Cuestionan proyecto que busca restringir labor de politólogos

Diversos grupos de especialistas y estudiantes de ciencia política en el país cuestionan un proyecto de ley del Congreso que busca crear un colegio de politólogos que restrinja el ejercicio de esta disciplina. La propuesta, a espera de segunda votación del Parlamento, está en agenda del Pleno a continuar hoy, jueves 3.

En la iniciativa, se dice que “la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión de politólogo” y “para ser miembro del Colegio de Politólogos del Perú se requiere haber obtenido título profesional de licenciado en Ciencia Política”.

Politólogos de universidades del Perú y el exterior expresaron preocupaciones, en un pronunciamiento, principalmente por la falta de participación inclusiva en la elaboración del proyecto, la exclusión de profesionales al obligar a un título y colegiatura, el riesgo en la independencia y desarrollo profesional y la burocratización innecesaria.

La propuesta fue presentada por el congresista José Elías, de Alianza para el Progreso (APP), cuando estaba en Podemos Perú, en octubre del 2021. En el Congreso pasado, su hermano, Miguel Elías, de Fuerza Popular, planteó un proyecto similar.

José Elías incursionó en política como candidato del fujimorismo en 1995, sin éxito, y tránsfuga a favor de Alberto Fujimori el 2000. Del 2011 fue congresista de Fuerza Popular.

José y Miguel Elías han tenido como asesor principal a Miguel Ibarra, titulado en Ciencia Política de la Universidad Villarreal y presidente de la llamada Asociación Nacional de Politólogos (ANPP), que promueve la creación el colegio en ciernes y que integraría su comisión organizadora, según el proyecto.

Los lazos con el fujimorismo de los Elías y alegatos de Ibarra contra “caviares”, teoría de conspiración argüida en la derecha extrema, atizan alarmas.

Alertas

“Es una mala idea debido a que burocratiza y excluye, principalmente. Se crea una instancia que captura una renta de egresados que se pueden perjudicar porque, si no aportan, no podrían acceder a puestos de trabajo. Esa contribución, a su vez, no redundaría necesariamente en beneficios para el colegiado”, dice el politólogo Arturo Maldonado, director de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) y socio gerente general de la consultora Cincuenta Más Uno.

“Se podría aplicar a algunas carreras, no a la Ciencia Política. Excluye a un número significativo de profesionales que tienen posgrados en Ciencia Política y no podrían ejercer como politólogos al creer erróneamente que solo se es politólogo por estudios de pregrado” añade.

Hay quienes alertan sobre las dos posiciones contrapuestas.

“El afán por su urgente construcción o su pleno rechazo albergan intereses poco claros para la mayoría de estudiantes. Quienes lo promueven tienen posturas arbitrarias e ilegítimas. Quienes de ninguna manera piensan admitir su construcción se oponen básicamente por un asunto laboral”, dice el politólogo Martín Navarro, coordinador del Diplomado en Análisis Político de la Universidad Mayor de San Marcos.

“Lograron su aprobación en primera votación porque el contexto político es de desmovilización y la correlación de fuerzas en un Congreso reñido con la ética y deficientemente representativo les favorece” aduce.

La colegiación obligatoria es un factor clave en los riesgos.

“Estoy a favor de un colegio para institucionalizar la profesión. Sin embargo, no estoy muy de acuerdo con la obligatoriedad. La libertad es importante. Otra observación: no debería ser un colegio nacional porque crea centralismo. Debería haber colegios departamentales y junta nacional”, dice Ricardo Grundy, director de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa.

“Un sector cree que se institucionaliza con un colegio. Sin embargo, a la propuesta le falta legitimidad y rigurosidad técnica. Una colegiación obligatoria precarizaría más el trabajo en la Ciencia Política y agravaría brechas de género. La titulación es bastante baja y se debe atender eso antes” dice Angélica Cerquin, directora de la Asociación Peruana de Politólogas (APAP).

“Además, que se ponga una asociación no representativa de la comunidad de politólogos alerta de que hay otros intereses, sean políticos o de un grupo de una manera particular”, agrega.

Los vínculos de los impulsores refuerzan sospechas de que se apunta a un control de las expresiones sobre política para favorecer intereses de un sector.

“La idea fue promovida por el asesor que representa a la Asociación Nacional de Politólogos, lo que genera inquietudes de posible conflicto de intereses. Esa asociación no representa legítimamente a la comunidad de politólogos en Perú, no ha demostrado gestión activa en beneficio de la mayoría. Además, el proyecto fue elaborado sin consultar a la comunidad politológica”, dice Maira Chagua, vicepresidenta del capítulo peruano de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (IAPSS Perú).

“El proyecto representa riesgo para el libre ejercicio profesional de la Ciencia Política. Las funciones de supervisión de la calidad del ejercicio profesional y la definición de un ejercicio ‘idóneo’ son imprecisas. Su aplicación discrecional podría resultar en la persecución de politólogos/as con posturas disidentes o críticas hacia algún grupo de poder”, advierte.

Chagua recuerda que la ANPP emitió un pronunciamiento en enero del 2023 en que, tras los decesos por la represión a las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, exhortó a los órganos de justicia a investigar “para sancionar a quienes, pretendiendo subvertir el orden constitucional mediante actos terroristas, propiciaron estas muertes”.

El Congreso definirá si vuelve a legislar contra el bien común para beneficiar intereses particulares o empieza a enmendar.