El nuevo director de Antifraude de PP y Vox y su "interés" por los informes sobre la corrupción de la era Rita Barberá

Una de las primeras decisiones que tomó y firmó el nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, fue la de destituir de la entidad al jefe de Investigación, Gustavo Segura, y a la directora adjunta y responsable jurídica, Teresa Clemente. Beut aludió en la resolución toda una serie de faltas y argumentos contra los despedidos que los mismos han recurrido y que revelan datos más que llamativos del aterrizaje del nuevo gestor. Así, según el recurso de reposición presentado por Segura ante la agencia al que ha tenido acceso elDiario.es, en su primera y única reunión con Beut que no duró más de una hora, el director “se interesó fundamentalmente, por la situación de los informes periciales que desde la DAI (departamento de investigación) se habían emitido, y expresamente preguntó sobre aquellos que podían tener una ”mayor repercusión“, (sic) y se interesó y preguntó por los informes emitidos en el caso Azud, solicitando el detalle de las Administraciones afectadas, el contenido del objeto del informe, las personas funcionarias de la DAI que habían elaborado dichos informes, así como el fiscal que llevaba el caso concreto”.  

El caso Azud investiga la corrupción del entorno de Rita Barberá e importantes empresas contratistas durante su etapa en el Ayuntamiento de València. La causa sigue investigándose en el juzgado y por la Fiscalía Anticorrupción, aunque las pesquisas realizadas ya apuntan a un escándalo mayúsculo de cobro de mordidas por el que fuera número dos de la exalcaldesa Alfonso Grau, y de familiares de la misma. La Agencia Valenciana Antifraude ha realizado hasta cuatro informes periciales solicitados por el juzgado y que podrían ayudar a apuntalar las acusaciones. Y es que la entidad realizó 35 informes para auxilio judicial cuando Joan Llinares era director y Segura jefe de Investigación, algunos de ellos claves en grandes casos de corrupción del PP, como el que elaboró sobre la trama Erial por el amaño del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. En ese sentido, fue el propio Gustavo Segura quien defendió el informe en el juicio del caso que juzgó el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.

El interés por los informes del caso Azud ha generado un importante revuelo en la Agencia y entre los abogados defensores de los acusados y se han convertido en un bien más que preciado. De momento, se desconoce el alcance de los mismos, aunque lo que está claro es que será difícil que Gustavo Segura los pueda defender en una vista oral. ¿Tienen interés las defensas en anular estos informes? ¿A quién más le puede interesar que los informes de la agencia se vacíen de contenido o acabaran retirados? ¿Por qué Beut preguntó expresamente por estos informes del caso Azud cuando hay hasta 26 encargos de auxilio judicial y un total de 35 trabajos?

En ese sentido, y siguiendo con la única conversación que mantuvieron Segura y Beut, el exjefe de Investigación relata que el nuevo director: “también preguntó por los fiscales anticorrupción con los que trabajamos habitualmente y la dinámica de trabajo en las colaboraciones con la UCO, UDEF, OLAF…”. “Facilité las explicaciones pertinentes y se le informó que existía un registro con todos los encargos de informes periciales recibidos, tanto por fiscalía como por órganos judiciales, y que le facilitaría copia con los 26 encargos recibidos y que habían implicado solicitar 35 informes (dado que en un mismo procedimiento se solicitaban distintos informes, como ejemplo en Azud hay 4 informes distintos de administraciones diferentes en el mismo procedimiento) y que ya se habían entregado en dicha fecha 30 informes, el día de mi cese, 2 de septiembre de 2024, se habían entregado 32 informes periciales de los 35 encargados”, añade.

Desde un primer momento, la intención de Beut ha sido la de poner en cuestión la colaboración entre la Agencia Valenciana Antifraude y los órganos judiciales. De hecho, es uno de los argumentos que esgrime para destituir a Segura. En el punto 8 de la carta de despido, Beut relata que Segura realizó “un desvío inusual de la carga de trabajo hacia la colaboración con los órganos judiciales (Fiscalía) mediante realización de un elevado número de peritaciones, todo ello en detrimento de las funciones de investigación propias de la DAI y la consiguiente acumulación de expedientes”. Toda una declaración de intenciones de las nuevas prioridades. El exjefe de Investigación de la Agencia le replica en su recurso al despido, que la entidad continuó cumpliendo con el trabajo. Mientras se atendían los auxilios judiciales, apunta, “se ha mejorado la gestión de los expedientes propios de investigación en un 100% del 2020 al 2023”.

Además, defiende Segura, la acción de la Agencia, y en concreto de la Dirección de Análisis e Investigación, ha posibilitado recuperar recursos económicos a las administraciones o entidades públicas afectadas, en cuantía superior a 34 millones de euros, “lo que supondría, teniendo en cuenta el coste de la Agencia durante este período, una ratio de retorno 201,12 %, sin perjuicio de los intangibles que supone contar en nuestro territorio con un órgano de control externo de estas características lo que sin duda es un factor o ha sido hasta el momento muy relevante para intentar combatir la corrupción en nuestra Comunidad”. 

El exdirector de Investigación considera que “todos y cada uno de los motivos de cese invocados son inciertos, por no decir radicalmente falsos”. “Lo que sí es cierto es que el nuevo Director confunde la idoneidad o capacidad profesional (o su pérdida) con la confianza política (o su pérdida). Lo que puede explicarse dada su trayectoria previa, pero no es esto lo que dice la jurisprudencia al respecto. Estamos hablando además de una entidad que lucha contra el fraude y la corrupción y de sistemas de provisión de funcionarios públicos, donde no se puede nombrar y cesar a la gente o a los 'afines' con independencia de los principios de mérito y capacidad, y conforme a la idoneidad profesional real”, denuncia. Y remata su recurso con un aviso a navegantes: “Pero quizás lo peor es ser plenamente consciente de que con este cese y otros, así como con otras decisiones adoptadas por el nuevo Director de la AVAF, sencillamente lo que se pretende es privarla por motivos puramente de designación política de la capacidad que había desarrollado -no sin trabajo y sin coste- de su capacidad de luchar contra el fraude y la corrupción”.

La Agencia Valenciana Antifraude, que ha sido premiada por la Comisión Europea y ha ayudado a consolidar otras entidades similares, está ahora en entredicho.