La Justicia: “botín” del Pacto Corrupto, por Diego García-Sayán
Como lo he recordado varias veces en esta misma página, la justicia es la principal arma con la que cuenta una sociedad civilizada para enfrentar la corrupción, el crimen y la inseguridad. Para lograr esto, se debe contar no con cualquier “justicia”, sino con una justicia fuerte y, especialmente, independiente.
Así es como la justicia puede merecer el respeto y la credibilidad de la ciudadanía y de la comunidad internacional. Y que podría —debiera— ser, a la vez, una institucionalidad interlocutora de la cooperación judicial internacional, una articulación indispensable para enfrentar con éxito al crimen organizado transnacional, haciendo uso de la crucial Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Al Pacto Corrupto que nos gobierna le son ajenos ciertos valores fundamentales, como la independencia judicial y la necesidad de contar con un sistema judicial fuerte, esencial para luchar contra el crimen y la inseguridad, y poder articular para ello con la comunidad internacional.
Mucho cuidado, pues, con la agenda oscura de quienes apuntan a tener un sistema judicial gris y sometido al poder político o corrupto. Muy visiblemente, el Pacto Corrupto apunta a controlar el sistema de designación de magistrados y fiscales, y visiblemente, hasta ahora, el Pacto ha actuado exclusivamente siguiendo los propios intereses de sus integrantes. Una combinación peligrosa.
Por eso es tan importante que el proceso en marcha de designación de la nueva integración de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea transparente y participativo. Se está contra el tiempo, pues la fecha de juramentación de la nueva membresía de la JNJ está a la vuelta de la esquina: será el 30 de octubre.
Bajo la mira…
Dada su papel crucial en la designación y/o destitución de jueces y fiscales en todos los niveles, no es casualidad que el venal Congreso le haya puesto la puntería —desde hace rato— a la JNJ. Parte esencial de las fichas que mueve o deja pasar, en general, el Pacto Corrupto.
En su momento, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue parte activa del sórdido coro contra la JNJ. Institución clave en nuestra jaqueada democracia que, como se recordará, en ejercicio de sus atribuciones, le abrió una investigación a la entonces fiscal Benavides. En lugar de comparecer ante la JNJ, como era su obligación, Benavides buscó librarse de la investigación con juegos tinterillescos.
Ha corrido mucha agua bajo los puentes. Y la JNJ está, otra vez, en lo que podríamos llamar el centro de la cancha. Está en juego nada menos que la designación de sus integrantes; es decir, nada menos que las personas con la alta responsabilidad de designar y evaluar a magistrados y fiscales de todos los niveles. Inmenso poder.
…Y sin garantías
Un grupo muy importante de más de 60 calificadas organizaciones de la sociedad civil acaba de emitir públicamente un sólido balance preliminar sobre el proceso de selección en marcha de los nuevos miembros de la JNJ. Entre ellas destacan la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asociación Nacional de Centros (ANC), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Se han señalado varios aspectos muy relevantes, dentro de los que destacan algunos como los siete siguientes:
- Contra lo que exige la norma y los estándares supranacionales de derechos humanos, “la sociedad civil no ha podido participar de forma real y aportar, desde el inicio, en este proceso de selección (por ejemplo, al no prepublicarse el reglamento o las bases de este concurso)”.
- No se ha conocido desde el inicio y a tiempo la información “los protocolos de gestión de cada etapa del concurso, las instituciones o profesionales que han sido convocados para la evaluación en general y para cada etapa”. “Al no cumplirse con las garantías constitucionales de publicidad y transparencia que señala la Constitución…, ha hecho impracticable el ejercicio de la participación ciudadana en varias etapas del proceso”.
- Un hecho preocupante es que “… no se requiere en el concurso la presentación de las tesis o documentos relacionados a las evaluaciones para obtener los títulos de grado o posgrado, a pesar de los problemas que en un pasado reciente ha significado la no exposición de esta documentación (por ejemplo, con el caso de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, o con posibles denuncias de plagio)”. A esa falta de transparencia, las entidades denunciantes añaden que “la Defensoría del Pueblo no haya respondido debidamente a los pedidos de información” de dos congresistas.
- A lo anterior se añade, según la denuncia, que la Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia de Perú (MIO-Perú) no pudo reunirse con la Comisión Especial que preside el Defensor del Pueblo para hacerle llegar sus aportes sobre el proceso de selección. Grave, ¿qué le ocultan al mundo?
- Los denunciantes añaden “… la desconfianza objetiva que recae sobre varios integrantes de la Comisión Especial de selección de la nueva Junta Nacional de Justicia. O han desacatado decisiones de una corte supranacional de derechos humanos, o han violado la ley recibiendo condecoraciones de personas investigadas por la justicia, han sido cuestionados por conflictos de interés, o no están ejerciendo de manera contundente desde sus funciones constitucionales”.
- Finalmente, las entidades denunciantes se refieren al grave hecho de que, mientras está en marcha este proceso de selección, “el Congreso de la República viene planteando y aprobando todo un paquete normativo que vulnera directamente la independencia judicial, fiscal y de la JNJ, así como las autonomías de este sistema”.
El hecho es que el proceso de selección de candidatos/as lo lleva a cabo una comisión dirigida nada menos que por Josué Gutiérrez Cóndor, cuestionado Defensor del Pueblo, quien fuera abogado del prófugo Vladimir Cerrón.
Varios cuestionamientos y críticas apuntan, precisamente, al Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta que quienes “… lo eligieron para el cargo son quienes están impulsando estos ataques a la JNJ y a las instituciones del sistema de justicia, sustenta aún más la razonable preocupación, desconfianza y falta de garantías sobre su apariencia de independencia e imparcialidad para la dirección del proceso de selección de la nueva Junta Nacional de Justicia”.
La sociedad democrática debe prestar mucha atención al desempeño de esta Comisión y darle cercano seguimiento. Ya se conocen algunos nombres de candidatos poco presentables por sus oscuras trayectorias en colisión con la legalidad. Hay hasta un candidato —Gino Ríos Patio, por ejemplo— cuestionado por haber publicado como propios párrafos enteros que son de otro autor.
En medio de todo… ¡esperanza!
La justicia es la principal arma con la que cuenta una sociedad civilizada para enfrentar la corrupción y hacer posible la cooperación internacional para derrotarla. Mi homenaje a todos los jueces que, con valentía y sabiduría, están enfrentando al siniestro brazo de la corrupción. Es importante que puedan resistir a las amenazas y bravatas provenientes del Pacto Corrupto.