El PSPV-PSOE ha comunicado al Tribunal Supremo su intención de recurrir la sentencia de la pieza separada del caso Gürtel que absolvió al expresidente de la Generalitat Francisco Camps . La Audiencia Nacional exoneró en mayo al exdirigente del PP del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación. Camps estaba acusado de beneficiar a la trama con la adjudicación en 2009 a la empresa Orange Market, cuyo responsable era Álvaro Pérez 'El Bigotes', del contrato para diseñar el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur. Sin embargo, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal señalaron que «no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión» por su parte en ese procedimiento. Ahora, tal y como ha avanzado Las Provincias, las exdiputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno anunciaron oficialmente este lunes ante el Alto Tribunal un recurso de casación argumentando, entre otros, que la sentencia de la Audiencia Nacional no está lo suficientemente motivada. Esto evitará que el fallo judicial sea firme, condición que algunos dirigentes del PP pusieron sobre la mesa antes de abordar la rehabilitación política de Camps, exonerado en una decena de causas en las que ha figurado como acusado -el juicio de los 'trajes'- o investigado -la visita del Papa a Valencia o la Fórmula 1- a lo largo de quince años. En una comparecencia este martes ante los medios, Francisco Camps se ha mostrado «convencido» de que el recurso de casación «también caerá por su propio peso», porque la relación de hechos probados que hizo el tribunal demuestra que «no hay nada de nada» . Para Camps, la sentencia es de una «firmeza absoluta» y de su lectura se extrae «la imposibilidad de cualquier recurso». «No me dan miedo y no tienen catadura moral para poder decir nada de mí», ha aseverado sobre los socialistas. A su juicio, el PSOE «actúa con inmoralidad y absoluta falta de ética», frente a una «absolución unánime», para continuar «persiguiéndole». Camps «imagina» que la Fiscalía también recurrirá su absolución, ha sostenido, porque «va al unísono de lo que el PSOE necesita en cada momento». «Quién ha dado la orden al abogado para recurrir? ¿La ha dado Pedro Sánchez o Ximo Puig? ¿Con qué dinero lo están pagando? », se ha preguntado el exlíder de los populares valencianos, al tiempo que ha recordado que un recurso ante el Supremo es «muy caro». «No voy a parar. Voy a seguir con el interés y la ilusión de volver a la primera línea política», ha reiterado en varias ocasiones. Al respecto, ha asegurado que se siente «muy arropado» por militantes y simpatizantes del PP, aunque no ha comentado la noticia con los dirigentes del partido. Pese a que el recurso añadirá «un año o un año y medio más» a su periplo judicial, retrasando así su anhelado regreso, Camps ha indicado que «lo importante en la política es el trabajo diario»: «No pasa absolutamente nada, porque estaré aún más preparado, con más opciones y más fuerza ». En su resolución de mayo, la Sala de lo Penal sí condenó a los integrantes del denominado grupo Correa, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez , al haberse conformado con las penas que acordaron con las acusaciones, de hasta dos años y tres meses de cárcel, por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. Los magistrados también condenaron a otros ocho acusados a penas de entre diez meses de prisión, como la impuesta al jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva) Enrique Bort, hasta los ocho años de cárcel, como la que recayó sobre el gerente de Orange Market Cándido Herrero. Junto a Camps fueron absueltos tres exconsellers -Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado-, así como cargos y funcionarios de la Generalitat involucrados en distintas contrataciones menores por valor de 1,8 millones de euros entre 2004 y 2009, relacionadas también con la celebración del Open de Tenis y la Volvo Ocean Race, en las que habrían tenido un presunto trato de favor las empresas de Correa, cabecilla de la trama. La acusación sostenía que el entonces presidente autonómico había ordenado expresamente a la exdirectora general de Promoción Institucional Dolo Ibars que adjudicara el contrato de Fitur a 'El Bigotes' por la relación de amistad que ambos mantenían. Algo sobre lo que «no existe testigo, escrito o comunicación alguna», según la Audiencia. Tampoco puede deducirse, señalaron los magistrados, que Camps «fuera responsable de todos los actos de Pérez o que favoreciera las actividades del mismo dentro del ámbito de la contratación pública» por el hecho de que mantuvieran conversaciones telefónicas en Navidad, que Camps acudiera a la boda de la hija del empresario o por las «opiniones de terceras personas».
