Jueza Sonia Torre quiso inhibirse de ver el caso de los ex asesores de la ex fiscal Patricia Benavides
La audiencia de apelación a la prisión preventiva dictada contra los supuestos colaboradores y cómplices de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el caso Valkiria, sufrió un bache que estuvo por hacer colapsar y tener que repetir todo el proceso, a cargo de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.
El jueves, 3 de octubre, cuando los alegatos de la fiscalía y los abogados defensores casi había concluido, la presidenta del tribunal, la jueza superior Sonia Torre Muñoz recordó que ella tuvo participación en la génesis de uno de los ocho hechos que se atribuyen a la presunta organización criminal: la irregular sanción de suspensión al fiscal superior Rafael Vela Barba.
Esto supone, reconoció la magistrada, un eventual conflicto de interés entre el resultado de la apelación preventiva y la investigación en trámite.
Para superar la situación sin que tener que repetir toda la audiencia, Torre Muñoz presentó su inhibición parcial a continuar viendo el caso, pero solo respecto al punto ocho.
Es decir, continuaría evaluando y resolvería la prisión preventiva por los hecho uno al siete, mientras que otro juez se integraría al tribunal para evaluar y tomar la decisión sobre el hecho ocho.
Esta solución si bien permitía salvar la audiencia, podía generar otros problemas más complicados, como decisiones contradictorias, si unos jueces anulan la prisión y otros la ratifican.
Además, si bien cada uno de los procesados: Miguel Girao, José Luis Castillo y Jean Valer responden por delitos y hechos distintos, la imputación por organización criminal alcanza a todos, por todo.
Una inhibición y la decisión inmediato salvo la audiencia de apelación
Así, las cosas, el viernes 4 de octubre, por la mañana, el colegiado fue reestructurado con el ingreso de la jueza Edita Condori, en lugar de Sonia Torre, con la única agenda de resolver la inhibición y, con ello, el futuro de la audiencia.
Los jueces Edita Condori, Johnny Contreras Cuzcano y María Felices Mendoza decidieron rechazar la inhibición de Torre Muñoz al no establecer una conexión directa con la situación del fiscal superior Rafael Vela.
La decisión se notificó de inmediato y eso permitió que la audiencia continúe de inmediato, se evalúen los ocho hechos y llegue a su conclusión, quedando lista para que los jueces debatan su decisión y emitan la resolución.
El tribunal informó que antes del viernes, 11 de octubre, resolverán si confirman o rechazan total o parcialmente la prisión preventiva, mediante notificación que remitirá a las casillas de los abogados.
Sonia Torre y la sanción al fiscal Rafael Vela
En abril del 2020, una Sala de Apelaciones, integrada por Sonia Torre revocó la prisión preventiva por 15 meses que cumplía la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori en el caso Cócteles.
Dicha decisión, generó una serie de críticas del fiscal Vela al considerar que los jueces tenían un trato “privilegiado y diferenciado” con la líder de Fuerza Popular y que ya tenían una decisión tomada antes de la audiencia.
La jueza Sonia Torre recogió las declaraciones a la prensa y remitió un informe ante la entonces presidenta de la Corte Superior Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, señalando que el fiscal había agraviado a los jueces. Villa Bonilla remitió el informe a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Un par de años después, de acuerdo con la fiscalía, la presunta organización criminal de Patricia Benavides habría utilizado el informe de Torre Muñoz para promover un proceso disciplinario y lograr que la Autoridad de Control suspenda al fiscal Rafael Vela, por ocho meses y 15 días, con el objetivo de apartarlo del Equipo Especial Lava Jato.
Posteriormente, mediante una medida cautelar, la Primera Sala Constitucional de Lima ordenó, de manera provisional, dejar sin efecto las resoluciones de sanción emitidas por la Autoridad de Control, y el fiscal superior pudo reincorporarse a sus actividades en el Ministerio Público.
La juventud del fiscal y los abogados
Al concluir la audiencia, la jueza Sonia Torre resaltó el buen comportamiento y desempeño de las partes y sus abogados en el desarrollo de las audiencias de apelación a la prisión preventiva.
Además, destacó la juventud del fiscal superior que defendió la prisión preventiva y de los abogados defensores al presentar sus objeciones a la decisión del juez Raúl Justiniano Romero.
En especial, elogió la participación del abogado Eduardo León, hermano de Castillo Alva: A usted lo hemos visto en otras audiencias, siempre a la sombra de su hermano. Todos han cumplido su labor de la mejor manera, independiente de la decisión que tome el colegiado, anotó la jueza.
Piden ser investigados en Libertad
Miguel Girao, José Luis Castillo y Jean Valer pidieron que se les permita afrontar la investigación en libertad al no existir, señalaron, evidencias de que pretendan fugar o busquen evadir las investigaciones.
Además, negaron haber participado en los presuntos hechos ilícitos que se les atribuye y que han demostrado tener los arraigos, como actividades laborales y relaciones familiares, que aseguran su sometimiento al proceso.
La fiscalía reiteró que existe peligro de que perturben las investigaciones. El juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano Romero dictó prisión preventiva por 36 meses contra los mencionados investigados.
Los hechos atribuidos a estos detenidos están relacionados con las presuntas actividades ilícitas de Patricia Benavides como fiscal de la Nación: la remoción de la fiscal suprema Bersabeth Revilla,, la inhabilitación de la fiscal suprema y ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, los intentos por desarticular los Equipos Especiales de fiscales del caso Lava Jato y Contra la Corrupción del Poder y denuncias falsas contra Marita Barreto y los jefes policiales Harvey Colchado y Jeferson Moreno.
Además, presuntas entregas de dinero para el nombramiento y remoción de fiscales en investigaciones por diversos delitos, un presunto intercambio de favores entre el abogado Castillo Alva y Benavides para frustrar sus respectivas investigaciones y actos de corrupción en compra de equipos para el "Date Center" del Ministerio Público.