Vocales conservadores sopesan llevar al CGPJ los ataques del Gobierno a Peinado
Los ataques al juez Juan Carlos Peinado desde el Gobierno, que el pasado junio llevaron a la Comisión Permanente del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a hacer pública una declaración institucional reclamando "contención" al Ejecutivo de Pedro Sánchez, se han redoblado esta semana a escasos días de que la Audiencia Provincial de Madrid decida mañana si archiva la investigación contra Begoña Gómez por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por ahora, el actual Consejo no ha dado el paso de salir en defensa del magistrado, pero fuentes del bloque conservador aseguran a este periódico que sopesan llevar al Pleno una propuesta en defensa de la independencia judicial y reclamando moderación al Gobierno en sus críticas a los jueces si continúan las críticas al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Por ahora, sin embargo, parece que esa iniciativa tendrá que esperar. En primer lugar, porque la intención es no "interferir" en las importantes decisiones judiciales que se avecinan en relación a la investigación a Begoña Gómez. No solo la de la Audiencia de Madrid en relación a un posible archivo, sino también las que previsiblemente se conocerán en los próximos días en relación a dos de las tres querellas presentadas por prevaricación contra Peinado: la del presentador Máximo Pradera, ya deliberada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que apunta al archivo, y la que presentó la Abogacía del Estado en representación de Pedro Sánchez minutos después de que el magistrado acudiera el pasado día 30 de julio al Palacio de la Moncloa a tomarle declaración como testigo tras un intenso tira y afloja en torno a una declaración por escrito que el instructor no permitió. En relación a esta última denuncia, los magistrados del TSJM deliberarán sobre su admisión a trámite (que la Fiscalía apoya), y resolverán al respecto, el próximo martes, aunque la resolución se demorará unos días. Para conocer el recorrido de la querella de Begoña Gómez contra el juez que le investiga, a quien imputa delitos de prevaricación y revelación de secretos, habrá que esperar algunos días más, pues el Ministerio Público aún no se ha pronunciado sobre su admisión a trámite.
En cualquier caso, las fuentes del CGPJ consultadas señalan que no desean "aumentar la presión" sobre el juez Peinado y sobre la Audiencia Provincial de Madrid, aunque dejan claro que el Consejo "no va a permitir" que se ataque la independencia judicial. De ahí que hayan trasladado a sus compañeros progresistas, inciden, su "malestar" por las palabras de la vocal Argelia Queralt -en una entrevista en ElNacional.cat - sobre los "excesos" de algunos jueces durante la tramitación de la Ley de Amnistía.
En la actitud contenida del bloque conservador del CGPJ respecto a la defensa de Peinado pesa también, por un lado, que formalmente el magistrado no ha solicitado amparo al Consejo. Y, por otro, aún levanta ampollas el fiasco del pasado agosto, cuando intentó sacar adelante una declaración institucional en el mismo sentido -a la que los vocales progresistas se opusieron- para hacer frente a una intervención del ministro Óscar Puente acusando al Tribunal Supremo de "extralimitarse" en su interpretación de la Ley de Amnistía al negar su aplicación a Carles Puigdemont.
Pero, en todo caso, aseguran que si tras esas decisiones pendientes sobre el "caso Begoña Gómez" el Gobierno redobla los ataques a Peinado -hace solo unos días la ministra portavoz, Pilar Alegría, reprochó al juez que esté "pedaleando en la nada" con su investigación, sobre la que expresamente dijo que "no hay caso"-, desde el sector conservador se llevará el asunto a debate al Pleno.
En algunas asociaciones judiciales tampoco ha sentado bien la última ofensiva dialéctica del Ejecutivo contra el magistrado -justo después de que la Audiencia Provincial de Madrid tuviese que aplazar el pasado lunes su decisión sobre el archivo que reclaman la Fiscalía y Begoña Gómez por un recurso clave que el juzgado de Peinado no había remitido a la Sala-. "Una cosa es la crítica a las resoluciones judiciales, algo absolutamente sano en una democracia, y otra bien distinta el escarnio y señalamiento al juez", distingue Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Para Oliva, "este tipo de señalamientos socava la confianza ciudadana en la independencia judicial". "Hay que respetar la separación de poderes y confiar en la Justicia y en sus tiempos", defiende el magistrado.
Y respecto a la presión del Gobierno hacia la Audiencia Provincial en su decisión sobre un posible archivo de la causa, Oliva señala que "todo pronunciamiento público del Poder Ejecutivo sobre un proceso judicial es evidente que puede percibirse como una presión". No obstante, asegura que "los magistrados y magistradas que componen la sección de la Audiencia Provincial de Madrid que tiene que resolver el recurso son lo suficientemente experimentados como para sortear todo tipo de presión y dictar la resolución que proceda en derecho".
Por último, el portavoz de la asociación judicial considera que el CGPJ "debe salir en defensa de aquel juez que se vea atacado en su independencia judicial", pero matiza que para eso "es necesario que el juez afectado solicite el amparo y desconozco si el juez Peinado ha instado dicha solicitud".
Por su parte, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, hace una valoración "muy negativa" de las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez al magistrado que investiga a su esposa. "Causa mucho desasosiego -lamenta- ver cómo el Ejecutivo arremete contra un juez por hacer su trabajo, en lugar de transmitir sosiego al respecto". "Se echa de menos -añade- esa llamada a la tranquilidad". Además, pone de relieve que "al tratarse de la mujer del presidente del Gobierno, resulta muy poco estético", al dar la impresión de que el Ejecutivo "esté reaccionando porque se trata de la mujer del presidente".
"Es una argumento poco respetuoso con la separación de poderes" -denuncia el magistrado-, para quien de esta forma "se transmite a la ciudadanía una imagen de mal funcionamiento de la Administración de Justicia, que nunca beneficia a una sociedad democrática".
Las resoluciones judiciales, asegura Portillo, "están sujetas a crítica", pero en este caso "se ataca la figura del juez", al sostener con esas manifestaciones "que está prevaricando". Para el presidente de Foro Judicial Independiente, "no es solo una llamada de atención al juez, sino también un aviso a navegantes a la Audiencia Provincial" ante su inminente resolución de los recursos de la defensa de Begoña Gómez y de la Fiscalía pidiendo el archivo de la causa. No obstante, anticipa que si finalmente la Sala avala la instrucción de Peinado, esos ataques "son más difíciles de sostener pues ya serían cuatro magistrados los que están en contra" de dar carpetazo al procedimiento.