Gasto en remuneraciones de Gobierno retomará tendencia a la baja en presupuesto 2025
El gasto en remuneraciones de los empleados del Gobierno como porcentaje de la producción, retomará su tendencia a la baja en 2025, luego de que en el 2024 se espera un aumento por un desembolso no recurrente. Según el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para el próximo año, el Ministerio de Hacienda prevé destinar ¢2.906.927 millones en salarios y contribuciones sociales, lo que representa el 5,54% del producto interno bruto (PIB).
Desde el 2018, el gasto en remuneraciones como porcentaje del PIB muestra un comportamiento a la baja, el cual se vio frenado en dos ocasiones. La primera en 2020, año en el que se inició la pandemia de la covid-19, y luego en 2024, debido a que Hacienda presupuesta que este gasto aumentará en dos décimas del PIB respecto al 2023. Sin embargo, en valores absolutos, esta partida presupuestaria crecerá en ¢34.775 millones en 2025, si se compara con el monto del 2024.
El gasto en remuneraciones incluye los recursos destinados a cumplir con las obligaciones salariales de las entidades públicas, como incentivos (dedicación exclusiva, prohibición del ejercicio liberal de la profesión, años de servicio, entre otros) y contribuciones sociales.
Para establecer la comparación en el tiempo se consideran los montos devengados por el Gobierno Central en cada año (registrados cuando se generan las obligaciones), salvo para 2024 y 2025, donde se utilizan los montos presupuestados en agosto de 2024, en el proyecto de presupuesto ordinario.
El mayor gasto en remuneraciones para 2024 responde al pago de aumentos salariales retroactivos a un grupo de empleados públicos, ejecutado entre marzo y abril. Estos ajustes, congelados desde 2020, correspondían a un incremento general de ¢7.500 en la base salarial.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, atribuyó el comportamiento a la baja a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece la regla fiscal, la cual congela los salarios de los empleados públicos siempre que la deuda pública no baje del 60% del PIB. Esta ley también fija el incentivo por anualidad como un monto nominal invariable, evitando su crecimiento con el tiempo.
Aumento salarial retroactivo y caída en ingresos frenan mejoría fiscal
Villegas también mencionó que la reforma a la Ley de Salarios de la Administración Pública de 2020, que congeló las anualidades de 2021 y 2022, y la Ley Marco de Empleo Público, que impuso el salario global, contribuyen a la reducción de la proporción del PIB destinada a remuneraciones, dado que la economía ha crecido más rápidamente que los salarios.
Fernando Rodríguez, exviceministro de Egresos de Hacienda, discrepó en que la Ley de Empleo Público haya tenido un impacto significativo hasta el momento. Atribuyó la reducción, principalmente, a la reforma fiscal de 2019. Añadió que el aumento en el porcentaje del PIB destinado a salarios en 2020 se debió a la caída en la producción causada por la pandemia, lo que redujo la base de cálculo y provocó un aumento en el porcentaje del gasto.
Gasto en incentivos salariales se dinamiza; sueldos base se desaceleran
Aunque el Ministerio de Hacienda argumentó que el pago retroactivo a 130.000 empleados públicos responde a un compromiso adquirido en 2022 y a la organización de la deuda, Villegas opinó que no era el momento adecuado para ejecutarlo, dado que representa un aumento permanente en los salarios en un contexto donde el gasto por intereses continúa creciendo y los ingresos del Gobierno están impactados por leyes como la reducción del marchamo y el proyecto que busca disminuir el impuesto sobre la renta a trabajadores independientes.
Rodríguez advirtió de que aunque la menor partida en remuneraciones debería liberar recursos para el pago de la deuda, podría afectar la competitividad del sector público como empleador, reduciendo la calidad de los profesionales en algunas áreas, como ha señalado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
MEP representa más del 50% del gasto en salarios para 2025
Con los ¢2.906.927 millones destinados a remuneraciones el próximo año, el Gobierno financiará el pago de 152.858 puestos, la mayoría, 85.876, pertenecen al Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Seguridad Pública (18.052), el Poder Judicial (13.742) y el Ministerio de Justicia y Paz (8.369). Los otros 26.819 puestos se distribuyen entre las 20 entidades restantes. El presupuesto contempla el financiamiento para 67.492 docentes y 24.095 policías.
El MEP concentra el 53,5% de los recursos de esta partida, aunque su presupuesto muestra una reducción de ¢24.940,1 millones, principalmente debido a la eliminación del pago retroactivo por costo de vida, que no será necesario en 2025.
A pesar de la disminución en el porcentaje del PIB, en términos absolutos el gasto aumentará, sobre todo en el Poder Judicial por la creación de nuevas plazas y en el Ministerio de Seguridad, debido a ajustes en el salario base de los policías, cambios en las escalas salariales y el pago de resoluciones administrativas, según el proyecto de ley.
Hacienda destacó el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que verá un aumento del 28,6% en su asignación presupuestaria respecto a 2024, debido al pago de salarios globales a 214 funcionarios, contribuciones a la CCSS, Banco Popular, asociaciones solidaristas y otros.