Gobierno frenó rebaja de impuesto a trabajadores independientes gracias a 2 diputados del PUSC
Dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ayudaron a los ocho congresistas de gobierno a frenar el proyecto de ley que rebajaría el impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes. Ellos aportaron las dos firmas que faltaban para enviar el plan a consulta de la Sala IV.
Se trata de los socialcristianos Alejandro Pacheco Castro y Carlos Andrés Robles Obando, quienes sellaron la consulta gestionada por Pilar Cisneros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), sobre el expediente legislativo 23.578.
El documento entró a la Sala Constitucional, este jueves pasado el mediodía. La consulta facultativa frenará el avance del proyecto por un mes, en caso de que el tribunal la acoja.
En esta, el grupo de 10 diputados argumenta que el proyecto no se consultó al Poder Judicial y que no hay registro de la votación del dictamen. Además, alegan lesiones al derecho de enmienda y al principio equilibrio tributario.
Cisneros confirmó que el texto de la consulta lo preparó el Ministerio de Hacienda, el cual se opone al señalar que el fisco dejaría de percibir ¢7.000 millones anuales por la rebaja.
También había sumado su firma la independiente María Marta Padilla, pero ella finalmente la quitó. Los ocho oficialistas que firman la gestión son Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Paola Nájera, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña y Alexánder Barrantes.
Esta iniciativa, planteada por el Frente Amplio, bajaría el impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes, principalmente a los de menores ingresos.
Quedarán exentos aquellos independientes con ingresos inferiores a ¢6.244.000 anuales (un promedio de ¢520.000 mensuales). Actualmente, están exonerados quienes perciban menos de ¢4.181.000 al año (¢348.000 por mes).
El cambio en dicha base implicaría una rebaja para todos los demás grupos de ingresos, pues este tributo se cobra en forma progresiva. Así, por ejemplo, quienes tengan ingresos anuales por ¢7 millones, pasarán de tributar ¢320.000 a ¢75.000.
El proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 23 de setiembre y se había fijado el segundo debate para este jueves 3 de octubre.
Reclaman vicios de forma y de fondo
En el texto de la consulta constitucional, Hacienda argumenta principalmente tres vicios de forma y un argumento de fondo contra la iniciativa.
Reclaman los oficialistas que hubo vulneraciones del procedimiento legislativo porque no se consultó al Poder Judicial el expediente, pues alegaron que la iniciativa afecta su organización y funcionamiento, “al reducir los ingresos corrientes que nutren, por destino específico constitucional del 6%, al Poder Judicial”.
Eso lesionaría los artículos 167 y 190 de la Constitución Política, y el 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, donde se establecen los procedimientos sobre consulta a la Corte Suprema de Justicia.
En segundo lugar, argumentan que está ausente de las actas de la Comisión de Asuntos Hacendarios la forma de votación del dictamen del proyecto de ley por el fondo, “hecho que lesiona los principios de publicidad y transparencia en el procedimiento legislativo”, regulados en el artículo 117 constitucional.
El tercer reclamo es una supuesta lesión al derecho de enmienda de las diputaciones, por la ausencia de un informe del Departamento de Servicios Técnicos, “en un momento procesal tardío que restringió la posibilidad de enmendar el proyecto, lo cual lesiona el procedimiento legislativo”.
En cuanto al fondo, el argumento del oficialismo es que el proyecto lesiona el principio de equilibrio tributario para la hacienda pública y un equilibrio económico para los trabajadores.