Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid: "La situación de las residencias es peor cuatro años después"

Lorena Morales (Madrid, 1982) es portavoz del PSOE en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid y responsable del ramo en la ejecutiva del partido. Lleva desde hace cuatro años peleando por dar a conocer la información en poder del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la catástrofe de las residencias de mayores durante los peores momentos de la COVID. “Las familias merecen saber lo que pasó para hacer su duelo”, dice sobre los todavía numerosos puntos oscuros de la gestión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, de quien cree que jamás “admitirá” la gravedad de lo sucedido. En política social, migraciones y atención a menores pone un cero al Gobierno regional, a quien acusa de plegarse a los discursos de la extrema derecha y de realizar anuncios propagandísticos.

Usted ha conseguido acceder a algunas actas de la Consejería de Servicios Sociales y de distintas organizaciones sobre las visitas a las residencias en pandemia, también a llamadas al 112. ¿Cómo de complicado es el acceso a esta información?

Es una carrera de obstáculos. Lo primero es que consigas pasar la censura de la mesa de la Asamblea, que la controlan desde el Partido Popular con su mayoría, y después de intentarlo en varias ocasiones. Nos encontramos que se saltan a la torera los plazos que, según el reglamento, tienen obligatoriamente para dar la documentación. Yo siempre pido copias de la documentación. De un tiempo a esta parte, dejaron de facilitármela, muy especialmente respecto a residencias.

Por mucho que ella [Isabel Díaz Ayuso] quiera impedir que sepamos la verdad, por muchas comisiones de investigación que nos tumbe —que no la ha tumbado seis veces— no me voy a rendir porque las familias merecen saber la verdad de lo que pasó para poder hacer su duelo

Y cuando se ven muy entre la espada y la pared con los recursos de amparo activan el artículo 18.4 por el que “me dan acceso”. A veces me tiro semanas y semanas persiguiendo al personal. Me sientan en un ordenador con uno, o dos o tres funcionarios constantemente mirándome para que no pueda tomar ningún tipo de fotografía. Tampoco puedo hacer notas de voz, ni sacar mi ordenador, por si tomo alguna foto desde el propio portátil o incluso se pueda grabar. Así que con mi cuaderno y mi boli le dedico horas. Por mucho que ella [Isabel Díaz Ayuso] quiera impedir que sepamos la verdad, por muchas comisiones de investigación que nos tumbe —que no la ha tumbado seis veces— no me voy a rendir porque las familias merecen saber la verdad de lo que pasó para poder hacer su duelo.

¿Qué nos falta por conocer de aquellas semanas? ¿Más llamadas, más actas?

Por ejemplo, las llamadas que se hicieron al teléfono de información que montó la Comunidad de Madrid y que en las propias llamadas del 112 se ve que fue un fracaso. O las llamadas que se hicieron al SAMU, saber qué les contestó aquel servicio médico de urgencia a esos trabajadores de residencias, a esos familiares. También el número de fallecimientos, por el que pregunté muy específicamente y la respuesta de la Comunidad de Madrid, después de cuatro meses, fue que lo que tenía que hacer era preguntar al Registro Civil.

Y, sobre todo, testimonios; a mí me gustaría que Alberto Reyero [el consejero regional que terminó dimitiendo por la gestión de la residencias], que todos los directores generales de aquella época, que la viceconsejera de Sanidad en aquel momento que ahora es la consejera de servicios sociales (Ana Dávila), comparecieran. Que compareciera el señor [Enrique Ruiz] Escudero [consejero de Sanidad durante la pandemia] y que compareciera la propia Ayuso. Yo siempre pensé que Ayuso hace el adelanto electoral de 2021 [cuando gobierna en coalición con Ciudadanos] porque ella misma se da cuenta de que la comisión de investigación está alcanzando muchísimo vuelo y que muy probablemente los siguientes en tener que comparecer obligatoriamente eran su consejero de Sanidad y ella misma. Tenía que dar respuesta a la mayor vergüenza de la historia de la democracia en esta comunidad autónoma.

Cualquier tipo de dolencia que en cualquier otro sitio acabaría pronto porque se pondrían las medidas adecuadas, en las residencias de Madrid, con las condiciones tan horrorosas tanto del personal como de instalaciones que tienen, es muy difícil y al final se contagian

¿Cuál es la situación de las residencias cuatro años después de que pasara todo?

Es peor que en el año 2020. [Ayuso] no ha aprendido nada. Todo lo contrario; hemos visto, por ejemplo, cómo ha subastado la comida de las 25 residencias públicas que tiene, la famosa comida podrida de empresas pirata. Ha privatizado servicios. Seguimos sin tener los consejos dentro de las residencias en los que puedan participar los familiares, porque las personas allí están normalmente en una situación tan deteriorada cognitivamente que no pueden participar.

La ley de servicios sociales, que la llevábamos esperando muchísimos años, abrió la puerta a la privatización más salvaje de todo el sistema residencial de la Comunidad de Madrid, sin ninguna cortapisa, sin ninguna reserva al tercer sector, nada

Y la ley de servicios sociales, que la llevábamos esperando muchísimos años, abrió la puerta a la privatización más salvaje de todo el sistema residencial de la Comunidad de Madrid, sin ninguna cortapisa, sin ninguna reserva al tercer sector, nada. Los poquitos derechos que se recogían en la ley anterior, que era el derecho a la intimidad y a la libertad de las personas mayores en las residencias, los eliminó de un plumazo y los cambió por un catálogo totalmente desglosado de todas las sanciones que se le podían poner a las personas mayores en las residencias. Si algo les amparó en aquel momento, si hoy tuviéramos una pandemia, eso ya no existe.

Cualquier tipo de dolencia que en cualquier otro sitio acabaría pronto porque se pondrían las medidas adecuadas, en las residencias de Madrid, con las condiciones tan horrorosas tanto del personal como de instalaciones que tienen, es muy difícil y al final se contagian. Hace unos meses hubo un brote de gastroenteritis en la Francisco de Vitoria [de Alcalá de Henares] y se tiraron meses con el brote. En Peñuelas llevan tres meses con un brote de conjuntivitis.

En el debate del estado de la región Ayuso prometió que iba a construir decenas de residencias en los próximos años.

Hemos preguntado qué modelo de gestión van a tener esas 40 residencias, porque en Madrid solo hay 25 residencias públicas de 500. Somos la comunidad con diferencia con más centros privados de toda España. ¿Dónde iban a ser? ¿En qué fincas? ¿Cuántas plazas iban a tener? ¿Y qué estudio había hecho para determinar que necesitaba 40 residencias y los lugares donde las va a ubicar? Porque no sabemos absolutamente nada.

Yo creo que ese fue un anuncio para intentar lavarse un poco la cara porque se siente muy presionada con las residencias. Lo que pasó y sigue pasando ahí es su mayor vergüenza. Pero además añadió que iba a dotarlas de la máxima tecnología. Me preocupa que lo que haga es utilizar esas nuevas tecnologías para dar telemedicina. O sea, que no nos haga falta tener un médico en la residencia o una enfermera o las que sean necesarias. Las empresas [que gestionan residencias] en la Comunidad las controlan fondos buitre en su inmensa mayoría y una de sus grandes demandas es que no encuentran médicos y enfermeras. En lugar de obligar a las empresas a que paguen dignamente y tengan condiciones buenas, lo que va a hacer probablemente es que puedan solventar salvar el médico y la enfermedad con una telemedicina

Pese a las evidencias, la Comunidad de Madrid sigue negando que existieran instrucciones generales y protocolos y su explicación sigue siendo que se evaluó caso a caso y que además esos criterios están avalados por la Sociedad Española de Geriatría. Siguen negando que esto sucediera.

Ayuso insiste en negarlo porque lo que hizo es muy grave. Jugó a ser Dios y decidió que iba a negar un derecho que nos asiste a todos los españoles y a las españolas que es el derecho a la sanidad pública, a la atención hospitalaria. Es tan duro que tendría que dimitir ella y todo su gobierno. Jamás [admitirá lo sucedido] aunque tenga delante el propio protocolo y por más testimonios y actas que se vean, que son documentos oficiales que ella maneja: las actas de los bomberos de la Policía Municipal, las actas de Médicas sin Fronteras, de la propia Consejería de servicios sociales.

Es un clamor que esos protocolos existían y además están escritos. No sólo es que les negara la atención hospitalaria en los hospitales públicos; es que sí que había recursos para poder hacer traslados, si no a los hospitales públicos —que también, porque era el derecho de las personas mayores— a IFEMA o a los hospitales privados

Es un clamor que esos protocolos existían y además están escritos. No sólo es que les negara la atención hospitalaria en los hospitales públicos; es que sí que había recursos para poder hacer traslados, si no a los hospitales públicos —que también, porque era el derecho de las personas mayores— a IFEMA o a los hospitales privados. No sólo eso, sino que ni siquiera se les asistió en las residencias, es que les dejó morir de una forma totalmente cruel. Tan impune se siente que puso de consejera de Servicios Sociales a controlar las residencias a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria que de la que dependían los protocolos de la muerte [Ana Dávila].

¿Estas nuevas actas que se conocen ahora pueden dar lugar a que avance un poco más la cuestión judicial?

Yo lo que hago es facilitárselas a las plataformas de familias por si en algo les puede ayudar, porque siguen abiertas muchas causas. También se las estoy facilitando a mi compañera Hana Jalloul, que es eurodiputada. Entre la fuerza de Marea de Residencias y del grupo socialista en el Parlamento Europeo puede seguir adelante esa petición de investigación en la comisión de peticiones. Ellos [el PP] están poniendo todo de su parte para que no se conozca lo que ocurrió, pero yo sí que aspiro a que haya una investigación por parte de la Unión Europea en España. Y que las familias en esa Comisión de la Verdad han tenido que hacer por sus propios medios.

Cambiando de tema y hablando de migración, en Madrid hay ahora una gran polémica por el centro de Fuenlabrada en La Cantueña para menores no acompañados. Ayuso dice que solo es el gobierno municipal del PSOE el que no lo quiere.

La alarma respecto a las personas migrantes se está generando de manera falsa y muy interesada. Las personas migrantes vienen a trabajar, a buscar una oportunidad y a contribuir a que tengamos una sociedad mejor. Nosotros hemos sido además un país migrante. Para que no les adelanten por la derecha, el PP ha entrado de lleno en este discurso que genera tanto odio.

En el tema de los menores extranjeros llueve sobre mojado porque la Comunidad de Madrid hace muchos años que tendría que haber reforzado el centro de Hortaleza. Aún gobernaba Rajoy y ya estaba muy por encima de las plazas que tiene. Y la gran solución de la señora Ayuso es La Cantueña, que es una cárcel, como si esos niños fueran culpables de algo más que de no tener familia y de su propia pobreza.

¿En qué se asemeja a un centro de detención?

Está en medio de la nada, con lo cual estos chicos no tienen ninguna posibilidad de integrarse. Todas las entidades dicen que no se deben hacer macrocentro aislados. Nosotros por lo que apostamos es por pequeños centros que se parezca lo más posible a un hogar, en zonas donde tengan recursos sociales y educativos para poder desarrollar su futuro. Además, la señora Ayuso, como de todo ve una oportunidad de negocio, se lo entregó a una empresa a dedo. ¿Y qué pasa cuando cumplen 18 años? Los datos son que los menores migrantes y españoles que cumplen la mayoría de edad en acogimiento residencial en centros son más de 300 cada año en Madrid. Y solo hay plazas para 150 de lo que ella llama “de transición”, que es de 18 a 21 años, por las que paga 20 euros al día. Cuando cumplen los 18 años se ven abocados en la mendicidad, a la prostitución y a la delincuencia. Y luego si delinquen todavía tiene el valor de señalarles para decir: “¿Veis cómo eran malos?”.

En el tema de los menores extranjeros llueve sobre mojado. La gran solución de la señora Ayuso es La Cantueña, que es una cárcel, como si esos niños fueran culpables de algo más que de no tener familia y de su propia pobreza

En la Comunidad de Madrid solo el 0,27% de todos los abortos en 2024 fueron en la sanidad pública. ¿Hay voluntad para aplicar la ley, para crear, por ejemplo, los registros de objetores?

La primera objetora es la señora Ayuso, su consejera de Sanidad [Fátima Matute] y su consejera de servicios sociales. A las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo las tienen en una situación siempre límite. No tienen convenio ni contrato con la Comunidad de Madrid, funcionan con carta de pagos y siempre con meses y meses de retraso. Están además en una situación que pone en riesgo a los profesionales y también a las mujeres porque es de inseguridad jurídica total. Los datos no me extrañan porque somos la comunidad en la que la educación afectivo-sexual brilla por su ausencia. Y si algún ayuntamiento, como el de Getafe, se ha atrevido a dar el paso, ya se han encargado ellos, con sus amigos de Abogados Cristianos, de pararlo. El último taller que se hizo fue antes de la pandemia y llegó a un 4% de del alumnado. Somos la única comunidad que no financia con recursos propios ni la píldora del día después ni métodos anticonceptivos modernos.

Ayuso anunció su intención de crear el centro para atender a hombres víctimas de violencia sexual. ¿En qué estado están los recursos que ya existen en la Comunidad de Madrid para atender la violencia sexual, por ejemplo, a menores?

La situación del Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI) es dramática para las familias. La inmensa mayoría de los casos se catalogan como ordinarios, con lo cual no hay un plazo para poder atenderlos. Hay casos de abuso sexual que ya están en juicios y todavía estaban esperando la llamada del CIASI para comenzar la valoración. Tener una lista de espera pone en riesgo a los niños. Luego con el CIMASCAM [Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en la Comunidad de Madrid] pasa exactamente igual: tienen una lista de espera también demoledora. Después está el Barnahus [casa de los niños, inspirado en un modelo islandés], un proyecto que llevan anunciando años. Llamé a la entidad [adjudicataria] y me dijeron que no había ninguna información pública de contacto con este centro porque no querían que se produjera un efecto llamada. O sea, que no se entere nadie y que esas madres y esos padres no tengan acceso al recurso.