Durante el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra el ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y el exalcalde de Lebrija Antonio Torres García (PSOE) , por presunta prevaricación y malversación en la contratación «arbitraria» del citado ex primer edil; un ex responsable de dicha entidad investigado en la causa matriz ha declarado que no vio «físicamente» a Torres en la sede de la entidad. En concreto, este martes ha comparecido como testigo Juan Carlos Díaz Matías, quien fuese director de Estructuras Permanentes de la Faffe, investigado en la pieza principal de esta macrocausa, extremo que desconocía el tribunal hasta ponerlo de relieve al comienzo del acto el fiscal Anticorrupción Fernando Soto. Este testigo ha narrado que durante sus varios años en la Faffe, él no vio a Antonio Torres García «físicamente» en las instalaciones de la entidad de la Junta de Andalucía. Además, y pesando que según la investigación Villén habría creado la Dirección de Relaciones Externas dentro de la Faffe para asignar tal área presuntamente ficticia al exalcalde socialista de Lebrija , este testigo ha manifestado que no recuerda que el aludido asistiese a los comités de dirección de la entidad, que se celebraban cada lunes previa convocatoria a todos y cada uno de los directores de departamento, entre los que figuraba él mismo. No obstante, ha señalado que trató «en dos ocasiones» con el exalcalde por motivos relacionados con el papel de ambos en la Faffe, describiendo que en el primer caso, tuvo un contacto «presencial» de unos «15 o 20 minutos» con Torres García, porque el mismo estaba promoviendo una actuación relacionada con el ámbito universitario con visos a captar fondos europeos para el proyecto , si bien la idea no tuvo finalmente «mucho recorrido». En la segunda ocasión, según ha detallado, su jefe de organización, Joaquín Alberto Morales, le transmitió qu e la Agencia Española de Cooperación Exterior buscaba perfiles para la participación española en un foro a celebrar en Perú con relación a entidades locales y mancomunidades, pidiéndole su superior que contactase con Torres García dada su «experiencia municipal» y que su trayectoria «coincidía» con el «perfil» que se buscaba. Él, según dijo, se habría limitado a «rebotar» a Torres García dicho correo electrónico , corroborando que su «perfil coincidía» con el solicitado por la Agencia Española de Cooperación Exterior y que Torres García habría viajado así a Perú como «invitado», con cargo a fondos estatales, para participar en dicho foro con una «conferencia». Este testigo ha manifestado en todo momento que él «daba por hecho» que Torres García tenía «relación» con la Faffe , si bien ha asegurado que entonces desconocía el «formato» concreto del vínculo del exalcalde de Lebrija con la entidad, recordando que la misma contaba con una plantilla de unas «1.800 personas». Así, ha dicho que él tenía la «impresión» de que entre el ex primer edil y la Faffe había «algún tipo de acuerdo de colaboración». Durante la sesión, además, el tribunal ha determinado que será el 10 de octubre cuando comparezcan los dos acusados , que habían pedido declarar al final del juicio y no al comienzo. Según el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado de este caso, después de que Antonio Torres perdiese la Alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003 tras 24 años en el poder, habría solicitado al entonces director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo su «colocación en la Faffe, a lo que Villén accedió promoviendo en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad, que diera satisfacción a las condiciones de contratación indefinida y salario solicitadas« por el ya exalcalde socialista de Lebrija. Todo ello, pese a que Torres García « carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional« de directivo. Así, y según el juez instructor, el exalcalde de Lebrija « fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal , prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)«. La contratación, según el juez instructor, se produjo, «sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar», es decir «de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades , mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa«. «No existe ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe«, determina el juez instructor. A ello se suma, según precisaba el juez en el auto, que el organigrama administrativo de la Faffe « no contemplaba puesto directivo alguno al que pudiera acceder « el exalcalde investigado, por lo que el otro encausado »vino a crear uno 'ad hoc' que denominó Dirección de Relaciones Externas«, un departamento que »era en realidad inexistente, de modo que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito«. De hecho, el juez avisa de que el exalcalde «ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno (era desconocido por otros trabajadores y directivos), aunque se procuró tarjetas de visita o presentación «, de forma que »la escasa actividad realizada, limitada a puntuales contactos con algún político o autoridad«, la llevó a cabo »siempre« desde su domicilio »y con medios propios, ordenador y cuenta de correo electrónico genérica y gratuita«. Como resultado, « el investigado Antonio Torres habría estado ocupando un puesto de trabajo de nivel superior, inexistente en la organización de la Faffe, sin un cometido concreto y, en definitiva, sin desempeñar una labor real, con la aceptación y beneplácito de Fernando Villén, lo que habría permitido a Torres García percibir 491.203,03 euros« hasta 2020 , «sin que conste que trabajara realmente, disfrutando además de los beneficios de un alta ficticia en la Seguridad Social, y a la postre integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo tras la extinción de la Faffe, sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política con Villén Rueda», resume el juez, que así ordena continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado. Merced a tales presuntos hechos, la Fiscalía reclama para Fernando Villén cuatro años de prisión por un presunto delito de malversación y diez años de inhabilitación especial por un posible delito de prevaricación; mientras para el exalcalde de Lebrija reclama dos años y medio de prisión por malversación y cuatro años de inhabilitación por supuesta prevaricación. Sobre Villén, recordémoslo, ya pesa una condena inicial a seis años de cárcel por un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía.
