las personas en distintas regiones del país.
La mayoría de las extorsiones se originan desde centros carcelarios donde presos peruanos y extranjeros han convertido este delito en un lucrativo negocio propiciado por conductas como la corrupción, el alto porcentaje de hacinamiento y el desconocimiento que la sociedad tiene sobre el modus operandi de este tipo de modalidad criminal.
Los delincuentes, valiéndose de los constantes avances tecnológicos están a la vanguardia para lograr su cometido bajo llamadas intimidatorias. Solo en Lima han causado la muerte de cuatro transportistas y al menor 60 empresas estarían amenazadas por no pagar cupos.
Este delito se ha extendido también a los mototaxistas, bodegueros, dueños de restaurantes, obreros de construcción civil, maestros de obras, ingenieros e incluso a amas de casa.
Hasta ocho años de prisión
El trabajador penitenciario intervenido viene siendo sometido al proceso administrativo disciplinario en la modalidad de proceso inmediato a efecto de una pronta sanción, en tanto ello dure se emitirá la medida cautelar de separación de la institución, adicionalmente será denunciado penalmente por medio de la Procuraduría Pública del Inpe considerando que se trata de un hecho fragrante.
De acuerdo al artículo 368-A del Código Penal el que indebidamente ingresa, intenta o permite el ingreso a un centro de reclusión equipos o sistema de comunicación telefónica, Intenet u otra análoga será reprimido con pena no menor de 4 años ni mayor de seis años.
Sin embargo, si el agente de vale de su condición de autoridad, abogado defensor, servidor o funcionario público para cometer o permitir que se cometa el hecho punible, la pena privativa será no menor de 6 años ni mayor de 8 años e inhabilitación, conforme al artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal.