El cisma contributivo del sistema público de pensiones , por el que las cotizaciones que aportan cada mes empresas y trabajadores están lejos de cubrir el coste de las prestaciones de jubilación -y demás pagas de carácter contributivo-, no tiene visos de resolverse en el corto plazo a pesar del andamiaje previsto en la reforma aprobada por el Gobierno entre los años 2021 y 2023 para reforzar los ingresos de la Seguridad Social -y que ha sido completada en su totalidad con la reciente paquete de medidas acordado para incentivar el alargue de la vida laboral con incentivos para la demora del retiro y la mejora de los supuestos que permiten combinar la pensión con la percepción de un salario-. Tal y como revela un estudio del 'think tank' Fedea, este agujero que no logran cubrir las cotizaciones sociales ronda el 30% del gasto total que asume anualmente el Estado en prestaciones. que no dejan de ser obligaciones reconocidas por las contribuciones de los trabajadores. De momento es el Estado el que asiste al sistema con una transferencia anual que para este año está cifrada en 43.643 millones de euros. Pero el distinto ritmo de crecimiento de las cuantías de las pensiones y los salarios de los trabajadores, que son los que con sus cotizaciones soportan el coste de las prestaciones, como determina la naturaleza del sistema de reparto, no hace vislumbrar un alivio a corto plazo. El Gobierno tiene embridado el cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago con esas transferencias que la Seguridad Social recibe procedentes del Presupuesto del Estado -es decir, de la recaudación de impuestos-, que podrían superar los 45.000 millones de euros en el próximo ejercicio si se logran aprobar las cuentas públicas de 2025 . El Gobierno ya ha avanzado su intención de incrementar las transferencias corrientes a Seguridad Social para cubrir el último tramo de 1.500 millones de euros que quedan para cubrir en su totalidad los casi 23.000 millones en que se ha calculado el importe de los denominados gastos impropios de la Seguridad Social. Por ello resulta relevante un dato conocido en la última estadística publicada por la Seguridad Social. La media de las nuevas altas de jubilación del Régimen General se situó en agosto -último dato disponible- en los 1.726 euros mensuales, lo que supone un incremento del 11,6% , de largo el mayor registrado en los últimos tres lustros. La nómina media de los nuevos jubilados que entran en el sistema ha crecido cerca de 200 euros en el último año . Si bien la presión que ejercen en términos de gasto estas prestaciones sobre el conjunto del sistema es notable, también lo es el hecho de que pese a que las pensiones se revalorizaron un 3,8% al inicio de año, la pensión media de jubilación haya crecido a un ritmo del 5% -situándose en 1.445 euros mensuales en septiembre-, 1,2 puntos por encima de la actualización como producto de estas entradas. Más allá de que el salto es sustancial en estas prestaciones que se han incorporado en los último doce meses, la deriva contributiva se conjuga con un avance de los salarios que está lejos de empatar al de las prestaciones de jubilación. Aproximando los datos que reflejan el incremento de las nóminas en el presente ejercicio, el poco más de un millón de trabajadores cubiertos por los 451 convenios colectivos firmados en 2024 han pactado subidas salariales del 3,9% de media, es decir, un incremento que es casi tres veces menor que el aumento experimentado por las nuevas pensiones de jubilación en el último año. Si atendemos a los 8,3 millones de asalariados cubiertos con convenio, que despliegan efectos este año -de un total de 2.588- las actualizaciones de las remuneraciones se sitúan en el 3,02% hasta agosto, es decir, casi cuatro veces inferior al incremento de las nuevas prestaciones de jubilación. El aumento de la recaudación tributaria procedente de las rentas del trabajo , incluyendo tanto las subidas salariales como la del tipo efectivo de IRPF -y donde cabe apuntar el incremento de bases máximas y mínimas y el aumento al 0,7% del mecanismo de equidad intergeneracional-, los ingresos procedente de los salarios avanzaron a un ritmo del 6,6%, según las cifras de la Agencia Tributaria , lo que supone cerca de la mitad que el avance de estas nuevas prestaciones. Consultado por esta circunstancia, el Ministerio apunta que se trata de un avance «esperado», que no compromete las cuentas del sistema y que atribuye a una combinación de factores entre los que se encuentra la mejora de las carreras de cotización que entran al sistema con respecto a las que salen -cabe recordar que ya están produciendo las primeras altas de la generación del 'baby boom'-, el aumento de las bases y de la pensión máxima del sistema que ofrece mayores topes de prestación, y también el impacto de los complementos por brecha de género. Por su parte, los expertos consultados advierten la singularidad de este llamativo avance, que sin una circunstancia concreta también podría estar sujeto a alguna remesa de entrada de pensionistas procedente de prejubilaciones de grandes empresas.
