Morosidad del gobierno socava proyecciones de sostenibilidad del IVM
Los reiterados incumplimientos del Gobierno en el pago de las cuotas estatales al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), socavan las proyecciones sobre la capacidad del fondo para financiar las futuras pensiones. Para el 2025, el hueco presupuestario será de ¢73.663 millones.
Si bien la última valuación actuarial estimó que el principal régimen de pensiones del país comenzará a enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones a partir del 2047, el documento señala que estas proyecciones “asumen el cumplimiento total y oportuno de las obligaciones del Estado” con el IVM.
Añade que de lo contrario “se incidiría negativamente en los resultados”. Así consta en la Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al 31 de diciembre de 2022, que estimó en ¢74,6 billones el déficit actuarial del régimen de pensiones.
Igualmente, al hacer una proyección a nueve décadas, el documento estima que el fondo tendría solvencia para pagarle al 56,1% de los pensionados, con los recursos y beneficios actuales, siempre y cuando el Estado cumpla con sus obligaciones. El restante 43,9% se quedaría desprotegido.
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De acuerdo con el informe, la deuda del Estado con el IVM comenzó a mostrar un fuerte aceleramiento a partir del 2016.
En el 2024, la diferencia entre lo previsto por la CCSS y lo presupuestado por el gobierno de Rodrigo Chaves fue de ¢71.630 millones. En 2023, el hueco llegó a los ¢109.334 millones y en 2022, sumó los ¢24.651 millones, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).
El informe actuarial señaló que “el crecimiento acelerado en el incumplimiento de las obligaciones con el Seguro de IVM resulta preocupante”. Hasta el pasado 30 de abril, la deuda estimada del gobierno era de ¢682.347 millones, mientras que en el 2015 la morosidad “era mínima”, ubicándose cerca de los ¢4.000 millones.
Alrededor del 64% de la deuda corresponde a la participación del Estado en la contribución tripartita al seguro de pensiones de la CCSS, de acuerdo con el estudio. El porcentaje restante obedece al incumplimiento en el pago de la cuota complementaria de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios.
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Expectativas de la CCSS para el 2025
Para el próximo año, la Caja estimó recibir ¢315.463 millones por la contribución estatal del 1,57% sobre los salarios reportados de los trabajadores, pero el Ministerio de Hacienda solo incluyó ¢241.800 millones en el Presupuesto Nacional 2025, el cual se encuentra bajo análisis de la Asamblea Legislativa.
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Del total de los recursos, la institución de seguridad social esperaba contar con ¢234.617 millones por las cuotas correspondientes a los trabajadores privados y de instituciones descentralizadas, pero el plan de gastos gubernamental solo incorporó ¢179.427 millones, es decir, ¢55.190 millones menos, según la institución autónoma.
En cuanto a la cuota complementaria para las pensiones de trabajadores independientes y asegurados voluntarios, el gobierno solo presupuestó ¢62.373 millones para el 2025. No obstante, la CCSS estimó que se requieren ¢80.846 millones, lo que representa una diferencia de ¢18.473 millones.
Nogui Acosta: No presupuestamos según estimaciones de la CCSS
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, indicó a La Nación que su cartera hace la presupuestación “de acuerdo con la capacidad financiera del Estado y no con base en las estimaciones de la CCSS”.
“En la actualidad, el Presupuesto de la República presenta una gran rigidez que no permite una mayor asignación de recursos a áreas prioritarias que así lo demandan. Por ejemplo, el servicio de la deuda del 2025 absorberá el 44%, (equivalente a ¢5,5 billones) del presupuesto total.
“De no tener que dedicar este rubro a pagar intereses y amortización, el país tendría mayor espacio fiscal para invertir más recursos en los programas prioritarios para la población”, alegó.
Por otra parte, también reclamó a la CCSS por tomar “la decisión unilateral”, de aumentar el aporte de la cuota estatal, “sin generar un análisis real de la capacidad que tiene el Estado para atender ese nuevo compromiso”.
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En la actualidad, la cuota estatal es equivalente al 1,57% de cada salario y así se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 2025. Luego, subirá a un 1,75% en enero del 2026 y, finalmente, a un 1,91% en enero del 2029. Así lo decidió la Junta Directiva de la CCSS en el 2019, con el fin de atenuar la crisis financiera del IVM.
Acosta aseguró que el gobierno mantiene un compromiso con la seguridad social y cumple sus obligaciones de manera responsable. “Entre mayo 2022 y junio 2024, se entregaron a la CCSS más de ¢2,2 billones para atender obligaciones correspondientes a transferencias corrientes, transferencias de capital y a las contribuciones del Estado como patrono”, señaló.