Amenazaron a líder comunero antes de asesinarlo: “Déjame tranquila a la empresa Argüelles”

Santiago Guardamino Gonzales sabía que lo iban a matar si persistía en su intento de invalidar la venta fraudulenta de un terreno de propiedad de la comunidad que dirigía. No era una intuición. Tampoco lo entrevió en una pesadilla. Mucho menos se trataba de un presagio de Santiago Guardamino. Fue una amenaza real porque luego se cumplió. 

Un sujeto lo llamó al celular expresamente para advertirle que dejara en paz a la compañía Industrias Argüelles y Servicios Generales, que había adquirido el predio de la comunidad a un precio subvaluado mediante un proceso en el que se usaron documentos fraguados. Santiago Guardamino grabó al individuo. Esta fue la conversación: 

NN: Aló, Santiago Guardamino. Escúchame, papito. Déjame tranquila a la empresa Argüelles. Por favor, ¿ya? Te estoy llamando de la Universidad de Huacho. Por favor, te lo voy a pedir bastante. Guardamino: ¿Qué ha pasado? 

NN: Lo único que yo quiero es que a la empresa Argüelles la desligues totalmente.

Guardamino: ¿Yo qué estoy haciendo? 

NN: Ya tú sabes, hijito. Estamos conversando. Somos personas civilizadas. 

Guardamino. Yo también soy persona civilizada y las cosas tienen que ser justas. ¡Como son! 

N: Papito, te lo estoy pidiendo por favor y de antemano. Tengo amistades en Huaral, también. 

Guardamino: Ah, tú me estás amenazando. 

NN: No lo tomes como una amenaza. 

Guardamino: Sí, hermano. Sí me estás amenazando. 

NN: No, no. Qué te voy a amenazar, Santiaguito. Por favor, cuídate bastante, ¿ya, Santiaguito? 

Guardamino: Ya, igualmente, viejo. Cuídate bastante.

La llamada amedrentadora ocurrió en 2017, cuando Santiago Guardamino Gonzales ejercía como responsable de una comisión investigadora nombrada por la comunidad campesina de Quipán, ubicada en el distrito de Huamantanga, provincia de Canta, Lima. Los agricultores habían descubierto que el expresidente de la comunidad Abel Mosquera Ortiz vendió 10.000 hectáreas a Industrias Argüelles y Servicios Generales por S/600.000, en el año 2016. Argüelles proyectó construir un relleno sanitario que en la actualidad recibe desperdicios de 9 distritos limeños y chalacos.

ES UN “ARMANI”

Para consumar el negocio, el expresidente Abel Mosquera falsificó documentos que acreditaban que supuestamente había recibido la autorización y representación de la comunidad de Quipán. Como se dice, Santiago Guardamino se compró el pleito, y en reconocimiento a sus esfuerzos por recuperar el terreno, la comunidad lo eligió presidente para el periodo 2023- 2024. Pero no pudo completar su mandato. El primero de abril de este año, dos sicarios lo asesinaron de 10 balazos, poco antes de que Guardamino arribara a su casa, en Carabayllo. La amenaza que recibió y grabó se cumplió. 

Pero para el abogado de Industrias Argüelles y Servicios Generales, Alejo Berrocal Vergara, el audio que registra la advertencia a Santiago Guardamino es un “montaje”. Y que la grabación tampoco prueba que su cliente Argüelles, que hizo la adquisición fraudulenta denunciada por Guardamino, está relacionada con el homicidio de Guardamino. “Escuché ese audio y al respecto puedo decirle una cosa: él (Santiago Guardamino) lo recibe de buena gana. Si yo recibo una amenaza de esa naturaleza, bien lo corto o lo asusto (al sujeto). Pero él lo recibe de buena gana y todavía se despide. Eso es ‘armani’ (armado, montaje). La policía ni la Fiscalía nos han citado hasta el momento”, explicó el abogado Alejo Berrocal.

“Que lo resuelva la policía”, apuntó.

UNA COMPRA “DE BUENA FE”

Santiago Guardamino promovió dos procesos: en lo penal, contra el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortiz, por haber organizado la venta fraudulenta de las 10.000 hectáreas de Quipán. En lo civil, para declarar la nulidad del contrato de Mosquera con Industrias Argüelles y Servicios. El 6 de mayo de este año, poco más de un mes después del homicidio de Santiago Guardamino, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema rechazó un recurso que presentó Abel Mosquera y confirmó cuatro años de prisión suspendida, S/100.000 de reparación civil, declarando nulo el contrato. 

El proceso en lo civil, que busca que Argüelles devuelva el predio, sigue en curso. El abogado de la empresa recolectora de desperdicios Argüelles, Alejo Berrocal, reconoció que el fallo de la Corte Suprema los afecta. Y añadió que esperaba una resolución favorable en lo civil porque Argüelles adquirió de buena fe el terreno. 

“En el proceso penal nosotros no somos parte del proceso, pero indirectamente nos perjudica. Respecto al proceso civil, nosotros afirmamos que compramos de buena fe. No hemos participado en ningún acto irregular. Somos una empresa seria y queremos que esto se aclare porque hacemos servicios a importantes municipalidades y con sus publicaciones pueden pensar que están haciendo trato con delincuentes”, señaló el defensor de la empresa Argüelles. 

“Hay un fin ilícito cuando ambas partes se han puesto de acuerdo, pero en nuestro caso no hubo un acuerdo (ilícito con el expresidente Abel Mosquera). Además, nosotros tenemos una tasación de parte que señala que pagamos por lo que valía ese terreno”, añadió.

ESPERANDO LA RESTITUCIÓN

La empresa Argüelles afirma que recién ha comenzado a hacer uso del terreno en Quipán en agosto de 2023. En lo que va de 2024, ha contratado con el municipio de La Molina S/4.3 millones, con Santiago de Surco S/80.5 millones y con Independencia S/33.8 millones. En total, S/ 118.7 millones. Por el predio Argüelles abonó S/600.000, “un precio justo”, según el abogado Alejo Berrocal. 

Si el objetivo del asesinato de Santiago Guardamino era truncar la restitución de las 100.000 hectáreas a Quipán, hasta el momento no ha sido así, según el abogado de la comunidad, Efrey Becerra Garay. 

“Ya se acreditó que el contrato (con Argüelles) es nulo. Con la sentencia en lo penal (de la Corte Suprema) ahora vamos a reforzar el proceso civil para que Arguelles devuelva las tierras. El Poder Judicial ya declaró que es nulo el contrato porque los documentos fueron fraguados, por lo que la vía civil no puede decir que es válido. Lo único que cabe es que el juez civil diga que el contrato es inválido y declare fundada la demanda de la comunidad. Seguro que apelarán y se irá a la superior el proceso, pero a la larga tendrán que entregar el terreno”, arguyó Becerra. 

“No hay forma de que el juez diga que la demanda de la comunidad de nulidad de acto jurídico no sea fundada, porque la penal ya dijo que es nula”, anotó el abogado Becerra. Luego de la muerte de Santiago, el representante de la empresa Argüelles, Alejo Berrocal, envió varias cartas al presidente de la comunidad de Quipán, Antenor Campos Estacio, solicitando una mesa de diálogo. “Siempre ha sido nuestra voluntad llegar a un acuerdo de ambas partes (...) para fundamentar nuestras propuestas en beneficio de todos los comuneros (…)”, se indica en una de las misivas. 

La comunidad ha decidido que siga el juicio para que los terrenos retornen a Quipán, como siempre quiso Santiago Guardamino Gonzales.

RECUADRO

● A paso lento. La investigación del homicidio de Santiago Guardamino Gonzales está a cargo del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, a cargo del fiscal Jorge Lozada Figueroa.

● En curso. La policía interroga a familiares y conocidos del fallecido presidente de la comunidad de Quipán, para esclarecer el móvil del asesinato de Guardamino. 

● Versión. El abogado de la empresa Argüelles dijo: “La policía ni la Fiscalía nos han citado hasta el momento”.