Moncloa lamenta el retraso en el «caso Begoña Gómez»: «Es un despropósito»
En el entorno de Pedro Sánchez, en el PSOE y en La Moncloa, tenían marcado en el calendario la jornada de este lunes 30 de diciembre como la oportunidad para cerrar una de las cuestiones más lesivas para el presidente del Gobierno. A título individual y como institución. La causa abierta por el magistrado Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, está generando un fuerte desgaste. Una erosión que nadie niega y a la que el propio Sánchez dio la máxima magnitud al decidir sumirse él, y arrastrar a su partido y al país, en cinco días de «reflexión» sobre si «merecía la pena seguir» en el poder.
Desde la defensa de Begoña Gómez se ha intentado sin éxito acortar los plazos, urgiendo a la Audiencia Provincial a que anticipase su decisión sobre si archivaba el caso o avalaba en todo o en parte la investigación del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Por ello, una vez llegado el día, la determinación de la Audiencia de mantener unas semanas más la incertidumbre fue un jarro de agua fría. La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid optó ayer por suspender la deliberación y posterior resolución del recurso que presentó la defensa de Gómez para su archivo. Los magistrados repararon en que en la causa –remitida al tribunal para su examen– falta documentación de «relevancia para la deliberación».
Esta decisión que en el Gobierno comprenden por considerar que es «garantista» para la resolución ha causado, sin embargo, un profundo malestar. «Es un despropósito», señalan fuentes socialistas. «Una sinrazón», apuntan desde el partido. En el entorno del presidente del Gobierno plantean que si, finalmente esto acabara en archivo, como pide la defensa de Gómez, esta dilación habrá supuesto un daño añadido. «¿Quién lo compensa?», se preguntan de manera retórica. En Ferraz y en el Gobierno entienden que no existe otra vía que la de dar carpetazo al asunto, porque consideran que «no hay indicios de delito». «Sería la decisión lógica», sostienen, en virtud de «todas las testificales, los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y las diligencias practicadas».
Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas no prevén este escenario como el más probable, dado que es difícil cortar de raíz una investigación en marcha, todavía con pruebas por practicar y, más si cabe, cuando hay una parte de la misma que se mantiene bajo secreto. Lo más probable, por tanto, era que la Audiencia hubiera dejado viva una parte de la misma, acotando, eso sí, al instructor el objeto de la investigación.
En todo caso, esa decisión tendrá que esperar todavía unas semanas más. Algo que ha generado un fuerte quebranto en el entorno de Sánchez. «Es inaceptable», sostiene una fuente, que apunta al origen viciado de la causa. «Es todo un montaje político desde el inicio», asegura. Recordando que «comenzó con una denuncia que solo aportaba recortes de prensa, algo prohibido para iniciar una instrucción» e iniciada por el sindicato Manos Limpias, «a la que se adhirieron posteriormente otras organizaciones ultraderechistas», en alusión a Hazte Oír o el partido de Santiago Abascal. Las citadas fuentes puntualizan, como hace la defensa de Gómez, que se trata de una «investigación prospectiva», «algo que también está prohibido en este país», recuerdan.