Vivienda recula y asegura que "premiará" a las regiones que apliquen la Ley de Vivienda sin quitar fondos a las gobernadas por el PP
El fracaso de la Ley de Vivienda tras más de un año de aplicación ha enfrentando este jueves al Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular durante la Conferencia Sectorial de Vivienda. El encuentro ha estado marcado por la amenaza de la titular del ramo, Isabel Rodríguez, que hace una semana avisó de que el Gobierno reducirá la financiación estatal a las comunidades autónomas "insumisas" con la Ley de Vivienda, una norma que ha conseguido el efecto contrario para el que fue creada: los topes a las subidas de los alquileres ya contratados y las declaraciones de zonas tensionadas en las regiones -solo vigentes en Cataluña-han provocado la huida de miles de propietarios a modalidades de alquiler exentas de esta regulación, como el temporal, de habitaciones o turístico, dejando la oferta de alquiler habitual en mínimos y disparando los precios a máximos.
Vivienda ha rebajado el tono este jueves y ha afirmado que, en virtud de lo que le faculta la Ley de Vivienda, aquellas que cumplen podrán verse beneficiadas de una serie de actuaciones extraordinarias, descartando que se puedan quitar fondos al resto. El departamento dirigido por Isabel Rodríguez habla ahora de "premiar" a aquellas comunidades que están aplicando la Ley de Vivienda, aplicando para ello otra serie de medidas extraordinarias de las que se van a poder beneficiar, que no han especificado, lo que no implica que se quiten fondos al resto, como las gobernadas por el PP que descartan declarar zonas tensionadas, según han apuntado este jueves fuentes del Ministerio. La ministra de Vivienda insiste en que ofrece "acuerdo, colaboración y recursos" y espera del PP, "que es un partido de Estado que ahora está en la oposición, que haga lo que se espera, alcanzar un pacto entorno a la vivienda", ha indicado en declaraciones a los medios antes de que diese comienzo la reunión.
Pese a este posicionamiento más conciliador, Rodríguez ha asegurado que hay determinados aspectos de la Ley de Vivienda que las gobernadas por el PP no están cumpliendo: "Lo que obliga la ley es claro y contundente. Si hay zonas de extraordinaria emergencia, tensionadas, y existir existen, tenemos que actuar y las administraciones hacer lo posible para revertirlo en el menor tiempo posible". De momento solo Cataluña aplica la limitación de los alquileres y desde la Generalitat ya ven una tendencia de caída en el precio de los alquileres de entre el 3-5%.
A este respecto, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha exigido a Isabel Rodríguez, una rectificación “inmediata” por las acusaciones a las comunidades autónomas de incumplir la Ley de Vivienda. “En su afán por pervertir hasta el propio lenguaje, la ministra dio a entender que las comunidades autónomas que no hemos declarado zonas tensionadas estábamos infringiendo la ley. Eso no es así, la intervención de precios es una herramienta que contempla la ley, pero cuya aplicación es potestativa por las comunidades autónomas que son quienes ostentan la competencia exclusiva en la materia”, ha recalcado el consejero.
En esta línea, las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP, junto con Ceuta y Melilla, han publicado un comunicado a primera hora de la mañana, antes de reunirse con la ministra de Vivienda, en la que han dejado claro su "rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de España de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de todos los españoles". Muestra de ello, es la evolución del precio del alquiler: entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se ha incrementado un 32% y desde la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13%. El PP también rechaza el procedimiento para imponer la aplicación de la Ley de Vivienda, "mediante un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta".
Los territorios del PP han reiterado su negativa a declarar "zonas tensionadas" en sus territorios, una medida que permite intervenir en los precios del alquiler. Según argumentan, la intervención en los precios del alquiler, lejos de ser una solución, tendría efectos contraproducentes, como el incremento de los precios y una reducción de la oferta de vivienda disponible. Las autonomías gobernadas por el PP defienden que la decisión de declarar zonas tensionadas es una potestad de las comunidades autónomas, subrayando la legalidad de su postura y el derecho de sus territorios a decidir sobre este asunto.
Además, han recordado al Gobierno que tiene la obligación de distribuir los recursos públicos de manera equitativa entre todas las comunidades, sin importar su situación política. En el comunicado, advierten que no hacerlo sería un "quebrantamiento del ordenamiento jurídico" y de las "buenas prácticas" en la gestión de los fondos estatales y comunitarios. Por ello, añaden que "no toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autonómicas".
Nuevo bono joven del alquiler en noviembre
El encuentro de este jueves servirá para que el Gobierno y las comunidades autónomas continúen trabajando en la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven de 2024, que podría aprobarse en Consejo de Ministros a mediados de este mes para poder empezar a funcionar en noviembre, tal y como han indicado fuentes de Vivienda. La cuantía finalmente será de 200 millones de euros, al igual que en las últimas dos convocatorias ante "la falta de Presupuestos", a pesar de que la ministra anunció que se aumentaría. El objetivo es que esta nueva convocatoria llegue a 66.000 jóvenes, al igual que las dos anteriores convocatorias.
La propuesta del PP
La Ley de Vivienda que propone el PP incluye exenciones fiscales dirigidas a los caseros, con la meta de que se destinen más inmuebles al mercado del alquiler, así como eliminar las zonas tensionadas. También incluye medidas para fomentar el ahorro de los jóvenes, como rebajar los impuestos a los jóvenes en sus primeros cuatro años como empleados haciendo que no paguen IRPF el primer año y lo tengan bonificado al 75%, 50% y 25% en los tres siguientes ejercicios, respectivamente.
Además de esta medida, el PP buscará que haya más suelo disponible y facilitar los trámites administrativos, con el objetivo de que en España puedan construirse hasta 200.000 nuevas viviendas cada año. Los populares pretenden poner en marcha además un régimen fiscal que favorezca las donaciones dentro de las familias o facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, tanto a través de la compra como del alquiler.
El PSOE exigirá a las autonomías blindar el suelo donde se construyan viviendas públicas
El PSOE, por su parte, presentará proposiciones no de ley en todos los parlamentos autonómicos para exigir a los gobiernos regionales la no enajenación de suelo o viviendas protegidas. El objetivo es que las comunidades garanticen, en normas con rango de ley, la calificación permanente de las viviendas protegidas que se construyan sobre suelo de reserva privado y público para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la legislación estatal, ha señalado en un comunicado. También solicitan que las comunidades autónomas no puedan enajenar los bienes patrimoniales de los parques públicos de vivienda, a no ser que sea a otras administraciones públicas.