El líder de los médicos privados reclama una reunión urgente con la directora de Muface
- Denuncian que los baremos llevan congelados 30 años
- Las aseguradoras amenazan con dejar Muface
- Las consecuencias de la desaparición del actual modelo
- Propuesta de Unipromel
- CSIF no descarta movilizaciones
El conflicto en torno al concierto de asistencia sanitaria a funcionarios sigue escalando. Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Independiente Profesional (Umipromel), que representa a unos 10.000 doctores de la sanidad privada, ha solicitado una reunión de urgencia con la directora de Muface, Myriam Pallarés, para plantear su propuesta: un modelo de atención sanitaria que excluya a las compañías aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV).
Guerrero asegura a Confidencial Digital que los profesionales sanitarios y los hospitales privados que llevan años prestando servicios a los mutualistas pueden asumir la gestión. Lo que propone es que el Estado pague directamente la atención médica de los mutualistas sin intermediarios aseguradores.
"Los médicos somos los verdaderos prestadores de los servicios, y es inaceptable que nos sigan tratando como siervos de las aseguradoras, que nos imponen baremos ínfimos que no reflejan el valor real de nuestra labor”, añade.
Denuncian que los baremos llevan congelados 30 años
Los que defienden un modelo de Muface directo, son facultativos, en su gran mayoría autónomos, que llevan años denunciando las bajas tarifas -sobre 10 euros por una primera consulta de un médico general y en torno a 15, si es un especialista- que les pagan las aseguradoras.
Desde Unipromel y otras asociaciones de médicos de de sanidad privada insisten en que los baremos llevan congelados 30 años. "Los mutualistas deben saber que por unos pocos euros no se puede ofrecer una atención de calidad", subraya.
Las aseguradoras amenazan con dejar Muface
Las declaraciones del líder de Umipromel se producen en un contexto de creciente tensión entre las aseguradoras y el Gobierno. Adeslas, Asisa y DKV han dejado entrever su intención de no participar en la nueva licitación del servicio, prevista para los próximos dos años, debido a que consideran insuficientes las condiciones económicas planteadas el pasado viernes por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.
Las aseguradoras habían propuesto un incremento del 40% en las primas, mientras que el ministerio ha sugerido una subida del 14%, cifra que, según las compañías, no cubriría los costes actuales.
El problema es complejo. Las aseguradoras afirman que, con el actual concierto, están sufriendo pérdidas anuales de unos 200 millones de euros debido a la inflación y al aumento de la siniestralidad.
La renovación del concierto, que debe entrar en vigor a comienzos de 2025, aún está en el aire y depende de un acuerdo que, de no llegar pronto, podría trasladar a 1,68 millones de mutualistas al sistema de salud pública, lo que supondría un incremento del 2% en el total de visitas de Atención Primaria a nivel nacional y más sobrecarga en las urgencias.
Las consecuencias de la desaparición del actual modelo
Un informe reciente de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), titulado Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario, alerta sobre las posibles consecuencias de la desaparición del modelo mutualista. El documento advierte que absorber a los mutualistas dentro del sistema público incrementaría las listas de espera en un 266% para consultas externas y en un 115% para cirugías.
Algunas comunidades autónomas, como Murcia, Cantabria o Castilla y León, podrían enfrentarse a una situación de colapso debido a su alta tasa de mutualistas y su limitada penetración del seguro privado. Además, el informe estima que el gasto sanitario público aumentaría en 1.214 millones de euros al año, lo que representaría un incremento del 1,3% en el presupuesto sanitario.
Propuesta de Unipromel
"Es falso que si las aseguradoras se retiran del concierto, el sistema colapse", asevera Guerrero. Según el presidente de Unipromel, los fondos destinados a la asistencia sanitaria de los funcionarios —cerca de 3.000 millones de euros que Adeslas, Asisa y DKV han rechazado— podrían ser gestionados de manera más eficiente si se eliminaran los intermediarios.
La clave, según él, es establecer un baremo sanitario nacional y abrir un concurso público para todos los prestadores, lo que permitiría una relación directa entre médico y paciente. “Luego se factura mes a mes a Muface, que tiene más de 500 funcionarios y delegaciones en 52 provincias para gestionar el proceso”, señala Guerrero.
La posición de Guerrero va más allá de una simple crítica a las aseguradoras. Pide directamente la dimisión de la directora de Muface, Myriam Pallarés, por su "manifiesta inoperancia" y por negarse a reunirse con los representantes médicos.
CSIF no descarta movilizaciones
Mientras tanto, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han expresado su preocupación por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras. En un comunicado, subrayan la necesidad de cerrar el nuevo concierto en octubre para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el 1 de enero de 2025.
"No permitiremos que el modelo mutualista muera por inanición", advierte el sindicato, que no descarta movilizaciones si no se atienden las demandas de los mutualistas.