Con el pacto ERC-PSC, el debate sobre la reforma del sistema de financiación –caducado desde 2014– ha vuelto a marcar la agenda política, y en Galicia no ha sido la excepción. Mientras que los populares defienden la negociación multilateral y rechazan el cupo singular para Cataluña, los nacionalistas gallegos abogan por un sistema de concierto para la Comunidad «similar al vasco» o al que, en principio, va a tener la Generalitat. Una cuestión que en el Bloque consideran «de justicia» para Galicia como comunidad histórica, porque «sin autogobierno económico» no hay «autogobierno político». Una posición que contrasta con la del Foro Económico de Galicia, donde, tras analizar el impacto que podría tener la extensión de los sistemas de concierto de forma generalizada, han llegado a la conclusión de que lo que más le conviene a la Comunidad, en términos puramente económicos, es seguir en el régimen común. Desde el BNG defienden que el actual sistema de financiación es una «de las mayores injusticias» que padece la Comunidad desde hace décadas. Tal y como indicaron esta semana en la presentación de la campaña 'Galicia con la llave de su dinero', consideran que «mientras otros territorios como el País Vasco» tienen sistemas «más justos» y «adaptados a su realidad», Galicia continúa «perjudicada por un modelo de reparto centralista y desfasado» que no reconoce ni el «potencial» ni «la aportación económica» de la Comunidad. «Entendemos que el reconocimiento de nación histórica tiene que ir acorde a un reconocimiento de nuestro autogobierno», explica a ABC la diputada nacionalista Noa Presas, que señala: «Sin autogobierno económico, no podemos tener autogobierno político» Lo justifican con que, según los datos del ejercicio 2022, el Estado recaudó en la autonomía 15.385 millones de euros, mientras que solo aportó 10.041 a través del Sistema de Financiación Autonómica. «Se queda con 5.344 euros, dinero con el que Galicia podría reforzar los servicios públicos y potenciar el desarrollo industrial». Y continúan indicando que desde 2009 esa cifra aumentó hasta los 59.000 millones. Para el Bloque, significa que «hay capacidad fiscal» y que Galicia «no es un país subsidiado». «Defendemos que Galicia pueda tener la totalidad de la recaudación y, después, negociar con el Estado la parte que le tenemos que dar por los servicios que presta en Galicia, y no al revés», explica Presas. Una cruzada que no es nueva en el frente nacionalista, que lleva años denunciando la «limitadísima autonomía financiera» de la Comunidad y la necesidad de una nueva relación fiscal entre Galicia y el Estado. En cambio, el director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, asegura que «cualquier modelo en el que se reduzca la redistribución» económica no conviene a la Comunidad. Un sistema de concierto «te beneficia cuando tienes una capacidad fiscal por encima de la media y una necesidades por debajo»; en cambio, en Galicia ocurre lo contrario: la capacidad fiscal «está por debajo del 90% de la media» y los servicios cuestan más que la media, «en torno al 110%». «No hay ninguna estimación [...] en la que Galicia salga con una balanza fiscal negativa», aseguró el jueves en la presentación del informe 'Impacto Económico para Galicia de la extensión de los sistemas de concierto', en el que también participó el economista – y miembro de la ejecutiva del PSdeG– Xaquín Fernández Leiceaga. Datos que contrastan con los que defienden los nacionalistas, si bien, como indicaron, las discrepancias se pueden deber a cómo se calculan las balanzas fiscales. En todo caso, abogan porque cada uno se responsabilice de sus cálculos. En el documento, ambos economistas de la Universidade de Santiago de Compostela y miembros del Foro Económico de Galicia, analizan un escenario de «extremos» a partir de los informes de liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómicos de 2022, explorando cómo podría repercutir en la Comunidad que el acuerdo ERC-PSC orientase la reforma de la financiación autonómica. El primero de los supuestos presenta un contexto de conciertos generalizados a todas las comunidades, sin ningún elemento de solidaridad, que, dependiendo de si se calcula en función del PIB o de la población, en Galicia sería «malo» o «peor». En el primero de los casos, la Comunidad perdería con el nuevo sistema de conciertos 2.128 millones de euros, y la financiación relativa por habitante descendería 22 puntos porcentuales. De calcularse en base al número de habitantes, la pérdida sería aún mayor: 2.647 millones y 27 puntos porcentuales. Analizan, también, el impacto que tendría la aplicación del sistema de conciertos a Cataluña atendiendo a los posibles grados de solidaridad que pudiesen incluirse en el cómputo del potencial «cupo» que negociaría con el Gobierno central: un 0%, un 25%, un 50% o un 75% de lo que hoy en día aporta al modelo del régimen común. En todos estos supuestos, Galicia perdería capacidad económica. En el peor de los casos, dejaría de recibir en transferencias ordinarias 634 millones de euro s –con datos del 2022–, o, lo que es lo mismo, un 6,27% menos. Esta cifra es muy similar a la presentada la semana pasada por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que advirtió que la salida de Cataluña del régimen común costaría a Galicia unos 628 millones. Las pérdidas se reducen proporcionalmente a cuanto mayor es el grado de solidaridad, pero en ningún momento llegan a cero. Las pérdidas para Galicia si Cataluña aportase una cuarta parte de lo que aporta hoy en día serían de 475 millones; si aportase la mitad, de 317 millones; y si aportase un 75%, de 159 millones. Así lo señala el estudio que el director del Foro definió como «muy necesario», porque «no entra en la dimensión política, solo en los números» y analiza la situación desde una perspectiva puramente económica. Anticiparse a lo que va a pasar es imposible, pero tal y como indicó en la presentación Leiceaga, el régimen común «es una garantía para toda España, y en concreto para Galicia». «Tenemos un modelo común que no es perfecto, pero es muy solidario; y un modelo foral, de concierto, que es muy insolidario», recordó, abogando por alejarse de los modelos extremos y mejorar el régimen común, aumentando la autonomía tributaria de las comunidades o la equidad, por ejemplo. En definitiva, ambos economistas llegaron a la conclusión de que lo que «menos perjudica» a la Comunidad es que siga en el régimen de financiación autonómica común.
