Al término de un verano que ha sido de récord en lo que a llegada de turistas se refiere -según datos del INE publicados el pasado miércoles, hasta agosto nuestro país ha recibido 64,3 millones de visitantes , un 11,2% más que durante el mismo período de 2023-, hoy el Partido Popular ha reunido en el Congreso de los Diputados a las principales patronales del sector para poner en común las problemáticas que las aquejan; dos han destacado por encima de todas las demás, el exceso de normativas y la falta de mano de obra. El ambiente venía caldeado por el ya célebre Decreto de registro de viajeros, norma a través de la cual el Ministerio del Interior pretende exigir a todos los intermediarios que intervienen en la contratación de servicios (desde agencias de viajes hasta hoteles) que compartan con la policía datos personales de sus clientes , entre ellos tarjetas de crédito, domicilios y nombres de los acompañantes. El viernes de la semana pasada el Ministerio se echaba atrás al dejar sin efecto la norma -que entrará en vigor el dos de diciembre- hasta el desarrollo de una futura orden ministerial, pero esto no lo ha salvado de las críticas hoy. El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, ha considerado que el Real Decreto 933/2021 es « un auténtico despropósito« que pone a las agencias y al sector turístico en «una situación muy comprometida». El Ministerio «tiene sus razones, pero dentro de sus razones lo que tiene es un gran desconocimiento de cómo funciona el sector», ha añadido, además de decir -otra vez- que la medida es ilegal y supone una «desventaja competitiva» para España. Por parte de Santiago Vallejo, vicepresidente de la Mesa del Turismo, se ha escuchado más de lo mismo, criticando lo que ha llamado «una legislación absurda, hecha por gente que no entiende a qué nos dedicamos». Vallejo no se ha quedado ahí, lamentando también el exceso de legislación en el sector hotelero. «Nos dicen hasta cuántos metros cuadrados tienen que tener nuestras habitaciones», ha dicho, y «ahora quieren que hagamos inspecciones cada tres meses para la legionela cuando no ha habido ningún foco en años». A partir de ahí ha seguido con otros deberes, como la desestacionalización, pues en algunas regiones el turismo se concentra en verano pero en invierno es insuficiente para cubrir gastos, o la deslocalización, pues los destinos de sol y playa aglutinan el 80-85% de las llegadas de extranjeros, por lo que «queda pendiente desarrollar el turismo de interior», ha zanjado. Vallejo ha incidido también en la falta de mano de obra en el sector, que, como ya se ha dicho, es un problema compartido por la mayoría de patronales. Muchos de los ponentes han coincidido en que este problema empieza por la formación. Según ha recordado el vicepresidente de la Mesa del Turismo, las matriculaciones en algunas facultades se han desplomado, «hay clases con cuatro o cinco alumnos», ha zanjado. En la misma línea ha ido la directora de Turismo de la CEOE, Inmaculada Benito, que sitúa el problema de acceso a la vivienda como uno de los escollos que evitan la ocupación de algunos puestos, sobretodo en zonas donde el sector está muy estacionalizado. Sobre la falta de mano de obra, Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), ha afirmado que hay destinos que no han podido operar al 100% debido a la dificultad para encontrar trabajadores . En el sector de los balnearios, por ejemplo, un escollo mayor sería la localización, que hace que se experimenten problemas incluso para contratar a personas que quieran ocupar puestos directivos, ha explicado Mirones. Para solucionarlo, desde el ICTE apuestan por declarar el sector como área de difícil cobertura, una calificación que está regulada por ley y que ayudaría a cubrir plazas, ha asegurado Mirones. Otro de los grandes temas ha sido la turismofobia, asunto que este verano ha tensionado algunas zonas -en julio los ataques a extranjeros en Barcelona llegaron a las cabeceras internacionales. En este contexto, el exceso de pisos turísticos ha sido motivo de mucho debate político en los últimos meses; en Barcelona, el Ayuntamiento tiene previsto acabar con todos ellos antes de 2024. En su turno de palabra, una portavoz del portal booking.com ha criticado la medida por la falta de coordinación, arguyendo que de nada sirve que Barcelona elimine al sector por entero cuando al mismo tiempo «la Generalitat se plantea ampliar el Aeropuerto del Prat». Desde booking.com no se manifiestan en contra de las medidas regulatorias, pero reivindican que sean «positivas, proporcionales y justas». Además, han recordado, las viviendas turísticas apenas representan un 1,63% del parque inmobiliario en España, por lo que «difícilmente» el problema de la vivienda es achacable solo a estas, ha zanjado. Más duro ha sido Asier Pereda, de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), que ha empezado bromeando en tono irónico sobre cómo las administraciones han gestionado este verano la tensión con el sector que él representa : «vaya verano y vaya gobernanza» , ha dicho, antes de añadir que algunos ministerios se han referido tanto a esta problemática porque no tenían temas «con los que llenar su agenda». Pereda ha recordado que España es líder en materia regulatoria en este campo, aunque ha asegurado que se podría hacer mejor, poniendo como ejemplo países de nuestro entorno en los que «existen modelos de convivencia ejemplar y se ha conseguido caracterizar al alojamiento turístico en términos equiparables a la hotelería». Luego se ha referido a la reciente entrada en vigor del Real Decreto 117/2024, que obligará a aplicaciones como Wallapop a enviar al Fisco los datos de los usuarios que vendan más de ciertas cantidades, afirmando que se podría aplicar un modelo similar para los propietarios de pisos turísticos.
