Para el Ministerio Público, “Jochi” Gómez ‘se fue en rojo’, saboteando los semáforos

SANTO DOMINGO.-El caos vial que paralizó el tránsito en Santo Domingo entre el 28 y el 31 de agosto de 2024 ha sido una de las razones por las que el Ministerio Público ha arrestado a José Ángel Gómez Canaán, conocido como «Jochi», acusado formalmente de ser el responsable de un acto de sabotaje que afectó severamente la red de semáforos del Gran Santo Domingo, poniendo en jaque la seguridad vial de la capital.

Todo originado por el proceso de investigación sobre la legalidad del contrato para la instalación del sistema de semáforo asignado inicialmente a la empresa de Gómez Canaán y que fue suspendido por disposición de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

Operación clandestina
De acuerdo con la investigación de las autoridades, entre marzo y agosto de 2024, la empresa Transcore Latam S.R.L., bajo las órdenes de Carlos Peguero, Pedro Padovani y el propio Gómez Canaán, llevó a cabo instalaciones no autorizadas de reguladores semafóricos dotados de tecnologías avanzadas.

Estas modificaciones incrementaron el número de reguladores de 80 a 124, sin conocimiento ni autorización del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), lo que complicó las operaciones de gestión y monitoreo de la red.

El relato que acompaña la solicitud de orden de arresto indica que estas instalaciones se realizaron durante la noche, en un aparente intento de evitar ser detectados, generando posteriormente una crisis en el sistema de semáforos.

Añade que el personal de Intrant, al intentar intervenir los equipos, se encontró con la sorpresa de que las cajas de seguridad de los reguladores tenían cerraduras cambiadas sin previo aviso, lo que restringía el acceso y hacía imposible ajustar las programaciones o responder ante fallas operativas.

Una red secuestrada
Sigue contando que el presunto sabotaje no sólo consistió en la instalación de nuevos equipos sin autorización, sino que la nueva tecnología implementada impedía al Intrant realizar los ajustes necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de la red semafórica.

Señala que desde principios de agosto, comenzaron a observarse fallas intermitentes en los semáforos de intersecciones críticas como las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres, generando atascos y caos vehicular durante las horas pico.

La solicitud de orden de prisión emitida por el Ministerio Público indica que la situación se agravó el 27 de agosto, cuando, en una tensa conversación entre Jorge Luis Polanco, representante del Intrant, y Gómez Canaán, este último amenazó con suspender todo el soporte técnico de los semáforos si se seguía cuestionando la instalación de los equipos. A las 10:44 p. m. de ese mismo día, Gómez Canaán ordenó a sus técnicos, a través de un grupo de WhatsApp, suspender todos los servicios, dejando a la ciudad sin la posibilidad de monitorear o corregir las fallas.

El desenlace del sabotaje
El Ministerio Público relata que el 29 de agosto, el Intrant se vio forzado a organizar un operativo conjunto con personal militar para retomar el control de la red secuestrada.

Las acciones fueron impulsadas luego de que se identificara que el centro de control de Transcore Latam S.R.L. había desactivado de manera deliberada 14 intersecciones semafóricas, lo que inicialmente fue considerado como simples averías.

En las siguientes horas, el número de intersecciones afectadas aumentó a 44, lo que es considerado por las autoridades como una confirmación de que el apagón masivo fue orquestado por Gómez Canaán y su equipo, quienes aprovecharon su control sobre los reguladores para causar estragos en el tráfico capitalino.

La auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló que estos actos habían sido premeditados, agravando el estado del sistema y afectando directamente a miles de ciudadanos que quedaron atrapados en interminables atascos.

El detonante
El Ministerio Público considera que el detonante del conflicto fue una auditoría presentada el 26 de agosto de 2024, en la que se cuestionaba el proceso de licitación adjudicado a Transcore Latam S.R.L. por las irregularidades detectadas en la instalación de los semáforos.

Las advertencias de los técnicos del Intrant sobre el sabotaje tomaron mayor relevancia cuando se descubrió que la empresa había instalado decenas de reguladores sin autorización previa, lo que alteró gravemente el funcionamiento de la red.

El 30 de agosto, tras la salida forzada de Gómez Canaán de las instalaciones del Intrant, un equipo de técnicos desactivó los seis nodos de comunicación de Transcore Latam S.R.L., tomando control manual del sistema semafórico.

Sin embargo, la empresa respondió apagando 69 semáforos adicionales, lo que agravó el caos en las arterias principales de la ciudad.

Orden de prisión
La solicitud de orden de prisión recuerda que en los días posteriores, Gómez Canaán, utilizando su cuenta en «X» (antes Twitter), publicó mensajes amenazantes contra el director del Intrant, Milton Morrison, y el equipo que estaba a cargo de retomar el control del sistema.

Estas amenazas, sumadas a las acciones de sabotaje, llevaron a las autoridades a tratar el caso como un asunto de seguridad nacional, iniciando acciones legales contra Gómez Canaán y sus colaboradores.

Adjudicación

1,317 Millones de pesos.
Es el monto del contrato adjudicado a Transcore Latam S.R.L para la modernización de los semáforos.

Hay mucho por decir, afirma Carlos Pimentel
Investigación. El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, indicó que hay mucho más que decir de este caso, pero que será prudente por ahora.

El funcionario precisó que estará a la disposición de ir a cualquier instancia para defender sus actuaciones “como lo hemos hecho siempre”.

Refirió que Compras y Contrataciones emitió cinco resoluciones con las cuales anuló toda la documentación vinculada a esa licitación para la contratación del sistema de semáforos.

Hugo Beras dijo recientemente que los organismos de control del Estado fallaron en cuanto al proceso que se realizó para la adjudicación del contrato a la empresa ganadora.

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