La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un empresario del sector agrícola por explotar a extranjeros en situación irregular como mano de obra en el campo. Los trabajadores estaban en condiciones de semiesclavitud, y trabajaban, de lunes a domingo, diez horas diarias, estuviesen o no enfermos, bajo una falsa promesa de un contrato para regularizar su situación. Cobraban siete euros la hora pero les descontaba 200 euros por persona por alojamiento y 2,50 euros diarios de transporte . A raíz de informaciones recibidas y fruto de la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, se inició una investigación en la que se detectó a un empresario español, dedicado a la explotación de fincas agrícolas para terceros, proporcionando mano de obra para las labores agrarias. La Policía Nacional realizó diversas gestiones operativas de investigación que permitieron confirmar la existencia de, al menos, cuatro trabajadores, en situación de necesidad y vulnerabilidad que habrían sido explotados laboralmente por el empresario detenido. En este contexto, se realizó una actuación inspectora conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid y fueron localizados cinco trabajadores en fincas agrícolas del detenid o en situación administrativa irregular y bajo unas condiciones abusivas que rozan la semiesclavitud. El empresario obligaba a estas personas a jornadas de más de diez horas diarias de lunes a domingo, sin derecho a descansos ni días libres . Además, les obligaba a faenar aún encontrándose enfermos, ausencia de contrato laboral y alta en la Seguridad Social, por un salario de siete euros la hora. La investigación permitió comprobar que este empresario agrícola se nutría de trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular como mano de obra, a quienes engañaba con falsas promesas de un contrato de trabajo a largo plazo que les permitiera poder regularizar su situación en España y que nunca llega a formalizar, a pesar de que llevaban varios años prestando servicios para el detenido. Fuentes de la investigación indicaron, como recoge Ical, que los trabajadores explotados cuentan además con familiares a su cargo que dependen económicamente de ellos , por lo que se veían abocados a aceptar las condiciones laborales abusivas y desproporcionadas que les eran impuestas. El empresario detenido también les proporcionaba alojamiento y transporte al campo, por lo que debían entregar diferentes sumas de dinero como contraprestación. Así, de un salario de siete euros la hora, les descontaba 200 euros mensuales por persona por darles alojamiento en una infravivienda en ruinas, con humedades, insectos y careciendo de agua caliente y calefacción, llegando a pernoctar hasta 15 individuos en temporada alta . Además les descontaba 2,50 euros diarios por persona en concepto de transporte. A pesar de tratarse de un salario ínfimo, y de que al carecer de cotizaciones y tributaciones obligatorias, el empresario aumentaba exponencialmente su ganancia personal, no llegaba a abonar a los jornaleros lo adeudado, ya que llevaban varios meses sin cobrar en concepto de gastos por la gestión del presunto contrato laboral que el empresario les iba a facilitar para regularizar su situación en España. La operación policial denomina «OP. BACO», culmina con la detención del investigado.
