Intendentes de la Primera Sección barajan una acción colectiva contra Caputo

Las últimas dos semanas no han dejado buenas señales para el equipo económico en su pelea con los intendentes del conurbano y, luego de que un juez de Campana concediera la primera cautelar en favor de un municipio, algunos jefes comunales fueron a Tribunales o se preparan para hacerlo a la brevedad. 

La semana pasada, el juez Adrián González Charvay accedió a brindar una medida cautelar en favor del municipio de Pilar por seis meses y "hasta que se resolviera la cuestión de fondo". Ayer, el mismo magistrado, falló en el mismo sentido, pero en favor del distrito de Moreno, el que conduce Mariel Fernández. 

Según pudo saber El Cronista el municipio de Tigre ya se presentó en el juzgado que tiene jurisdicción sobre su territorio y espera una resolución en las próximas horas. Además, hay otros dirigentes que están trabajando para seguir ese camino y algunos estudian la vía de una demanda colectiva.  

Cuando se supo de la primera cautelar en favor de Pilar, el ministro de Economía, Luis Caputo, disparó por X contra Federico Achaval, el intendente de ese distrito al que no dudó en calificar de "kirchnerista" y contra el juez "local".

Sin embargo, González Charvay dista mucho de ser un magistrado a cargo de un tribunal vecinal: es profesor adjunto en la cátedra de Teoría Constitucional en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en junio de 2015, tras superar el concurso del Consejo de la Magistratura y obtener el pliego del Senado, fue nombrado titular del Juzgado Federal de Campana.

Un conflicto con historia y con futuro

Antes de que se conociera el último índice de inflación -en el que se vio un repunte de precios y un estancamiento de la tendencia bajista- el ministro de Economía,  inició una campaña contra el alza de las tasas municipales, acusando a los intendentes de conspirar contra el programa de estabilización que impulsa la administración "liberal-libertaria". 

La mención al cálculo inflacionario no es antojadiza: así como el titular de Hacienda culpó a los ejecutivos municipales de conspirar políticamente contra el Plan Milei a través de tasas municipales ocultas y distorsivas, desde el otro lado del mostrador acusaron a la Nación de buscar un chivo expiatorio para esconder la falta de resultados. 

Con ese contexto, la Secretaría de Comercio emitió una resolución en la que se prohibía el cobro de tasas municipales en las boletas de servicios y luego se publicó otra para que los distritos que cobran una "tasa vial" en los surtidores tuvieran que explicitarlo a través de carteles en las estaciones de servicio. 

A poco de conocerse, la primera de esas medidas había sido cuestionada por el grueso de los intendentes: no sólo entendían que la Nación los quería "ahogar" con la quita de fondos para obra pública, sino que denunciaban a las resoluciones como una forma de entorpecer la administración y lastimar las arcas municipales. 

De hecho, la inclusión del "alumbrado" en la boleta de electricidad hogareña es una política que ha pasado de administración en administración, de municipio en municipio, casi sin distinguir colores políticos. Los intendentes creen que la idea de Economía de obligar a los gobiernos locales a sacar esa tasa de la factura y devolverla a la boleta de Servicios Generales sería tener que esperar que los contribuyentes abonen a través de un mecanismo que ha visto caer la recaudación en medio de la crisis: "El ex-ABL fue lo primero que se dejó de pagar", explicaron desde en un municipio del oeste del conurbano. 

El Cronista pudo saber que, además de los expedientes que esperan resolución judicial, un grupo de intendentes de la Primera Sección Electoral ya tienen preparado un documento judicial que buscará tener el mismo efecto suspensivo respecto de la resolución de Economía. 

La primera sección electoral es una de las dos "grandes" de la Provincia de Buenos Aires. Allí están nucleados 24 municipios, desde San Martín hasta Lujan, Merlo, Morón, Vicente López, San Isidro, entre otros.

"El documento está preparado. Es una cuestión de política saber si se presenta como un amparo colectivo o se hace por separado. Sería de intendentes de la primera sección electoral que tienen la misma empresa distribuidora eléctrica", comentó una fuente con conocimiento del mapa del Conurbano. 

Otros municipios, en cambio, sostienen que si bien cobran algún tipo o segmento de tasa dentro de las facturas de servicios, no estarían alcanzados por la resolución de Comercio: "Nosotros cobramos en la boleta de Edesur un servicio que es correcto, el de alumbrado público. No cobramos algo que no tenga que ver con el servicio", dijo el vocero de un populoso distrito de la Tercera Sección de la Provincia. 

Al sur del Conurbano, mientras tanto, en un distrito que está en una situación similar creen que, a pesar de estar en regla, desde la Secretaría de Comercio "irán por todo" y que esperarán a que la decisión "impacte" para presentarse en Tribunales. 

Cuando salió la primera cautelar contra la resolución, desde el Ministerio de Economía aseguraron a El Cronista que apelarían "todas y cada una" de las decisiones judiciales. Sin resultado asegurado, todo hace prever que tendrán mucho trabajo por delante en las próximas semanas.